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México invisibilizó más de 9,000 contagios de coronavirus de personas indígenas

“El racismo no es sólo un acto de discriminación individual. Existe un racismo terrible en el sistema de salud, educativo y de justicia", explica una experta. Así afectó de forma mortal a esta comunidad.
Un enfermero atiende a una mujer indígena en Oxkutzcab, Yucatán.
Un enfermero atiende a una mujer indígena en Oxkutzcab, Yucatán.Megamedia

Por Gibrán Mena Aguilar - Data crítica para Quinto Elemento Lab

En una mañana de abril, el enfermero maya Luis Cauich recibió la llamada de una amiga pidiéndole que recibiera a su hija en el Hospital Integral de José María Morelos, en el estado mexicano de Quintana Roo.

En ese momento, el mundo aún sabía poco del virus SarsCov2 que se propagaba por todo el planeta. Pero Cauich ya sabía esto: si la joven de 23 años estaba contagiada de COVID-19, no había esperanza.

Lleno de angustia, Cauich le tomó signos vitales y datos de registro para su expediente: tenía diabetes, inmunosupresión, enfermedad renal, neumonía, EPOC y una discapacidad. Además, era indígena, información que dejó registrada en el expediente junto con el resto de información sobre su caso.

“Era maya, toda su familia es maya”, narra el enfermero.

Debido a su estado de salud no había mucho qué hacer. Al otro día, sus pulmones colapsaron por el virus que finalmente le quitó la vida, y su deceso en un hospital se añadió a la base de datos oficial de la Secretaría de Salud federal (SSA), pero con un faltante: no se informó que la joven era indígena.

La columna que indica que ella se reconocía como mujer indígena fue añadida por la Secretaría de Salud a la base seis meses después de su muerte, hasta el 7 de octubre.

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El caso de esta joven no es el único. Según revela el seguimiento continuo y análisis de los datos que hoy suman casi 4.3 millones de registros de pacientes en centros hospitalarios de todo el país, la dependencia invisibilizó más de 9,000 casos sospechosos de COVID-19 entre personas pertenecientes a pueblos indígenas (sumando a quienes así se identificaron y a quienes hablan alguna lengua), con fechas de ingreso a hospitales entre enero y octubre de 2020, a pesar de haber contado con este dato desde el inicio de la publicación de la base.

“Ahora resulta que una institución nos va a decir si somos indígenas. Si con el apellido basta”, dijo Cauich, con rabia, al saber que en los datos oficiales no había registro de la etnicidad de su amiga en junio, a dos meses de su muerte.

La variable omitida hasta octubre, bajo el nombre “INDIGENA” (sic), permite contrastar el número oficial de pacientes indígenas fallecidos por COVID-19 respecto al total de personas indígenas enfermas, una proporción conocida como letalidad y compararla con la letalidad entre las personas no indígenas.

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De los casos de pacientes contagiados que estaban registrados como indígenas o hablantes de lenguas indígenas, el 14% murió desde comienzos de la pandemia, frente al 9% de los no indígenas, de acuerdo con un análisis de los datos abiertos de la Secretaría de Salud Federal (SSA) realizado para esta investigación, al 22 de enero.

Es decir, la letalidad del COVID-19 para los indígenas es 50% mayor que para el resto de la población, tomando en cuenta el promedio nacional.

El hecho de que los indígenas tienen una letalidad mayor, según los datos oficiales, no fue mencionado en ninguna de las conferencias diarias sobre coronavirus, según su registro estenográfico.

La disparidad en letalidad a escala municipal se dispara aún más. Hasta 6 de cada 10 indígenas contagiados murieron en Motul —una comunidad citricultora, ganadera y turística 73% indígena, ubicada a 25 millas de la capital de Yucatán— frente a 2 de cada 10 no indígenas.

Motul es apenas uno de los más de 195 municipios en el país que han registrado decesos de personas de las comunidades indígenas y donde fallecieron la mitad, o un porcentaje mayor, de personas indígenas contagiadas de COVID-19.

