Por Pete Williams - NBC News
Purdue Pharma, la farmacéutica a la que se culpa por ayudar a desatar la grave crisis de opioides en Estados Unidos, acordó declararse culpable de cargos criminales por la comercialización OxyContin como parte de un acuerdo de 8,000 millones de dólares, reveló este miércoles el Departamento de Justicia.
La empresa acordó pagar la multimillonaria multa y admitir la responsabilidad penal, pero los ejecutivos de la empresa y la familia Sackler, propietaria de Purdue Pharma, no admiten ninguna infracción penal bajo el convenio, que
no los protege de una posible responsabilidad punible en el futuro.
Los miembros de la familia Sackler acordaron pagar 225 millones de dólares para resolver las multas civiles.
La compañía admitió tres delitos graves por defraudar al Gobierno federal al engañar a los reguladores sobre sus esfuerzos para restringir la prescripción excesiva del medicamento y violar las leyes contra el soborno al pagar a los médicos para que prescribieran más recetas de OxyContin.
[Estos niños afectados por la crisis de opioides quieren su infancia de vuelta]
El aluvión de opioides en el mercado se tradujo en costos masivos en la atención médica para hacer frente a las adicciones y las muertes por sobredosis que ha provocado.
La cantidad total que el Gobierno podría buscar en virtud del acuerdo en multas civiles y penales es de 8,300 millones de dólares, pero el Departamento de Justicia no solicitará más de 225 millones de dólares a Purdue si accede convertirse en una empresa de beneficio público. La multa a los miembros de la familia es un caso judicial separado.
El acuerdo anunciado el miércoles debe ser aprobado por un tribunal federal de quiebras.
La empresa reestructurada, en virtud del acuerdo, donaría u ofrecería grandes descuentos en medicamentos y tratamientos de rescate por sobredosis para ayudar a las comunidades devastadas por la crisis de los opioides. La familia Sackler no tendría ninguna conexión con la empresa una vez esté reorganizada.
Purdue acordó admitir que, durante una década, de 2007 a 2017, dijo a la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) que tenía un programa eficaz para asegurarse de que OxyContin no se desviara hacia ventas fraudulentas. Pero, según el Gobierno, la compañía continuó proporcionando opioides a más de 100 proveedores de atención médica cuando tenía buenas razones para creer que los estaban recetando en exceso.
El fiscal general adjunto, Jeffrey Rosen, quien anunció el acuerdo, dijo que involucra a "uno de los participantes más importantes en la cadena de suministro de opioides recetados, a nivel de fabricante".
Aseguró que si el tribunal de quiebras lo aprueba, "reparará los errores del pasado y también proporcionará nuevos recursos extraordinarios para el tratamiento y la atención de los afectados por la adicción a los opioides".
[Farmacéutica acusada de fomentar crisis de los opioides se declara en bancarrota]
Purdue enfrenta cientos de otras demandas y reclamos de quiebra, pero la compañía ha dicho que buscaría una resolución con el Departamento de Justicia antes de tratar con el resto de litigios. La compañía ha propuesto un acuerdo global de alrededor de 10,000 millones de dólares.
Algunos funcionarios estatales manifestaron que el acuerdo del Departamento de Justicia no fue lo suficientemente lejos. La procuradora general de Massachusetts, Maura Healey, dijo que no responsabilizó a la empresa ni a la familia Sackler. "La justicia en este caso requiere exponer la verdad y responsabilizar a los perpetradores, no apresurar un acuerdo para ganarle a las elecciones".