IE 11 is not supported. For an optimal experience visit our site on another browser.

Fue un año decisivo para el derecho al aborto en México. Pero estas mujeres siguen procesadas por ello

La marea verde sigue avanzando en el país que declaró inconstitucional la penalización del aborto, pero eso no se ha traducido en cambios para las mujeres acusadas y encarceladas por ese motivo. Contamos algunas de sus historias y explicamos qué sigue para ellas.

Una madrugada, Melina sintió ganas de ir al baño. Se levantó y caminó a la letrina de su casa en el ejido de Nayarit, una pequeña localidad de unos 1,100 habitantes en Baja California, México, muy cerca de la frontera con Estados Unidos. Allí, sintió que expulsaba un coágulo de sangre. Pero como el sangrado no paraba, decidió ir al hospital. 

Al día siguiente, su familia descubrió un cuerpo sin vida en la letrina y avisó a la policía. Melina, de 36 años, tuvo un aborto espontáneo: no sabía que estaba embarazada ya que seguía menstruando. Ahora lleva 6 años privada de su libertad en el penal de Ensenada cumpliendo una condena de 18 años por homicidio en razón de parentesco. Es decir: la acusan de matar a su hijo.

Como ella, sigue habiendo en el país al menos 200 mujeres en la cárcel por abortos espontáneos, partos prematuros o emergencias obstétricas, según datos de la organización Las Libres. Mujeres que han sido sentenciadas no por abortar sino por delitos más graves, como homicidio en razón de parentesco, una pena que conlleva hasta 40 años de cárcel.

Pero en México no debería quedar ninguna mujer en la cárcel por abortar luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictara tres fallos históricos en la lucha por los derechos reproductivos de las mujeres y las personas gestantes.

El 7 de septiembre declaró inconstitucional la penalización del aborto: reconoció que ninguna mujer puede ser perseguida por interrumpir su embarazo y se pronunció de forma unánime a favor de que las mujeres decidan sobre su propio cuerpo y su vida. 


Mobilization In Saltillo After Supreme Court Voted To Decriminalize Abortion
Grupos feministas en la Plaza de la Nueva Tlaxcala tras la despenalización del aborto en Coahuila, el 7 de septiembre de 2021, Saltillo, México.Antonio Ojeda/ Agencia Press South / Getty Images

Dos días después declaró inconstitucional proteger la vida desde la concepción, es decir, que los estados no pueden equiparar el embrión o el feto con una persona. Y al poco tiempo falló que aunque el personal sanitario tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia, esta no puede ser una vía para burlar el derecho a la interrupción del embarazo.

[La FDA aprueba de forma definitiva el envío de pastillas abortivas por correo]

“Con estas tres decisiones, la corte nos está reparando enormemente”, celebró la abogada Micheel Salas, directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social.

Desde entonces, la marea verde no ha dejado de avanzar: ya son seis los estados que han despenalizado el aborto durante las 12 primeras semanas de gestación. En octubre se sumó Baja California y en diciembre, Colima, a Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz.

“Ni un perro haría eso”

Las autoridades amenazaron a Melina con condenarla a más de 30 años de prisión y, para evitarlo, aceptó un juicio abreviado a cambio de incriminarse. 

La mujer ha sido constante blanco de ataques por parte de las autoridades. “Le decían en todo momento que ni un perro haría eso”, contó José Luis Gutiérrez, director de la organización que lleva su caso, Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal).

También fue obligada a pagar más de 700,000 pesos al padre del embrión o feto en reparación del daño pero, tras llegar a un acuerdo con él, renunció a esta.

Melina está esperando cumplir la mitad de su condena para poder pedir un beneficio preliberacional,  y seguir su proceso en libertad y volver a abrazar a sus dos hijos, que eran tan solo unos adolescentes cuando dejó de verlos.

[Este es el último médico que practica abortos en Wyoming. Y podría abandonar el estado por la hostilidad que recibe]

Mientras tanto, pasa 23 horas al día en una celda con otras siete mujeres y solo cuenta con una hora para salir al patio y respirar un poco de libertad. El castigo no fue solo para ella, su madre tiene que viajar un día entero para poder verla y gasta el poco dinero que tiene.

