A días de que entrara en vigor una ley en Texas que prohibe casi totalmente el aborto, el Departamento de Justicia ha comunicado que protegerá los derechos de las personas que quieran someterse al procedimiento, ofreciendo la ayuda de las fuerzas de seguridad federales a las clínicas que estén “bajo ataque”.
"No toleraremos la violencia contra quienes buscan obtener o prestar servicios de salud reproductiva", declaró este lunes el fiscal general, Merrick B. Garland, en un comunicado.
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Garland se refirió a proteger a estos centros de salud en virtud de una ley federal de 1994, denominada FACE por sus siglas en inglés, que garantiza el acceso de las personas a los espacios que ofrecen servicios de salud reproductiva, incluyendo las que ofrecen abortos.
La ley FACE establece que es ilegal amenazar, obstruir o perjudicar a una persona que pretenda ingresar a estas clínicas como así también dañar la propiedad. La penalidad por infringir va desde una multa a prisión.
"El departamento proporcionará apoyo de las fuerzas de seguridad federales cuando una clínica de abortos o un centro de salud reproductiva esté bajo ataque", aseguró Garland.
En su declaración, el funcionario añadió que el Departamento de Justicia seguía explorando "urgentemente" todas las opciones para impugnar la ley sancionada en Texas contra el aborto.
La legislación es la más restrictiva del país ya que prohíbe el aborto cuando se puede detectar actividad cardíaca, lo que suele ocurrir a las seis semanas de embarazo y antes de que las personas sepan que están embarazadas. No incluye, además, excepciones para quienes han sufrido una violación o incesto.
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La declaración del fiscal general llega luego de que el presidente, Joe Biden, dijera que habría protección de los derechos reproductivos, en medio de la polémica generada por la ley estatal. "Completos extraños tendrán ahora el poder de entrometerse en las decisiones de salud más privadas y personales a las que se enfrentan las mujeres”, dijo el presidente al cuestionar la ley.
La nueva norma de Texas, que entró en vigor la semana pasada, permite que cualquier persona pueda denunciar a quien realice un aborto o a quien ayude a llevarlo a cabo, y recibir 10,000 dólares a cambio si tienen éxito.
El fiscal general no dio detalles sobre cómo sería el apoyo de las fuerzas de seguridad federales, aunque indicó que el Departamento de Justicia se había puesto en contacto con el FBI y fiscalías de Texas y todo el país para discutir cómo se controla y aplica la legislación vigente.
“Intenta dar una señal a quienes están sobre terreno de que deben dejar a las clínicas tranquilas”, consideró Howard M. Wasserman, profesor de derecho de la Universidad Internacional de Florida en Miami, en una entrevista con The New York Times. Mencionó al respecto reportes de activistas alrededor de los centros de salud controlando quién entra y sale. "Es posible que haya algo de intimidación", señaló.
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La ley de Texas contra el aborto no permite que funcionarios estatales apliquen la prohibición del aborto, una característica que puede dificultar que la ley sea impugnada en tribunales.
En el caso de Roe contra Wade, de 1973, la Corte Suprema estableció el derecho constitucional al aborto en Estados Unidos. Sin embargo, el tribunal, de mayoría conservadora, decidió la semana pasada no bloquear la entrada en vigor de la ley de Texas.
Wasserman indicó que si bien la aplicación de la Ley FACE puede "mejorar la situación sobre el terreno", aún no abarca la principal arma de la ley: que cualquiera puede denunciar a quien practica un aborto.
Con información de The New York Times y The Washington Post.