Según cálculos estadísticos, las muertes indígenas en México están subestimadas en más de 20,000.  Megamedia

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Una omisión de siete meses

El seguimiento a la base de datos, sus registros y variables, detectó que el 7 de octubre se añadió la columna “INDIGENA” (sic) con una discreta nota en la que se lee: “Se incluye la variable ‘INDIGENA’, la descripción y su respectivo catálogo”, sin mayor explicación.

En entrevista, la Secretaría de Salud argumenta que excluyó esta información durante meses para proteger la privacidad de los pacientes.

“Esa variable se encuentra en todos los estudios epidemiológicos. Lo que nosotros debemos hacer siempre es la protección del dato, para que no puedan ser identificables las personas, porque los datos hablan de una condición de salud. Entonces hacemos la consulta de qué variables sí, y de qué variables no se publican”, respondió Christian Zaragoza, director de información epidemiológica de la Secretaría de Salud.

Sin embargo, esta justificación es inconsistente con la práctica de la Secretaría de Salud hasta ese entonces. Desde abril, el organismo publicó diversos datos de cada paciente como si habla alguna lengua indígena, su edad, sexo, entidad de nacimiento, entidad y municipio de residencia, si padece diabetes, EPOC, inmunosupresión, asma o si tiene hábito de tabaquismo, entre otros.

Es decir, no aplicó el mismo criterio de “proteger el dato” sobre ninguna de estas variables.

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Antes la Secretaría de Salud publicaba exclusivamente una columna que especificaba si el paciente ingresado al sistema hospitalario “habla una lengua indígena”.

El universo de hablantes de lenguas indígenas es sustancialmente menor que el de personas que se reconocen como indígenas. De los alrededor de 21,5 millones de personas indígenas en México sólo cerca de 6.5 millones son hablantes de alguna lengua.

Antes del cambio en la base de datos sólo habían sido reconocidos 18,262 hablantes de lengua indígenas en datos COVID-19. A partir del ajuste el número subió a 27,611 indígenas —sumando hablantes y personas que se identifican como indígenas— sin que sea requisito que hablen alguna lengua. Entre marzo y septiembre fueron subregistrados 9,349 casos de indígenas con sospecha de haber contraído COVID-19.

El funcionario de la Secretaría de Salud, además, reconoció que los datos sobre indígenas que se integran a la base son deficientes. Hasta fines de enero existían 5,307 casos de personas registradas como hablantes de alguna lengua indígena que, simultáneamente, están registradas en la categoría no indígena.

Esta combinación de persona que habla lengua indígena pero no es indígena es inusual en México, donde la población no suele aprender las lenguas originarias a menos que se hablen en casa. Además, al 22 de enero había 194,205 casos en los que se llenó la columna sobre identidad indígena con “no especificado”.

Entre marzo y septiembre fueron subregistrados 9,349 casos de indígenas con sospecha de haber contraído COVID-19.Megamedia

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“Existe un tema que se llama calidad del dato. Esto significa que el dato está mal llenado. Por eso insistimos siempre a las entidades federativas que hagan una revisión correcta de sus bases de datos y soliciten el apoyo para hacer una corrección”, apuntó Zaragoza en octubre.

Durante los meses que omitió esta columna de la base pública, la propia Secretaria de Salud elaboró cuatro reportes fechados entre julio y octubre donde admite la mayor letalidad entre esa población, pero comenzó a hacer públicos estos reportes sólo hasta el 16 de octubre.

Se observa una mayor letalidad comparada con la población en general. La distribución de la letalidad corresponde con las mesorregiones en donde se describe un mayor número de población indígena, tales como la región sureste, centro y noreste, por lo cual, es importante poner mayor atención en estos grupos”, describe el primero de estos reportes, fechado el 22 de julio.

Y la tendencia no ha cambiado. Con los datos oficiales incluidos apenas en octubre es posible dibujar un mapa de cómo el virus ha diezmado a la población originaria: hasta el 22 de enero hay registro de casi 2,424 personas que se reconocen indígenas o hablan una lengua indígena y murieron por COVID-19.

