¿Qué hará la Comisión de la Verdad creada por AMLO para resolver el caso Ayotzinapa?

El decreto presidencial facultará a los investigadores para acceder a los archivos del Ejército. Por primera vez, se investigará la posible colusión del Batallón 27 en el crimen.
López Obrador se compromete a establecer comisión de verdad sobre Ayotzinapa
Familiares de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en una reunión con Andrés Manuel López Obrador antes de asumir la presidencia.EFE / EFE

El nuevo Gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ha creado una Comisión de la Verdad para descubrir lo que sucedió con los 43 alumnos de una escuela para maestros que desaparecieron en 2014.

AMLO, como se conoce al presidente, dijo este lunes que el caso es una prioridad del Estado mexicano. La actitud del nuevo gobierno ha llenado de esperanza a los familiares de las víctimas. Uno de los abogados que ha trabajado con los familiares, Santiago Aguirre, dijo que hasta entonces el principal obstáculo para conseguir la justicia había sido la falta de voluntad del gobierno mexicano, según reportó el portal de noticias web ADN Político.

"El principal obstáculo era la falta de voluntad a nivel presidencial, y esa ya se removió", dijo Aguirre.

El decreto presidencial que crea la Comisión de la Verdad faculta a este ente para acceder a toda la información en manos de dependencias federales que considere necesaria. Esto quiere decir que por primera vez, investigadores podrán tener acceso a archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La Comisión estará conformada por un grupo de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, representantes legales de las familias, representantes de diversas dependencias del Gobierno mexicano, expertos y técnicos independientes. Este organismo se conformará en un plazo de 30 días máximo.

El subsecretario para Derechos Humanos, Alejandro Encinas, el nuevo encargado de que las investigaciones del caso lleguen a buen puerto, ha dicho que se debe comenzar por lo que no se ha hecho, por lo que desestimaron las autoridades anteriores y por las recomendaciones que han hecho los organismos de derechos humanos y los grupos de expertos mexicanos e internacionales.

“Se trata de dejar atrás la simulación y el engaño para encarar este reto como una responsabilidad del estado mexicano para ejercer el derecho a la verdad y la justicia, no sólo de los padres y madres de los alumnos de Ayotzinapa, sino de todos los mexicanos”, dijo Encinas en entrevista con la periodista Carmen Aristegui este martes.

Encinas informó que se retomarán las líneas de investigación pendientes y los cabos sueltos que dejó la Procuraduría General de la República, así como las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) e incluso las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emitidas la semana pasada.

Algunos de los archivos bajo el resguardo del Ejército a los que se espera tener acceso incluyen los reportes generados por el 27 Batallón de la 35 Zona Militar, ubicada en la zona donde desaparecieron los estudiantes de la escuela normal.

Según Aguirre, este batallón del Ejército pudo tener nexos con la delincuencia organizada, en particular con el grupo Guerreros Unidos, cuyos miembros se sabe que secuestraron a los estudiantes. Hasta ahora ningún grupo de investigadores había tenido acceso a esta fuente de información, algo que el decreto pretende solucionar.

Para los familiares de los estudiantes no se trata de manchar la reputación del Ejército, sino de saber qué pasó con los estudiantes, cuyo paradero no se ha podido esclarecer.

"La lucha de los padres no ha sido nunca contra el Ejército como institución. Lo que tenemos son datos de que ese 27 Batallón tenía individuos con señalamientos muy claros de vínculos con la delincuencia organizada. Esos individuos tienen que ser investigados", señaló Aguirre a ADN Político.