El papa Francisco aprobó este martes la mayor revisión de las leyes de la Iglesia católica en cuatro décadas, que llevaba gestándose desde 2009 y afecta fundamentalmente al castigo por abusos a menores y adultos vulnerables.
Se criminaliza así explícitamente el abuso sexual a adultos por parte de sacerdotes, y se reglamenta que los laicos que ocupan cargos en la Iglesia también pueden ser sancionados por delitos similares.
Las nuevas disposiciones, publicadas este martes después de 14 años de estudio, están contenidas en la sección de derecho penal del Código de Derecho Canónico del Vaticano, un sistema legal interno que cubre a la Iglesia católica, a la que pertenecen unas 1,300 millones de personas.
Los cambios más significativos figuran en dos artículos (1395 y 1398), y buscan abordar las principales deficiencias en el manejo de los abusos sexuales por parte de la Iglesia.
La ley reconoce ahora que los adultos también pueden ser víctimas de sacerdotes que abusen de su autoridad sobre ellos, y estipula que los laicos que tengan puestos en la Iglesia, como directores de escuelas o economistas parroquiales, pueden ser castigados por abusar tanto de menores como de adultos.
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El Vaticano también criminaliza captar con engaños a menores o adultos vulnerables para obligarlos a participar en pornografía. Es la primera vez que la ley de la Iglesia reconoce oficialmente como criminal el método utilizado por los depredadores sexuales para entablar relaciones con sus víctimas y luego explotarlas sexualmente.
La ley también elimina gran parte de la discreción que durante mucho tiempo había permitido a los obispos y superiores religiosos ignorar o encubrir el abuso, dejando en claro que pueden ser considerados responsables de omisiones y negligencia al no investigar y sancionar adecuadamente a los sacerdotes que cometen estas ofensas.
Un obispo puede ser destituido de su cargo por negligencia culposa o si no reporta los delitos sexuales a las autoridades de la Iglesia, aunque la ley eclesiástica no prevé un castigo si no reporta el delito a la policía.
Desde que se emitió por primera vez el Código de 1983, abogados y obispos se han quejado de que era completamente inadecuado para hacer frente al abuso sexual de menores, ya que requería llevar a cabo juicios que consumían mucho tiempo.
Las víctimas y sus defensores argumentaban además que dejaba demasiada discreción en manos de los obispos que tenían un interés en encubrir a sus sacerdotes.
El Vaticano ha aprobado cambios parciales a lo largo de los años para abordar estos problemas y los huecos legales que abundan, y, lo que es más significativo, para requerir que todos los casos se envíen a la Santa Sede para ser revisados y simplificar el proceso administrativo para expulsar a un sacerdote si la evidencia en su contra es abrumadora.
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Más recientemente, el papa Francisco aprobó nuevas leyes para castigar a los obispos y superiores religiosos que no protegieron a sus congregaciones. El nuevo código penal incorpora esos cambios y va más allá, al tiempo que reconoce que los sacerdotes acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
Según la nueva ley, los sacerdotes que se involucran en actos sexuales con cualquier persona, no solo un menor o alguien que carece de uso de razón, pueden ser expulsadossi usaron "la fuerza, amenazas o abuso de su autoridad" para participar en actos sexuales.
Juan Ignacio Arrieta, secretario de la oficina legal del Vaticano, dijo que eso podría cubrir a cualquier miembro común de la Iglesia que sea abusado sexualmente por un sacerdote si se puede demostrar que el cura usó la fuerza o abusó de su autoridad.
Esa disposición está en una sección que detalla las violaciones de la obligación del sacerdote de permanecer célibe. Otra sección de la ley se refiere a los delitos sacerdotales contra la dignidad de los demás, incluido el abuso sexual de menores y adultos vulnerables.
La ley no define explícitamente cuáles adultos están cubiertos, solo dice un adulto que "habitualmente tiene un uso imperfecto de la razón" o a "quien la ley reconoce la igualdad de protección".
El Vaticano ha considerado durante mucho tiempo cualquier relación sexual entre un sacerdote y un adulto como pecaminosa pero consensuada, creyendo que los adultos pueden ofrecer o rechazar el consentimiento simplemente por la naturaleza de su edad.
Pero en medio del movimiento #MeToo y los escándalos de seminaristas y monjas abusados sexualmente por sus superiores, el Vaticano se ha dado cuenta de que los adultos también pueden ser víctimas si hay un desequilibrio de poder en la relación.
Esa dinámica se reconoció más claramente en el escándalo sobre el excardenal Theodore McCarrick, exarzobispo de Washington, D.C. Pese a que el Vaticano supo durante años que él se acostaba con sus seminaristas, McCarrick solo fue juzgado después de que alguien se presentó diciendo que había abusado de él cuando era joven. El papa Francisco finalmente lo destituyó en 2019.
En una novedad destinada a abordar los delitos sexuales cometidos por laicos que ocupan cargos en la iglesia, por fundadores de movimientos religiosos laicos o incluso contadores y administradores parroquiales, la nueva ley dice que los laicos pueden ser castigados de manera similar si abusan de su autoridad para participar en delitos sexuales.
Dado que estos laicos no pueden ser destituidos, las sanciones incluyen perder sus trabajos, pagar multas o ser expulsados de sus comunidades.
La necesidad de esta disposición quedó clara tras el escándalo que involucró a Luis Figari, el fundador laico del Sodalitium Christianae Vitae con sede en Perú, un movimiento conservador que cuenta con 20,000 miembros y capítulos en Sudamérica y Estados Unidos.