Por Julianne McShane - NBC News
Las prohibiciones estatales del aborto aprobadas a raíz de la decisión de la Corte Suprema de anular el caso Roe v. Wade podrían afectar a más de la mitad de las mujeres veteranas y discapacitadas de Estados Unidos, según un análisis de la National Partnership for Women and Families.
El estudio publicado el viernes por este grupo de activistas sin ánimo de lucro y no partidista, concluye que la prohibición del aborto en los 26 estados que tienen la certeza o la probabilidad de prohibirlo podría afectar hasta a 2.8 millones de mujeres con discapacidades (el 53% de todas las mujeres de este tipo en Estados Unidos) y a 389,600 veteranas en edad reproductiva (también el 53% del total de Estados Unidos).
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Los resultados arrojan luz sobre los subgrupos de mujeres estadounidenses que se enfrentaban a barreras de acceso al aborto antes de la decisión del tribunal sobre el caso Roe v. Wade del 24 de junio, llamada Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, según la coautora Shaina Goodman, directora de salud y derechos reproductivos de la National Partnership for Women and Families.
“Cuando pensamos en quiénes son los que tienen menos probabilidades de acceder a un apoyo social más amplio -cosas como el acceso a una atención sanitaria de alta calidad o al transporte, o algunos de los otros servicios que no sólo son necesarios para acceder a la atención del aborto, sino que son necesarios para mitigar los daños que causa la falta de acceso a la atención del aborto-, también son las mujeres con discapacidades y las mujeres veteranas las que se ven afectadas”, recordó Goodman.
Goodman y la coautora Katherine Gallagher Robbins, miembro senior de la organización, analizaron cinco años de datos, de 2016 a 2020, de la Encuesta de la Comunidad Americana de la Oficina del Censo de Estados Unidos.
Los hallazgos se basan en datos de mujeres de entre 15 y 49 años en los 26 estados, señalando que no todas las mujeres en edad reproductiva pueden quedar embarazadas.
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Los resultados no incluyen a los hombres transgénero ni a las personas no binarias de esos estados que podrían quedarse embarazadas, ya que la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense no recoge datos sobre la identidad de género, según el análisis. La investigación sugiere que en EE.UU. viven alrededor de 1.3 millones de personas transgénero y 1.2 millones de personas no binarias.
El análisis tampoco examinó las intersecciones entre las mujeres veteranas y las mujeres con discapacidades, o esas categorías y las mujeres de color y las mujeres de bajos ingresos que también se verán desproporcionadamente afectadas por las prohibiciones estatales del aborto, dijo el estudio.
Alrededor del 58% de las mujeres nativas americanas, el 57% de las mujeres negras y el 53% de las mujeres de bajos ingresos viven en estados que han prohibido o pueden prohibir el aborto, según el análisis.
Larkin Taylor-Parker, director legal de la Red de Autodefensa Autista, una organización sin ánimo de lucro de derechos de los discapacitados centrada en la comunidad autista, indicó que el informe subraya las luchas que las personas con discapacidad enfrentan en el acceso a la atención de salud reproductiva.
Taylor-Parker señaló que la investigación ha demostrado que las personas transgénero y no binarias tienen mayores tasas de autismo que las personas cisgénero, lo que significa que la decisión de Dobbs podría afectar a un número significativo de personas con discapacidad que no se identifican como mujeres.
Taylor-Parker señaló el papel que la institucionalización y la eugenesia han desempeñado históricamente en la negación de la autonomía corporal de los estadounidenses con discapacidad, y caracterizó a Dobbs como la última barrera.
“Nuestra comunidad ha luchado durante generaciones por la autonomía corporal. Es algo que a las personas marginadas en general, y a la comunidad de discapacitados en particular, les ha costado mucho conseguir en Estados Unidos”, afirmó Taylor-Parker.
“Las personas con discapacidad siguen luchando por el control de cosas como las opciones sexuales y reproductivas, y esto es un evidente paso atrás en términos de control sobre nuestros propios cuerpos para un porcentaje significativo de nuestra población", añadió.
Los adultos con discapacidades tienen casi el doble de probabilidades que las personas sin discapacidades de reportar necesidades de salud insatisfechas debido a las barreras a la atención y tienen el doble de probabilidades de vivir en la pobreza, lo que podría hacer que viajar a otros estados para los abortos sea difícil o imposible, señaló Taylor-Parker, citando un informe elaborado el pasado otoño por la Asociación Nacional para las Mujeres y las Familias y la Red de Autodefensa Autista.
Texas, que prohíbe el aborto, tiene el mayor número de mujeres con discapacidad en edad reproductiva de todos los estados, con 448,400, seguido de Florida, que prohíbe el aborto a las 15 semanas y tiene 301,500 mujeres con discapacidad en edad reproductiva, según la National Partnership for Women and Families.
Otras barreras logísticas pueden suponer un reto para el acceso al aborto de las personas con discapacidad.
“Si el edificio y el equipo médico no son accesibles, eso va a suponer un obstáculo importante” para las personas con discapacidad, apuntó Taylor-Parker.
Una educación sexual deficiente o inaccesible para las personas con discapacidades “puede significar que la gente no conozca sus opciones y no se le enseñen sus derechos, lo que puede llevar a situaciones en las que la gente se encuentre embarazada y no sepa qué puede hacer”, recordó Taylor-Parker.
El análisis de la National Partnership for Women and Families concluyó que las prohibiciones estatales del aborto supondrán un obstáculo especial para las mujeres veteranas, sobre todo para la mayoría de las que acceden a la atención sanitaria a través del Departamento de Asuntos de los Veteranos, que no ofrece servicios de aborto ni de asesoramiento sobre el mismo.
Los miembros del servicio activo, los cónyuges y las personas a su cargo pueden seguir abortando en los centros de tratamiento militares en casos de violación, incesto o cuando la vida de la madre está en peligro.
“¿Dónde se supone que pueden acudir?”, se preguntó Allison Jaslow, veterana de la guerra de Irak y cofundadora de Operation Liberty, una iniciativa creada tras la decisión de Dobbs para presionar al Departamento de Asuntos de los Veteranos para que levante su prohibición del aborto.
“Incluso para las mujeres que actualmente no reciben atención médica del Departamento de Asuntos de los Veteranos, nos gustaría pensar que en un país que dice que apoya a nuestros veteranos y a nuestras tropas, [el Departamento de Asuntos de los Veteranos] podría ser un recurso adicional al que recurrir, también, en un momento como éste”, dijo.
El secretario de Asuntos de los Veteranos, Denis McDonough, ha dicho que el departamento podría ofrecer servicios de aborto si se modifican las normas, lo que incluiría un periodo de comentarios públicos.
La Ley de Atención Sanitaria a los Veteranos de 1992 excluía la atención al aborto del paquete de prestaciones médicas del departamento, pero la Ley de Reforma de la Atención Sanitaria a los Veteranos de 1996 otorgó al secretario del VA la facultad de determinar los servicios médicos que ofrece.
Un portavoz del VA dijo en un comunicado que los funcionarios “están evaluando el impacto de la decisión de Dobbs mientras permanecen en estrecho contacto con los Veteranos y sus familias” y que el “VA no proporciona servicios de aborto o asistencia para viajes relacionados con procedimientos de aborto.”
Texas también tiene el mayor número de mujeres veteranas en edad reproductiva que cualquier otro estado, con 85.800, seguido de Florida, con 54,900, según la National Partnership for Women and Families.