Para encontrar los municipios más letales, en esta investigación se tomaron en cuenta aquellos donde han fallecido 10 o más personas indígenas en datos oficiales.

Estos son: Motul, Yucatán, donde 59% (19 pacientes) de los 32 indígenas enfermos registrados murieron; Puente de Ixtla, Morelos (la mitad de los 25 indígenas contagiados fallecieron); Cozumel, Quintana Roo (47% con 14 muertes); Tecoh, Yucatán (44% con 10 muertes); Etchojoa, Sonora (42% con 11 muertes); Acanceh, Yucatán (un 42% de defunciones, equivalentes a 10 muertes)  Ocosingo, Chiapas (40% con 10 fallecimientos) y San Felipe Orizatlán, Hidalgo (39%, lo que equivale a 10 muertes de los 26 registros de enfermedad).

En cifras absolutas, el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, se ha mantenido como el lugar número 1 en registro de muertes indígenas (61 al 22 de enero).

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Al 22 de enero de 2021, a nivel de las entidades y ajustando por población, las mayores tasas de registros oficiales de muerte indígena están en Oaxaca (270 muertes totales, 1.7/millón hab.); Tlaxcala (17 muertes y 1.6/millón hab.); Veracruz (104 muertes, 1.1/millón hab.);  Hidalgo (190 muertes y 1.1/ millón hab.); Campeche (55 muertes, 1/millón hab.); Yucatán (378 muertes, .6/millón hab.); Guerrero (87 muertes, 0.5/millón hab.);  Morelos (26 muertes, 0.5 muertes/millón hab.); Quintana Roo (145 muertes, 0.5/millón hab.); Michoacán (100 muertes, 0.4/ millón hab), y Nayarit (20 muertes, 0.4 / millón hab) .

Entre estas entidades, los municipios con más fallecimientos son Benito Juárez, Quintana Roo (61 muertes en la zona, mejor conocida como Cancún); Mérida, Yucatán (42), Valladolid, Yucatán (también 42) e Ixmiquilpan, Hidalgo, (41).

La SSA no hace pública la información sobre los pueblos indígenas a los que pertenecen los fallecidos, pero en el municipio de Benito Juárez —donde está Cancún y donde el COVID-19 ha sido más letal para la población indígena— habitan integrantes de los pueblos maya, tseltal, tsotsil, chol y tojolabal.

Las muertes, tasas y el porcentaje de letalidad para cada municipio, tanto indígena como no indígena, pueden consultarse en este mapa hecho con los datos de la Secretaría de Salud.

El mercado de Coyomeapan, una comunidad en la Sierra Negra del estado de Puebla, donde habitan personas indígenas de la etnia náhuatl.Marlén Martínez / LADO B

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Cifras que no convencen

En conferencia de prensa por la ceremonia de Día de Muertos en Palacio Nacional, el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, reconoció la muerte de 1,494 personas, pues excluyó a las personas hablantes de lenguas indígenas mal registrados como no indígenas.

Una diferencia de 300 muertes si se contabiliza a hablantes de lenguas originarias que aunque fueron mal registrados de acuerdo con autoridades, sí hablan lenguas indígenas, y para esa fecha habían sido confirmados como fallecidos por COVID-19.

Sin embargo, ambas cifras generan escepticismo entre los expertos.

“Es muy poco, y ojalá que así lo fuera”, apuntó Arturo Erdely, doctor en matemáticas y especialista en estadística de la Universidad Nacional Autónoma de México en referencia a la proporción de indígenas contabilizados respecto del total de muertes en la base de datos.

Ese número de muertes no tiene sentido en México, donde la población indígena es tan alta [21.5%]”. Si uno de cada cinco habitantes del país son indígenas y sólo hay registro de 2,000 muertes, no lecuadra la subrepresentación, añadió.