El abogado Gutiérrez explica que la otra estrategia que contempló para su liberación fue recurrir a la Ley de Amnistía aprobada por el Gobierno en 2020. Un mecanismo pensado para reparar las injusticias de las que han sido objeto diversos grupos vulnerables y que busca liberar a unas 6,000 personas con el fin de descongestionar las cárceles. 

La ley incluye delitos como pequeños robos, posesión de drogas y contempla a las mujeres sentenciadas por aborto y también por homicidio en razón de parentesco. Pero, tras más de un año de aplicación de la ley, el Gobierno mexicano solo ha liberado a 44 personas de las 1,798 solicitudes presentadas, según informó el jueves el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.

[No, es falso que haya un mayor riesgo de aborto espontáneo por la vacuna de COVID-19]

“¿Qué te tomaste?”

Ana* tenía 17 años cuando tuvo un aborto espontáneo en un bachillerato de Umán, una localidad de unos 60,000 habitantes ubicada en el sureste de México, a unas 11 millas de Mérida, Yucatán. Por lo que sucedió aquella mañana se enfrenta, dos años después, a un proceso penal por homicidio en razón de parentesco.

Mujeres se manifiestan por el derecho al aborto en el Zócalo de la Ciudad de México
Mujeres se manifiestan por el derecho al aborto en el Zócalo de la Ciudad de México, el 28 de septiembre de 2021.Araceli López / Vía Milenio

Ana había empezado a sentirse mal de camino a la escuela. Pensó que las naranjas que había llevado por el Janal Pixán, o Día de Muertos, le habían caído mal. El dolor era cada vez más fuerte y cuando llegó al centro, corrió al baño, que era tan pequeño que apenas cabía con la mochila.

Allí notó que estaba sangrando, escuchó un golpe y vio caer un feto al inodoro. Lo agarró, quiso pedir ayuda pero ya no reaccionó: se desmayó en ese mismo instante y, al caer, rompió una puerta. Aquella mañana, Ana tuvo un aborto espontáneo en su tercer trimestre de gestación.

El personal del colegio la sacó del baño en silla de ruedas y llamó a una ambulancia. “Los profesores no me dijeron nada cuando sucedió, el único que me preguntó ‘qué tomaste’ fue un paramédico… Hubo una doctora que, cuando me hicieron el legrado [una intervención quirúrgica para extraer el endometrio, la mucosa que recubre el útero] me dijo que cómo que no me di cuenta, que por qué lo hice, por qué lo provoqué”, relató Ana a Noticias Telemundo.

[California se prepara para convertirse en un destino seguro para abortar ante las crecientes restricciones en otros estados]

Más tarde, la fiscalía del estado acudió al hospital a revisar su mochila en busca de pastillas y otros artículos que mostraran que quiso ocultar su embarazo, intentó revisar su celular e interrogarla. Pero el doctor se negó y recordó que Ana era menor de edad y que no podía hablar al menos de que estuviera presente su tutor.

Pasó una semana y media antes de que Ana pudiera salir del hospital. Tuvo un desgarre vaginal y una hemorragia tan fuerte que le provocó una anemia de la que dos años después no se ha recuperado.

Uno a uno, la fiscalía llamó a declarar a sus familiares. “Podríamos decir que la hostigaron porque citaron al papá, a la abuelita, incluso a la tía, al hermanito mucho más pequeño [...] para que aportaran datos en contra de ella”, aseguró su abogada Amelia Ojeda Sosa, de Las Libres. 

[Uma Thurman cuenta el aborto que vivió cuando era adolescente en solidaridad con las mujeres de Texas]

El proceso estuvo estancado unos meses debido a la pandemia de COVID-19 hasta que a finales de 2020, Ana fue acusada formalmente de homicidio en razón de parentesco: la fiscalía concluyó que ella provocó la muerte del feto que expulsó de manera involuntaria, “que ella lo asfixió”.

Las autoridades le propusieron un juicio abreviado a cambio de aceptar que había cometido un delito pero Ana no aceptó, aseguró Ojeda. La pena máxima a la que se enfrenta es a cinco años en el centro especializado de adolescentes pero, de acuerdo con Ojeda, en la medida en que el caso estuvo “lleno de de violaciones a sus derechos procesales” o que no hay pruebas contundentes de que hubo delito, es poco probable que sea condenada.

