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Esta mujer fue condenada por posesión de marihuana. Ahora que es legal, su hija busca que Nueva Jersey le compense lo sufrido

En 1990, Berneice Evans fue arrestada y sentenciada a libertad condicional, castigo que la atormentó por años. Historias como la suya impulsan un movimiento que busca que las autoridades reparen el daño provocado por décadas de detenciones, sobre todo a minorías raciales como latinos y negros, por temas ligados a esta droga.
/ Source: Telemundo

Por Jon Schuppe - NBC News

La guerra contra las drogas tocó a la puerta de Berneice Evans en febrero de 1990. 

Ella era una madre soltera que planchaba camisas en una tintorería cuando unos policías golpearon la puerta de su apartamento en Neptune, Nueva Jersey. Le apuntaron una pistola a sus hijas pequeñas y a su niñera de edad avanzada, anunciaron que requisarían el lugar y pidieron que les dijeran dónde estaba Evans, amenazando con llevarse a las niñas y ponerlas bajo custodia de la agencia estatal de protección infantil. 

Los agentes dijeron que habían encontrado más de una onza de marihuana [alrededor de 28 gramos, o dos puñados]. Dejaron que las niñas se fueran con una hermana mayor de edad y arrestaron a la niñera. Cuando Evans se entregó, la tomaron bajo custodia por cargos de vender drogas y poner a menores en peligro. 

Berneice Evans, a la derecha, con su hija, Nafeesah Goldsmith, en 2017.
Berneice Evans, a la derecha, con su hija, Nafeesah Goldsmith, en 2017.Cortesía de Nafeesah Goldsmith

Evans, que ganaba unos 200 dólares a la semana en su trabajo, de vez en cuando vendía pequeñas bolsitas de marihuana, una manera extra con la que ella y otras personas en sus condiciones en vecindarios alcanzados por la pobreza buscaban conseguir lo necesario para pagar las cuentas. También se quedaba algo para fumar.

Ella se declaró culpable y fue sentenciada a libertad condicional, un castigo que la atormentó por años: le impidió acceder a trabajos mejor pagados, le complicó las posibilidades de encontrar una vivienda digna e hizo que sus hijas más pequeñas siguieran caminos oscuros.

El arresto de Evans y sus consecuencias, relatadas por esta mujer y una de sus hijas, es el tipo de historias que han impulsado un movimiento que busca que las autoridades en los estados donde se ha legalizado la marihuana reparen el daño provocado por décadas de detenciones, sobre todo a minorías raciales como latinos y negros, por temas ligados a esta droga.

Una de las soluciones que proponen es canalizar lo que se recaude a través de los impuestos hacia servicios sociales, programas de salud pública e iniciativas de desarrollo económico que puedan ayudar a personas como Evans y su familia. Algunos activistas definen eso como una reparación por una forma de opresión racial.

El debate sobre este tema se ha librado con fuerza en Nueva Jersey, donde el pasado 3 de noviembre se aprobó en referéndum la legalización de la marihuana para uso recreativo. Los legisladores estatales tienen hasta el 1 de enero para aprobar una ley que defina cómo podrá operar la nueva industria de la marihuana y a qué se destinarán los 126 millones de dólares que se espera recaudar en impuestos cada año. Entre los principales puntos del debate está uno sobre cómo destinar parte de ese dinero a comunidades donde la ley ha castigado con mano dura lo que antes eran delitos.

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Evans, de 71 años y que apenas puede caminar tras décadas de trabajar lavando ropa y limpiando edificios, siempre ha resentido el alto precio que pagó por ser detenida con marihuana. Y ahora que esta droga pronto se podrá comprar, vender y usar legalmente en el estado, eso le molesta todavía más.

“Imaginen la cantidad de gente como yo que intentó superarlo y pagar estas multas, estando en la quiebra”, dice ella. "Ahora pueden cambiarlo todo con nosotros y decir: 'Ahora ya todo está bien, al diablo todo eso por lo que pasaste'', agrega.

“Tuve que vivir con eso”

Evans ha trabajado para sobrevivir y así ha sido su vida entera. 

Creció en la pobreza en la costa de Nueva Jersey, y empezó a trabajar a los 13 años, como niñera y limpiando casas. Tuvo su primer hijo cuando era adolescente todavía, y después tuvo tres más. A todos los crió como madre soltera. Durante años, se levantaba antes del amanecer, llevaba a sus hijos a la escuela y tomaba un tren para ir a trabajar, por lo general, limpiando una casa u oficina. El pago era suficiente para cubrir comida y alquiler.

