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El Gobierno revierte una política de la Administración Trump que prohibía a las clínicas referir servicios para practicar abortos

El Departamento de Salud y Servicios Humanos anunció que restaurará el programa de planificación familiar que estaba vigente durante la Administración Obama, cuando las clínicas podían remitir a las mujeres que buscaban abortos a un proveedor de este servicio.

La Administración Biden revirtió este lunes una política de la era Trump que prohibía a las clínicas de planificación familiar que reciben fondos federales remitir a sus pacientes a proveedores de servicios de aborto.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos anunció que restaurará el programa de planificación familiar que estaba vigente durante la Administración Obama, cuando las clínicas podían remitir a las mujeres que buscaban abortos a un proveedor de este servicio.

Representantes de las clínicas dijeron que esperan el regreso de cientos de proveedores de servicios de aborto que se salieron del programa de planificación familiar en protesta por las políticas de la Administración Biden, lo que ayudaría a estabilizar un programa federal de más de medio siglo de antigüedad que ha sido afectado por la pandemia de coronavirus y las batallas políticas.

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Bajo el expresidente Donald Trump, se prohibió a las clínicas remitir pacientes para abortos, lo que provocó una salida masiva de los proveedores de servicios afiliados a Planned Parenthood, así como de varios estados y otras organizaciones independientes.

Planned Parenthood, uno de los proveedores de servicios de aborto más grandes del país, tuiteó que sus centros de salud están deseosos de regresar al programa federal. Aunque el grupo criticó una cláusula de la ley que le permite al personal que trabaja en las clínicas no referir a sus pacientes a un aborto, si se oponen a esta práctica por motivos personales.

Manifestantes exigen acceso al aborto de manera segura y legal en una marcha en Nueva York, el 2 de octubre de 2021.Mary Altaffer / AP

La regla, conocida como Título X, pone a disposición de las clínicas más de 250 millones de dólares al año para que brinden servicios de control de natalidad y atención médica a mujeres de bajos ingresos.

Este regreso a una política progresista de la era del expresidente Barack Obama se produce en medio de un debate político y legal en torno al derecho al aborto, reconocido como constitucional por la Corte Suprema en su decisión de 1973 del caso Roe v. Wade, pero que ha estado bajo ataque en los estados más conservadores en un momento en que la mayoría de los integrantes de la máxima corte del país comparten esa tendencia ideológica.

El mes pasado, en una decisión dividida, la Corte Suprema rechazó bloquear una nueva ley que restringe el acceso al aborto legal y seguro en Texas, prohibiendo a los proveedores practicar este servicio después de las seis semanas de gestación, sin excepciones. Las cortes inferiores siguen discutiendo la legalidad de esta medida.

La Corte Suprema también está revisando una ley de Mississippi que prohibiría casi todos los abortos después de las 15 semanas de gestación.

Este sábado se llevaron a cabo cientos de protestas de mujeres alrededor de todo el país para demandar un acceso a este derecho de salud reproductiva, entre estas una manifestación de miles de personas frente a la escalinata de la Corte Suprema en Washington D.C.

Luego de que Trump nombrara a tres magistrados conservadores, el equilibrio político en el máximo tribunal del país se ha inclinado hacia la ideología conservadora. Se han aprobado leyes en 12 estados del país que prohibirían el aborto en caso de que la Corte Suprema llegara a invalidar el fallo de Roe v. Wade.

La nueva medida de Biden que permite a las clínicas referir servicios de abortos entrará en vigor el próximo 8 de noviembre.