Una prueba poco fiable

Tanto en el caso de Melina como en el de Ana, una de las pocas pruebas que se presentaron en su contra fue una docimasia pulmonar emitida por el médico forense, una forma muy controvertida de determinar si el feto nació vivo o muerto. 

De acuerdo con Gregory J. Davis, médico forense de la Universidad de Kentucky, este método, conocido como la “prueba del flotador”, “fue desacreditada hace más de un siglo por no ser un indicador fiable”. 

[“Soy inocente”: liberan a Sara Rogel, condenada a 30 años de prisión en El Salvador tras sufrir una emergencia obstétrica]

No es una prueba fiable y lo sabemos probablemente desde hace más de 100 años"

Gregory J. Davis médico forense

El experto explicó que la prueba consiste en que el médico forense “toma un pedazo de pulmón o el pulmón entero y lo hace flotar en el agua y toma un pedazo del hígado o el hígado entero. Y la teoría de la prueba es que si el hígado se hunde y los pulmones flotan, entonces el bebé respiró”.

El aire puede entrar por los pulmones de otras maneras, de acuerdo con Davis: mientras el feto sale de la madre, al apretarse el pecho, o si hay una descomposición dentro del pulmón y se forma gas. “No es una prueba fiable y lo sabemos probablemente desde hace más de 100 años”, aseguró.

Por ello, el experto opina que se trata de una “pseudo-prueba” y que “es una irresponsabilidad por parte de los médicos seguir utilizándola”.

“En los viejos tiempos en EE.UU., si pensaban que eras una bruja, te tiraban al lago y si te hundías y te ahogabas, eras inocente. Y si flotabas, eras una bruja y te quemaban en la hoguera. Eso es tan científico como la docimasia pulmonar”, señaló.

[“No nos podemos quedar con eso”: las mujeres marchan en México por la despenalización total del aborto]

En Estados Unidos también hay médicos que practican esta técnica, según Davis, un país donde el derecho al aborto está en peligro. La Corte Suprema decidió mantener en vigor una ley que lo prohíbe a partir de la sexta semana (cuando la mayoría de las mujeres ni siquiera sabe que están embarazadas). Y se inclinó a favor de respaldar una ley de Mississippi que lo prohíbe tras la semana 15 de gestación. Esta decisión podría servir para anular el histórico fallo de 1973 en el caso de Roe v. Wade, que legalizó el aborto en el país.

[La bebé que cambió la historia de EE.UU. desvela su identidad]

En El Salvador, Davis presentó un informe en 2014 a la Asamblea General en el que desacreditaba esta prueba como parte del recurso para indultar a cuatro de las 17 mujeres encarceladas por haber sufrido emergencias obstétricas en el país, en un caso conocido como Las 17

En el Salvador, que tiene algunas de las leyes más restrictivas del mundo en materia de aborto y las sentencias pueden llegar a los 50 años de prisión, hoy sigue habiendo más de una decena de mujeres tras las rejas por partos extrahospitalarios. Luego de que surgiera la campaña ‘Nos faltan las 17’ (Free The 17), a la que se unieron varias celebridades, que demanda al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que libere a las mujeres acusadas de aborto, el Gobierno liberó esta semana a tres mujeres.

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó de forma contundente al Estado salvadoreño por la criminalización arbitraria de Manuela, una mujer que sufrió una emergencia obstétrica y fue condenada a 30 años de prisión. Manuela murió en 2010 de un cáncer linfático esposada a una cama.

Mujeres criminalizadas por ser pobres

A diferencia de El Salvador, donde el aborto es ilegal incluso en caso de violación sexual, en México, esta es la única causa en la que todos los estados lo permiten. En los 26 estados donde sigue siendo ilegal antes de las 12 semanas, las penas van de 15 días a seis años de cárcel.

Ellas no decidieron abortar, ellas no tomaron la decisión"

Verónica Cruz directora de Las Libres

Pero en ambos países, existe un patrón de las mujeres que son criminalizadas por abortar. “La gran mayoría son mujeres jóvenes, mujeres de escasos recursos, de poca instrucción académica, sin conocimiento de temas de planificación familiar[...]. La gran mayoría de ellas no sabían que estaban embarazadas, habían tenido periodos de menstruaciones irregulares”, explicó González, de Asilegal.