En 2020, Nueva Jersey votó a favor de legalizar el uso recreativo de la marihuana.
En 2020, Nueva Jersey votó a favor de legalizar el uso recreativo de la marihuana.Getty Images

De vez en cuando, también vendía pequeñas cantidades de marihuana, un riesgo que estaba dispuesta a correr con tal de garantizarle a sus hijos ropa y comida.

Evans aspiraba a más, como un sueldo de oficina con un sueldo mejor y menos esfuerzo físico, pero el día a día no le dejaba mucho tiempo para luchar por eso. 

Regresó una tarde a casa y se enteró de la redada. Encontró un fiador para pagar la fianza de la mujer que cuidaba a sus dos hijas menores. Luego se entregó a la policía, que la había acusado de una letanía de delitos: posesión de más de 50 gramos de marihuana; la venta o la intención de vender marihuana; poner en peligro a un menor; y posesión de un arma (lo que Evans dijo era una sola bala que no era de ella). Pagó la fianza y volvió a trabajar al día siguiente. No se lo contó a sus empleadores, por temor a que pudieran despedirla.

"Tenía que seguir así. Tenía que mantener a mi familia", recordó ella.

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Evans dijo que los oficiales habían exagerado la cantidad de marihuana que habían encontrado, pero ella terminó declarándose culpable por la venta de drogas y por poner en peligro a un menor, mientras que los otros cargos fueron retirados. Fue sentenciada a tres años bajo libertad condicional y más de 1,000 dólares en multas.

A partir de entonces, tuvo que revelar la condena cada vez que se le preguntaba sobre arrestos previos en solicitudes de empleo o entrevistas. Cuando lo hacía, le respondían que no la necesitaban. Los empleadores no explicaban la razón y ella no preguntaba. Pero ella sabía por qué.

Evans pensó que había tenido un golpe de suerte cuando fue contratada como trabajadora temporal para limpiar y hacer copias en Bellcore, una compañía de investigación de telecomunicaciones que desde entonces ha sido vendida y renombrada. Se vestía bien para el trabajo todos los días, con la esperanza de que la contrataran a tiempo completo.

El cambio tuvo un efecto profundo en su segunda hija menor, Nafeesah Goldsmith, que estaba en casa en el momento de la redada policial. "Ver a mi mamá vestida para ir a trabajar me pintó una imagen diferente de lo que era posible", dijo Goldsmith. "Me hizo sentir que mi mamá tenía más valor. Ella era importante".

Un día, le dijeron que la empresa ya no la necesitaba y la despidieron abruptamente. No le dieron más explicaciones, pero Evans creía que era porque alguien se había enterado de su condena. Volvió a la tintorería.

"Tuve que vivir con eso y hacer lo que podía, e ir a los trabajos que la gente me dejaba tener, y no podía hacer nada mejor", dijo Evans.

En 2012, le pagó a un abogado 1,100 dólares para que borraran su condena, pero dijo que el abogado, a quien Evans conocía, no llevó el caso hasta el final. Evans aseguró que intentó y falló en recuperar su dinero y que "eso fue todo".

Goldsmith confesó que ver que a su madre no le iba tan bien, junto con el trauma de la redada policial, desencadenó en ella una veta rebelde que la llevó a irse a la casa de su padre y abandonar la escuela. Quedó embarazada a los 15 y, a los 21, fue arrestada con dos amigos por secuestrar y robar al dueño de un motel. Cumplió más de 12 años en prisión.

Nafeesah Goldsmith ve una conexión entre la condena por marihuana de su madre y los problemas familiares que le siguieron.
Nafeesah Goldsmith ve una conexión entre la condena por marihuana de su madre y los problemas familiares que le siguieron.Cortesía Nafeesah Goldsmith

Su hermana menor siguió un camino similar y, en 2011, después de haber sido arrestada con una orden judicial pendiente, fue encontrada inconsciente en su celda, dijo Goldsmith. Se determinó que su muerte se debió a causas naturales, añadió.

Goldsmith obtuvo el equivalente a un diploma de secundaria en prisión y un título universitario tras su liberación en 2015, y se convirtió en líder comunitaria y activista por la reforma de justicia penal. Ella ve aquella redada de drogas, la condena de su madre y su efecto dominó en su familia como un ejemplo de cómo la aplicación estricta de la ley de la marihuana le impide a la gente ascender económica y socialmente.