De las 146,174 muertes registradas en total hasta el 22 de enero un 21.5% corresponderían a alrededor de 30,000 decesos indígenas.

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“No estoy diciendo que necesariamente deba encontrarse esa cantidad”, explica el matemático, “porque la base de datos gubernamental no es representativa, no es una muestra aleatoria. Pero aún así, lo más lógico es que la gente más pobre estuviera más representada en la estadística de muertes”.

El profesor Erdely propone un ejercicio para estimar una cifra que pueda acercarse más a la realidad, y que se esquematiza así: hay municipios en los que la población indígena es muy alta y hay decenas de muertes por COVID-19.

Sin embargo, muy pocas de esas muertes están registradas como indígenas. En esos municipios, una cifra más “real” debería aproximarse al porcentaje de población indígena para ese tipo de municipios.

Por ejemplo, un municipio clasificado “indígena” como Halachó, Yucatán, es 99.8% indígena. Pero en los datos de COVID-19 menos de la mitad de las 21 muertes en Halachó están registradas como indígenas.

En ese caso el registro de fallecimientos indígenas debería estar mucho más cerca del total de las muertes (20 o 21 muertes indígenas en un municipio casi 100% indígena sería mucho más creíble).

“Es mejor ver el municipio de residencia y se clasifican si es municipio indígena o no indígena y hay que hacer un cálculo, contrastar [contra datos oficiales] de esta manera. Si discrepan mucho estos cálculos yo le creería más al tema de municipio de residencia indígena”, explicó el matemático.

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Cada municipio tiene cierto porcentaje de población indígena de acuerdo con la información censal. Si tiene más de 40% de población indígena se califica como indígena y si tiene menos de ese porcentaje pero más de 5,000 habitantes indígenas se cataloga como “municipio con presencia indígena”.

Al replicar el ejercicio de Halachó para todos los municipios clasificados como indígenas y con presencia indígena se obtiene un estimado de 23,520 defunciones indígenas usando el método propuesto por el estadístico, una diferencia de 21,096 con los registros oficiales.

El subregistro de casos totales ha sido la norma en México y, en distintos grados, en todo el mundo. En México la autoridad sanitaria ha dicho que deliberadamente se clasificó a enfermos como positivos a COVID-19 usando exclusivamente resultados de pruebas de laboratorio, que de por sí muestran altos índices de positividad, es decir que son muy escasas.

Además, hasta agosto la estrategia federal consideraba muy pocos síntomas como característicos de coronavirus, como reconoció el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López Gatell.

Hasta el 7 de octubre se comenzaron a incorporar en la base de datos algunos de los positivos hallados por métodos distintos a la prueba. Todos estos datos dependen, también, de quienes puedan llegar a un hospital COVID-19.

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Otros datos

Mientras el Gobierno omitía la alta letalidad para indígenas de los datos públicos también la omitió en las conferencias vespertinas, el principal órgano de comunicación de gestión de la pandemia del gobierno federal.

En una de las conferencias más recientes dedicadas al tema indígena, el 12 de septiembre, Jose Luis Alomía, director general de epidemiología de la Secretaría de Salud, omitió informar sobre la mayor letalidad, a pesar de que consta en los reportes oficiales.

“Finalmente, como un tercer componente informativo, vamos a revisar la estadística de la afectación que en su momento se ha dado a la población indígena. Nos lo habían solicitado en algunas de estas conferencias”, dijo Alomía.

Pero en su revisión del tema solamente mencionó el número total de muertes y presentó estadística de enfermedades concurrentes de las muertes. No comparó la letalidad indígena contra la letalidad no indígena.

En otra exposición, López Gatell usó el estadístico de incidencia (cuántos enferman) y no la letalidad (cuántos mueren de entre quienes enferman) para hablar de población indígena.