“Además, muchas de ellas viven a kilómetros de un centro médico que les pueda dar atención especializada”, añadió.

[Los casos de Manuela y Sara en El Salvador son ejemplo de cómo la prohibición total del aborto atenta contra la vida de las más pobres]

“Ellas no decidieron abortar, ellas no tomaron la decisión, (su aborto espontáneo) es producto de sus condiciones de vida”, condenó por su parte Verónica Cruz, directora de Las Libres.

¿Qué sigue?

En México, las mujeres que están privadas de su libertad por abortos espontáneos han sido acusadas no por ello, sino de delitos más graves como infanticidio, homicidio en grado de parentesco, filicidio y omisión de cuidados, según datos que Las Libres obtuvo a través de solicitudes de acceso a la información entre 2000 y 2017. 

Pero tras uno de los fallos de la Corte Suprema mexicana no se puede castigar a las mujeres que abortan por homicidio.

“Con la votación del caso de Sinaloa, la corte dijo que es inconstitucional que una legislación local establezca que la vida inicia desde la concepción. No le corresponde a las autoridades locales definir cuándo comienza la vida”, explicó la abogada Salas.

[Procesan por feminicidio al presunto asesino en serie detenido en México: tenía anotados los nombres de 29 mujeres]

En opinión de la directora de Las Libres, los servicios de salud deberían dejar de denunciar a las mujeres que abortan, los legisladores tendrían que eliminar de los 33 códigos penales el delito de aborto y no abrir más carpetas de investigación.

De hecho, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) pidió revisar las carpetas abiertas por aborto. Sin embargo, hasta el momento el Gobierno no ha dado a conocer cuántas de estas han sido cerradas.

“Por el momento no se cuenta con esa información precisa, debido a que se trata de procesos que se encuentran fuera del ámbito de los delitos federales”, aseguró la comisionada Maria Fabiola Alanís Sámano y señaló que espera se abran menos carpetas de investigación a raíz de la sentencia de la corte.

[La ‘fábrica de engaños’ de Tlaxcala alimenta la prostitución a ambos lados de la frontera. Estas niñas salvaron a su pueblo sobre los escenarios]

Entre enero y septiembre de este año se abrieron 547 carpetas de investigación por el delito de aborto, según las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tres estados concentran el 53% de los casos: el Estado de México, con 124 carpetas; Nuevo León, con 95; y Ciudad de México, con 69.

Los cambios no se han traducido en acceso real

A dos años de lo sucedido, Ana se da cuenta de lo mucho que ha cambiado. “No soy la misma niña de 17 años que la que soy ahorita que tengo 19. Cambió mi forma de pensar”, dijo.

Aunque la joven sigue teniendo que invertir mucho tiempo en el proceso judicial que, aseguró, “es muy agobiante”, terminó el bachillerato, y ahora estudia una licenciatura en educación y trabaja en una tienda. Cuando termine su carrera, quiere estudiar veterinaria. 

[Por 2,000 dólares, un chivo o una caja de cerveza: así venden a las mujeres indígenas en algunos pueblos de México]

Sabe que hace dos años no estaba lista para ser madre y que tampoco lo está ahora. “Hasta la fecha no estoy lista para tener un bebé”, aseguró.

En definitiva, la Justicia mexicana sentó un precedente histórico, no solo en la región “sino a nivel mundial” en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y personas gestantes, en palabras de la directora ejecutiva de Women’s Equality Center, Paula Avila-Guillén.

Pero para las expertas entrevistadas para este reportaje hace falta que estos cambios legislativos se traduzcan en un acceso real a los servicios de salud pública. Y hace falta que las instituciones sanitarias conozcan el documento “que dicta cómo debe ser la atención del aborto no solo en términos técnicos, sino también en términos de calidad, buscando que estén libres de estigma”, aseguró Sofía Garguño Huerta, coordinadora del Fondo de Aborto para la Justicia Social María.

Y cuando esto suceda, se les reconocerá a las mujeres y personas con capacidad de gestar su dignidad humana y la posibilidad de determinar quién quieren ser, como lo dicta la Justicia mexicana.

*Utilizamos un nombre ficticio para proteger la identidad de la víctima.