"Lo que le quitó a ella y lo que nos hizo a nosotros ya no se puede arreglar", dijo Goldsmith.

Usar la marihuana para hacer las paces

Desde que la guerra contra las drogas se intensificó en la década de 1980, múltiples estudios han documentado cómo la gente negra y latina se convierten, de manera desproporcionada, en el blanco de la policía y los tribunales, y cómo las condenas impiden que las personas consigan préstamos públicos para su vivienda, reciban ayuda financiera de las escuelas, encuentren trabajos mejor pagados y mantengan la custodia de sus hijos.

Las discrepancias raciales existen a pesar de que los datos muestran que las personas negras y blancas consumen marihuana a tasas similares, tasas que persisten incluso en lugares que han legalizado la marihuana pero que aún criminalizan algunos tipos de posesión y venta, indicó la Unión Estadounidense de Libertades Civiles en un estudio publicado en abril.

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Eso ha llevado a los defensores de la legalización y los grupos de derechos civiles a presionar por reformas más radicales, que incluyen facilitarle a la gente borrar condenas cortas por posesión de marihuana y participar en el mercado de la marihuana, recién legalizado, así como ayudar a las comunidades donde los arrestos por marihuana causaron los mayores daños.

Si bien algunos estados han reservado licencias y fondos para las personas que desean abrir tiendas legales de marihuana, pocos han dado el paso adicional de asignar una parte de los ingresos de los impuestos a la marihuana para servicios sociales, educativos y de salud en comunidades perjudicadas.

Plantas de marihuana se exhiben durante un "show de marihuana" en Denver, Colorado.
Plantas de marihuana se exhiben durante un "show de marihuana" en Denver, Colorado.Getty Images

En California, donde la marihuana recreacional se legalizó en 2018, los legisladores reservaron hasta 50 millones de dólares al año en ingresos fiscales para "subvenciones de reinversión comunitaria" para los departamentos de salud locales y organizaciones sin fines de lucro para ayudar a la gente a conseguir trabajo, servicios de salud mental, tratamiento de drogas y atención médica.

"Traer a la gente negra a la industria de la marihuana y hacer que la industria sea equitativa es importante, pero hay muchas personas que no tienen la intención de estar en la industria porque se vieron muy afectadas por los arrestos y la aplicación de la ley", aseguró Tamar Todd, directora de New Approach PAC, que ayuda a financiar campañas de legalización de la marihuana. "Están en comunidades en las que también deberíamos estar tomando este enfoque restaurador y ayudando", agregó.

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Illinois, donde la legalización comenzó en enero, ha establecido un programa similar. Este es financiado por una cuarta parte de los ingresos fiscales de la marihuana en el estado, que distribuirá subvenciones a organizaciones sin fines de lucro locales y organizaciones comunitarias para ampliar los servicios legales, el desarrollo económico, prevención de violencia y programas para la juventud y asistencia a quienes salen de prisión.

Evanston, Illinois, en las afueras de Chicago, fue un paso más allá: el Concejo Municipal votó para crear un impuesto local a la marihuana que financiaría un programa de reparaciones de 10 millones de dólares, para pagar a los residentes negros perjudicados no solo por arrestos por marihuana sino también por otras políticas discriminatorias [en la vivienda y bienes raíces], conocido como la “línea roja”. La primera ola de pagos, planificada para principios de 2021, ayudará a los beneficiarios a cubrir los pagos iniciales o reparaciones para sus casas, señaló Kemone Hendricks, fundadora de Evanston Present and Future, una organización sin fines de lucro involucrada en el proyecto.

"El solo hecho de que se abra esa puerta a las reparaciones para la gente negra es algo muy importante", advirtió Hendricks.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este mes un proyecto de ley para despenalizar la marihuana, que crearía un fondo para las comunidades perjudicadas por la guerra contra las drogas. Aunque no es probable que la medida sea aprobada por el Senado liderado por los republicanos, sus defensores dijeron que ésta marcó un nuevo paso en la reparación del daño causado por la aplicación desigual de la ley contra las drogas.

