La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dio a conocer este martes el fallo en el caso Manuela y otros vs. El Salvador en el que condena de forma contundente al Estado salvadoreño por la criminalización arbitraria de una mujer que intentó acceder a servicios de salud reproductiva tras sufrir una emergencia obstétrica.
“El Salvador es uno de los pocos países en el mundo que todavía penalizan bajo cualquier circunstancia la interrupción voluntaria del embarazo. Los obstáculos que existen en ese país para acceder a la salud reproductiva dan origen a violaciones de derechos como la vida, a la salud, a las protecciones y garantías judiciales, a estar libre de discriminación y violencia de género, entre otros”, se lee en la sentencia.
La Corte IDH también confirma que Manuela sufrió una emergencia obstétrica, causada por la preeclampsia, algo que el Estado salvadoreño ponía en duda. "La Corte resalta que las emergencias obstétricas, por tratarse de una condición médica, no pueden dar lugar automáticamente a una sanción penal", explica el comunicado publicado por las organizaciones que colitigaron el caso: el Centro de Derechos Reproductivos y la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, con el apoyo de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador.
La historia de Manuela
Manuela ni siquiera pudo caminar hasta el hospital. Sus familiares tuvieron que envolverla en una hamaca y trasladarla como pudieron hasta el centro de salud ubicado a dos horas de su casa en una zona rural de las afueras de San Salvador. Estaba desmayada y la hemorragia le impedía moverse ese 27 de febrero de 2008. Momentos antes había sentido un fuerte dolor en la pelvis que la hizo correr a la letrina de su casa, donde sufrió una emergencia obstétrica y expulsó el feto que llevaba en su vientre.
Al llegar al centro médico, la doctora que atendió a Manuela en 2008 la interrogó de manera inclemente. Mientras literalmente se desangraba, la médica le preguntaba sobre su vida sexual e insistía en saber qué se había hecho.
Tardaron tres horas antes de atenderla y de inmediato el personal médico denunció que había abortado. En medio del delirio de su gravedad, Manuela estuvo esposada a una camilla durante siete días, los policías y el personal sanitario que la vigilaban la insultaban y la denigraban. Los médicos se concentraron tanto en su supuesto aborto que no vieron unas masas que tenía en el cuello y que más tarde, estando presa, resultaron en un diagnóstico de cáncer, linfoma de Hodgkin.
Los obstáculos que existen en ese país para acceder a la salud reproductiva dan origen a violaciones de derechos como la vida"
Sentencia de la corte IDH
Manuela fue sentenciada a 30 años de prisión por homicidio agravado poco después de ser detenida. En El Salvador, que tiene algunas de las leyes más restrictivas del mundo en materia de aborto, las sentencias pueden llegar a los 50 años de prisión. Se calcula que entre los años 2000 y 2019, 181 mujeres sufrieron emergencias obstétricas y fueron criminalizadas por supuestos abortos o el cargo de homicidio agravado.
"El Salvador deberá asumir su responsabilidad"
"Por fin se hizo justicia", reaccionó Catalina Martínez Coral, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos. "El Salvador deberá asumir su responsabilidad por la muerte de Manuela, reparar a su madre, a su padre y a sus hijos e implementar varias medidas estructurales para que ninguna mujer repita su caso".
"La decisión de la Corte también reconoce derechos que deben ser aplicados en América Latina y el Caribe", agrega Martínez Coral, un punto que señala el posible impacto de esta decisión a futuro en la región.
Morena Herrera, reconocida activista por los derechos de las mujeres y representante de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, dijo sobre la sentencia: "Manuela fue una víctima más de un injusto contexto legal que tiene su origen en la absoluta prohibición del aborto que ha afectado a mujeres, adolescentes, y niñas que viven en situación de pobreza".
"La historia de Manuela es una historia triste, pero representa un cambio y se convierte en un camino de justicia y esperanza para todas las mujeres de América Latina y el Caribe que son criminalizadas por eventos obstétricos", concluyó Herrera.
