El Gobierno que preside Donald Trump separó entre mayo y junio a 2.597 menores que cruzaron la frontera de forma ilegal junto a sus padres y fueron apartados de éstos y encerrados en centros de detención. Más de dos meses después de que una juez federal ordenara a la Administración que devolviera a esos niños con sus familias, aún quedan 416 bajo custodia del Gobierno. Y las autoridades alegan problemas muy graves para regresarlos con sus padres.
La política de tolerancia cero puesta en marcha por Trump durante esos dos meses llevó a los fiscales a presentar cargos criminales contra los inmigrantes que cruzaban la frontera sin permiso, encarcelándolos y, por ende, separándoles de sus hijos en caso de haber llegado al país con ellos.
Tras el escándalo social provocado por el sufrimiento que esta separación causaba a los niños, algunos de ellos aún bebés, el propio Trump revertió esta política. Pero aún quedaba por arreglar qué hacer con los menores. Una juez federal se lo dejó claro al Gobierno el 20 de junio: debía devolverlos lo antes posible a sus padres. Incluso le puso un plazo a las autoridades federales, que han ido incumpliendo una y otra vez.
A fecha de 4 de septiembre, quedan aún 416 menores separados de sus padres bajo custodia federal (es importante la distinción porque hay otros miles también en centros de detención, pero que llegaron solos y no han tenido la misma atención pública que aquellos separados de sus padres, pese a su sufrimiento).
De estos 416 menores, hay 304 cuyos padres no están en Estados Unidos ya: fueron deportados sin sus hijos. La juez ha autorizado que los niños sean enviados con ellos si cuentan con el permiso de sus padres o tutores para ello. De otra manera, se quedarán aquí y serán entregados a familiares o amigos, o puestos en manos de tutores desconocidos.
Hay 199 menores a los que, según el Gobierno, sus padres renunciaron, es decir, firmaron un documento diciendo que no hacía falta devolvérselos. Muchos de esos padres ya no están en el país (se cuentan así también entre los 304 del apartado anterior). La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), que fue quien impulsó las acciones de la juez federal, ha denunciado que muchos de esos padres firmaron los documentos porque no los entendían o fueron presionados por las circunstancias para ello.
Por último, hay otros casos en los que el Gobierno asegura que los padres están en prisión (nueve), o tienen antecedentes criminales que impiden devolverles a los niños (34).