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“Afortunadamente hasta el momento, la proporción de enfermedad, digamos, la incidencia en poblaciones indígenas es sustancialmente menor que en poblaciones no indígenas”, dijo el funcionario en conferencia de prensa del 20 de julio, dos días antes de la fecha del primer reporte de letalidad que aunque confirma esa afirmación, también indica que a pesar de ser “pocos” los registros de indígenas fallecidos por COVID-19, en comparación a los de las personas no indígenas, es 50% más probable que los indígenas fallezcan respecto al resto de la población.

Y aunque el número de casos totales de indígenas fallecidos (incidencia) sí era y sigue siendo menor que el de no indígenas, los funcionarios omitieron que la probabilidad de morir para un indígena contagiado era ya alrededor de 40% mayor que la de una persona no indígena para septiembre, probabilidad que ahora es 50% a nivel nacional, como se ha explicado antes.

Consistentemente, en otras conferencias donde periodistas preguntaron sobre el tema, la secretaría lo evadió ofreciendo cifras convenientes. En la conferencia del 24 de junio, la titular del programa público IMSS-Bienestar, Gisela Lara respondió a dudas usando exclusivamente datos de su programa que atiende a muy pocas personas indígenas respecto del total nacional.

“Si ustedes se fijan, la incidencia por cada 100,000 personas tampoco es cierto de que a los indígenas les va peor, déjenme decirles que no [...] Entonces, no es cierto que están mal atendidos; al contrario, creo que les está yendo mejor, son más cuidados los indígenas, los que se dicen indígenas”, manifestó Lara en la conferencia del 24 de junio.

Aunque no hay ninguna evidencia de que los cuerpos indígenas sean menos resistentes a la enfermedad, la continua lucha para acceder a las condiciones de una vida digna y plena van desgastando el organismo y contribuyendo a producir las condiciones que son factores de riesgo en muchas enfermedades, según explica la doctora Leslie Korn, experta en Medicina del Comportamiento y exinvestigadora Fulbright en México.

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El COVID-19, según la especialista, opera a través de un conjunto de procesos inflamatorios de diversos órganos, contra los que finalmente el cuerpo puede perder la batalla. Diabetes, cáncer, enfermedad del corazón, incluso la depresión inicia con estrés e inflamación crónicos.

No olvidemos el efecto de la pobreza y el estrés de la pobreza por no poder llevar alimentos o por no poder pagar tus gastos. También crearán un proceso inflamatorio en el cuerpo”, explicó Korn.

Aquella joven maya que el enfermero Luis Cauich vio morir en un hospital de José María Morelos, en abril pasado, padecía diabetes, inmunosupresión y enfermedad renal. Eran las enfermedades que llevaba a rastras lo que la habían llevado en primer lugar a un chequeo médico, y no el COVID-19.

Estaba tan enferma que ni siquiera tuvo oportunidad de saber que fue el virus Sars-Cov2 el que finalmente empeoró su salud. Lo supieron los médicos dos semanas después de confirmarse la prueba que le hicieron aún en vida, con lo que apenas se logró sumarla a un incompleto registro estadístico.

Para ella, nunca hubo mucha alternativa a la muerte. La diabetes, que en los años 1930 era una “enfermedad de ricos”, hoy aqueja a quienes son obligados a optar por la alimentación disponible que es barata, pero rica en azúcares y harinas procesadas. Quienes viven con una constante tensión por la discriminación y el racismo terminan padeciendo hipertensión, la mayor comorbilidad entre indígenas según los datos de la Secretaría de Salud.

“No hay manera de que no esté implicado el racismo”, explica Yásnaya Aguilar, lingüista, escritora ayuujk y activista por los derechos de su pueblo. “El racismo no es sólo un acto de discriminación individual. Existe un racismo terrible en el sistema de salud, educativo y de justicia", añadió.

De acuerdo con los datos más recientes, el 72% de la población originaria está debajo de la línea de pobreza en México. Su mala salud es resultado de condiciones estructurales que el coronavirus volvió literalmente letales, pero que incluso a los sobrevivientes impacta económicamente. Es un círculo vicioso.

Este reportaje forma parte de la serie COVID-19 en México, producida por Quinto Elemento Lab.