Por Carlos Rajo
El ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt parece habérsele escapado una vez a la justicia. Si por años logró que no se le enjuiciara debido a la inmunidad de la que gozaba por ser diputado, hoy es gracias a las maniobras legales de sus abogados que ha conseguido que se anule la condena de 80 años por los delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad que le fue impuesta hace unas semanas.
Algo debe quedar claro: la llamada Corte de Constitucionalidad anuló la sentencia contra Ríos Montt en base a supuestas irregularidades de procedimiento en el juicio. La Corte no se ha pronunciado sobre el contenido o la esencia de la sentencia, es decir, sobre si Ríos Montt es culpable de los delitos por los que se le acusa.
Básicamente lo que la Corte sentencia es que en algún momento del juicio que duró varias semanas el tribunal que llevaba el caso hizo un par de cosas en prejuicio de la defensa o el derecho a un juicio justo que tiene Ríos Montt.
Una, que su abogado defensor fue expulsado por unas horas del sitio donde se ventilaba el caso. Y dos, que nunca se resolvió un recurso presentado por este mismo abogado para que se sacara del juicio a dos de los tres jueces que juzgaban al ex general. El abogado argumentaba que estos jueces no serían imparciales ya que uno era hostil hacia él y con el otro tenía una relación de amistad.
El tribunal constitucional entonces ordenó que el juicio contra Ríos Montt vuelva al estado en que se encontraba el 19 de abril, día en el que se había discutido sobre estas supuestas violaciones. En ese momento el juicio ya estaba bastante avanzado -ya habían declarado los casi 100 testigos contra Ríos Montt por ejemplo- y sólo quedaba la presentación de algunos testigos de la defensa, los argumentos finales de ambas partes y la sentencia.
Lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad es por supuesto, controversial. No sólo porque en la misma Corte hubo división de criterios, con tres magistrados a favor y dos en contra, sino porque los motivos legales para sentenciar a favor de Ríos Montt son al menos discutibles.
Es cierto por ejemplo, que el abogado de Ríos Montt estuvo ausente por un periodo corto de la defensa de su cliente, pero la deficiencia fue subsanada en tiempo (primero con un abogado de otro acusado y luego con el regreso del abogado mismo de Ríos Montt).
Luego, sobre el argumento que dos de los jueces debieron de dejar el juicio, tanto un tribunal de apelaciones, como los jueces mismos que juzgaron a Ríos Montt, lo mismo que uno de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que votó en contra han señalado que el abogado que presentó el reclamo nunca probó que en efecto existía causa suficiente para excluir a los jueces. El abogado “no invocó nada acerca de la falta de imparcialidad de los integrantes de dicho tribunal”, señaló el magistrado Mauro Rodrigo Chacón en su escrito en desacuerdo con el fallo de la Corte.
Más allá de lo controversial del fallo de la Corte de Constitucionalidad, lo cierto es que lo de Ríos Montt no puede verse aislado de varios otros factores que bien o mal han incidido en el caso. Algunos son factores legales y otros que no tienen nada que ver con la ley sino con la sociedad guatemalteca.
Es posible, por ejemplo, que los tres magistrados que votaron porque se anulara la sentencia estén totalmente en lo correcto desde un punto estrictamente legal. Pero esto es posible debido en gran parte a que se permitió que la defensa de Ríos Montt abusara del procedimiento penal.
Fue el abogado mismo el que se retiró de esa audiencia que dejó a Ríos Montt sin defensa por unas horas y fue este abogado también el que exigió la salida de los jueces sin mostrar pruebas sobre por qué había que dudar de su imparcialidad. “Asumió la defensa (de Ríos Montt) con el objeto específico de provocar la separación de los jueces que ya intervenían”, señaló en otro momento el magistrado Chacón.
Entre los factores extra legales que es difícil ignorar y no pensar que de alguna manera pesaron en la decisión de los magistrados es lo que ha sido una voz constante en la opinión pública guatemalteca desde que se dio la sentencia a Ríos Montt: que la sentencia es una vergüenza para Guatemala.
Así como cuando se supo de la condena a 80 años contra el ex general mucha de la comunidad internacional celebró lo sucedido preciando el caso por entre otras cosas, ser el primero en que se condenaba en el país de origen a un ex jefe de estado por el delito de genocidio, en Guatemala misma fue otra cosa. Al menos entre ciertos sectores de poder.
La más poderosa agrupación empresarial para el caso (CACIF) pagó planas enteras en la prensa guatemalteca demandando que se anulara el veredicto. Igualmente, hubo amenazas de bombas contra la Corte de Constitucionalidad y el abogado mismo de Ríos Montt amenazó de que habría parálisis nacional sino se anulaba la condena contra su cliente.
Según los empresarios del país centroamericano, la condena contra Ríos Montt ensucia a todos los guatemaltecos y debía ser rechazada para evitar ser comparados con los nazis. “Guatemala forma parte ahora del selecto grupo de estados genocidas, junto con la Alemania Nazi, la ex Yugoslavia, Ruanda y Camboya”, escribió para el caso un comentarista en un blog que se publica en el sitio de internet de CACIF.
A nivel oficial, la reacción ante la condena de Ríos Montt había sido que se respetaba la independencia del Poder Judicial guatemalteco y la habilidad de sus jueces y magistrados para lidiar con casos de extrema complejidad. A medida que fueron pasando los días, sin embargo, aparecieron voces bien sea en la Cancillería o la propia oficina del presidente en el que se cuestionaba la participación en el juicio de organismos internacionales.
“Es evidente la presencia de personas que no son guatemaltecas durante el proceso que se realizó en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia; consideramos que la Justicia debe ser imparcial, sin presiones”, señaló el vocero del presidente, Francisco Cuevas, implicando que estos extranjeros habían presionado e interferido con el poder judicial guatemalteco.
Sin duda que es cierto que hubo presencia extranjera en el juicio contra Ríos Montt. No sólo ahí en la sala como lo refiere el vocero presidencial, sino además en todo el trabajo previo de hormiga de preparación del juicio, para recabar pruebas y demás detalles, investigaciones, etc. que se necesita para que una acusación tenga posibilidades de éxito. Es más, casi puede asegurarse que sin esta participación internacional -y ciertamente vale el término ‘presión’- la justicia guatemalteca no hubiera llevado el juicio a su fin.
La presencia internacional además, ha sido clave también a través de los años para que los guatemaltecos que estaban dispuestos a que se aplicara la justicia -encabezando la lista una mujer de gran valor y coraje, la Fiscal General Claudia Paz y Paz- se sintieran sino del todo protegidos al menos medio cobijados sabedores de que había mucha gente en el mundo que tenía la atención puesta en Guatemala.
En cierto sentido entonces la sentencia de la Corte de Constitucionalidad no sorprende. Bien por motivos legales y legítimos -o quizá solo ‘leguleyadas’- o por la presión de la sociedad y en particular los sectores de poder, no era extraño que se anulara la sentencia contra Ríos Montt. Lo bueno es que el juicio todo no se anuló.
Habrá ahora que regresar al punto en que se encontraba el 19 de abril, lo que quiere decir que los desgarradores testimonios que ahí se escucharon siguen siendo válidos. Cuesta creer como los mismos juzgadores que condenaron a Ríos Montt podrán cambiar de opinión sobre su culpabilidad cuando básicamente ninguna de las pruebas en las que basaron su sentencia ha dejado de ser válida.