La campaña de Nueva Jersey

La lucha para vincular la legalización de la marihuana con la ayuda financiera para las comunidades perjudicadas en Nueva Jersey se remonta a casi cuatro años atrás, cuando los legisladores estatales presentaron por primera vez un proyecto de ley de legalización, para ayudar a poner fin al impacto discriminatorio de la aplicación de la ley de drogas en un estado donde, según un estudio de la ACLU, la gente negra tienen tres veces más probabilidades que los blancos de ser acusada ​​de delitos relacionados con la marihuana [aunque la consuman por igual].

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Pero los legisladores no incluyeron disposiciones para invertir en las comunidades en sus primeros proyectos de ley, y en marzo de 2019 el esfuerzo por la legalización colapsó. Los legisladores dejaron que los votantes escogieran, quienes el 3 de noviembre aprobaron la legalización en una proporción de 2 a 1. Eso le impuso a los legisladores una fecha límite del 1 de enero para redactar una ley que regule una nueva industria del cannabis, y revivió el impulso para enviar dinero a las comunidades perjudicadas.

Legisladores negros, miembros negros del clero, organizaciones de derechos civiles y defensores de la reforma al sistema judicial penal unieron fuerzas y presentaron su causa como una forma de reparación por la devastación económica causada por  la guerra contra las drogas. Esta vez, fueron impulsados ​​por las protestas a nivel nacional que buscan la justicia racial tras el asesinato de George Floyd el 25 de mayo en Minneapolis a manos de la policía.

Entre sus demandas, junto con disposiciones para facilitar que las personas negras emprendan en la industria legal del cannabis y que la gente pueda eliminar sus condenas por marihuana, estaba un impuesto especial para financiar organizaciones comunitarias que trabajan en capacitación laboral, asistencia legal, atención médica, vivienda, asistencia alimentaria, alfabetización y recreación juvenil.

"La única manera correcta y justa de legalizar [la marihuana] es asegurarse de que una cantidad decente de los ingresos regrese a las comunidades afectadas por esta injusticia", aseguró el reverendo Charles Boyer, fundador de Salvation and Social Justice, una coalición de líderes religiosos. "Cualquier cosa menos es una injusticia", agregó.

La campaña resultó en una nueva versión del proyecto de ley, acordada la semana pasada por los líderes del Senado estatal y la Asamblea estatal, que reservaría el 70% de los ingresos del impuesto a las ventas para programas de justicia social. Los líderes aún no han hecho públicos los detalles, pero esperan aprobar la versión final el 17 de diciembre.

El asambleísta Jamel Holley, uno de los legisladores negros que encabezó el esfuerzo, dijo que las disposiciones sobre inversión comunitaria son esenciales para que la ley esté a la altura de los ideales que impulsaron el esfuerzo de legalización: corregir los errores del pasado y promover la igualdad racial. El padre de Holley era un traficante de drogas que estuvo en prisión durante gran parte de su infancia; muchos de sus amigos también crecieron en familias destrozadas por los arrestos por drogas.

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Las disposiciones financiarán "programas para quienes han sido perjudicadas no solo por la guerra contra las drogas, sino por todas las desigualdades que los afroamericanos y otros viven todos los días", dijo Holley.

Ami Kachalia, estratega de campaña de la ACLU de Nueva Jersey, dijo que el estado podría convertirse en un modelo para el resto del país.

"Queremos iluminar el camino para otros estados", dijo.

Hacia adelante

Evans ya no quiere tener nada que ver con la marihuana.

Está jubilada y vive en un edificio para personas mayores en el sur de Jersey, a unas 100 millas del lugar donde luchó por tanto tiempo. Ha pasado gran parte de su vida tratando de olvidar su arresto y todo lo que causó.

Pero está feliz de que la marihuana sea legal en Nueva Jersey. "Debería haber sucedido hace mucho tiempo", dijo. De ser así, tal vez las cosas hubieran sido diferentes.

Foto tomada el 15 de agosto del 2019 de una planta de marihuana en Gardena, California.
Foto tomada el 15 de agosto del 2019 de una planta de marihuana en Gardena, California.AP

Goldsmith, por otro lado, cree que puede haber un futuro para ella en la nueva industria del cannabis.

Como defensora de la reforma a la justicia penal, se ha pronunciado en contra del confinamiento solitario en prisión y recientemente se unió a la campaña para darle a la gente negra una oportunidad justa de obtener licencias y apoyo financiero para vender marihuana legal. Sueña con abrir una tienda de marihuana en Jersey Shore, no lejos de donde ocurrió la redada.

"Mi madre tuvo que cargar con el castigo", dijo, "pero yo prosperaré ahora que es legal".