Qué consecuencias puede tener el informe de Naciones Unidas sobre Venezuela: ¿activará la justicia internacional contra Maduro y su régimen?

Hasta ahora ningún documento elaborado por instancias multilaterales había señalado, con nombre y apellido, a los responsables de delitos contra los derechos humanos en el país. Expertos aseguran que los casos estudiados y sus escalofriantes detalles tienen el potencial de sentar a Maduro y sus acólitos en el banquillo de los acusados.
Un graffiti del presidente Nicolás Maduro en el barrio caraqueño de Petare el 16 de septiembre de 2020.
Un graffiti del presidente Nicolás Maduro en el barrio caraqueño de Petare el 16 de septiembre de 2020.AFP via Getty Images
/ Source: Telemundo

La primera consecuencia tras la publicación del informe de Naciones Unidas que al régimen venezolano de crímenes de lesa humanidad no puede palparse, pero fue real e inmediata: la reivindicación de la lucha por justicia de decenas de familiares y víctimas que sufrieron castigos indecibles por el único hecho de oponerse a la tiranía de Nicolás Maduro en Venezuela. Algunos, incluso, solo por estar en el lugar y momento equivocados.

La segunda consecuencia ha sido el rechazo que, como cascada, comienza a caer desde la comunidad internacional y se espera se mantenga en el mediano plazo.

Pero es la tercera la que, según los expertos, puede ser novedosa y muy plausible en el largo plazo: la posibilidad de que la Corte Penal Internacional abra un procedimiento judicial contra Nicolás Maduro y varias decenas de funcionarios de su Gobierno señalados como perpetradores de crímenes de lesa humanidad.

Torturas y desapariciones forzadas de forma sistemática

El informe publicado este 15 de septiembre por la Misión internacional independiente de determinación de hechos sobre Venezuela –una instancia conformada por mandado del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas– es el artífice de todos estos efectos al concluir que el Estado venezolano incurrió en los delitos de tortura, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y ejecuciones. 

Incluso señaló directamente a Maduro y altísimos miembros de su gabinete, como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López o el ex vicepresidente Diosdado Cabello, y otros 45 funcionarios, de sistematizar esas prácticas: “La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales (incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura) constituyen crímenes de lesa humanidad”.

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Para los defensores de derechos humanos en Venezuela, el documento representa una de las herramientas incriminatorias más poderosas elaboradas hasta ahora contra el régimen de Maduro. “Tanto, que puede activar a la jurisdicción internacional”, según explica Marino Alvarado, director de PROVEA, una de las organizaciones de defensa de derechos humanos más longevas y respetadas del país.

“La jurisdicción internacional asume que un delito de lesa humanidad es un delito contra la humanidad y cualquier país que tenga en su legislación la posibilidad de aplicar la jurisdicción universal podría aplicarla”, precisa. Esto convierte a más de la mitad del mundo en un lugar muy peligroso para los representantes del régimen de Maduro, pues la mayoría de los países reconocen la universalidad de los derechos humanos.

Pero más allá de este escenario, el documento revela la posibilidad casi segura de actuación de la Corte Penal Internacional (CPI). Gonzalo Himiob, abogado y miembro de la organización Foro Penal Venezolano, que da atención gratuita a todos los presos políticos venezolanos, afirma que el documento de Naciones Unidas puede convertirse en un insumo de peso para la Fiscalía de la CPI, una de las instancias habilitadas para pedir un juicio a esa instancia.

“Este es un cambio importantísimo a nivel internacional porque ya se tienen los elementos suficientes como para solicitar que se abra ya, contra personas a título individual directamente responsables, las investigaciones internacionales que a bien tengan lugar. Eso no había pasado hasta ahora”, destaca.

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Himiob recuerda que actualmente la Fiscalía de la CPI adelanta una investigación sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela luego de que en 2018 seis países latinoamericanos –hoy parte del Grupo de Lima– lo solicitaran. Sin embargo, advierte que el reciente informe de Naciones Unidas, aunque potente en sus indagatorias y conclusiones podría no ser tomado por la Fiscalía de la CPI como su única prueba.

Preso por protestar: “Nunca se supera del todo”

Mientras se avivan las expectativas sobre la actuación de la justicia internacional, la mayoría de las víctimas de delitos de lesa humanidad en Venezuela transitan el lento camino para sanar sus heridas físicas y emocionales.

Uno de ellos es el abogado Jesús García, quien estuvo preso cuatro meses por protestar en la oleada de manifestaciones contra el régimen de Maduro ocurrida entre abril y julio de 2017 y en la que fueron asesinadas 138 personas, la mayoría por agentes de las fuerzas de seguridad.

Entonces estudiante a punto de graduarse, García ratifica haber vivido en carne propia varios de los delitos reflejados en el informe cuando fue detenido en julio de 2017 en el estado costero de Anzoátegui, en la localidad de Lechería, al protestar contra el Gobierno.

Las primeras siete horas de su apresamiento sufrió torturas que recuerda vivamente. “Me golpearon, me echaban gas lacrimógeno en la cara, y me decían que me iban a matar si no hablaba”. Luego, en el destacamento de la Guardia Nacional donde estuvo el primer mes, compartió una celda pequeña con otros 30 detenidos por protestar, sin acceso a agua potable y sacando sus excrementos en bolsas o botellas plásticas cada mañana, único momento en que los sacaban a ver la luz.

El preso político Daniel Hernández se reencuentra con sus familiares y amigos tras ser liberado a finales de agosto.dpa/picture alliance via Getty I
 

García, a pesar de ser civil, fue asignado a un tribunal militar y recluido luego en una cárcel con presos comunes –la temible cárcel venezolana de La Pica, en el estado Monagas– donde también fue torturado con varios envíos al “tigrito”, una celda mínima sin acceso a luz ni ventilación por negarse a rezar en la misa dominical por la memoria de Hugo Chávez y la salud de Nicolás Maduro.

El uso de estas celdas de confinamiento (además de “el tigrito” refirieron la existencia de otras celdas llamadas “el pulpo” o “la tumba”), también fue reseñado por el informe de la Misión independiente de verificación de hechos, que realizó 274 entrevistas para documentar 223 casos de violación de derechos humanos en Venezuela, logrando investigar a fondo a 48.

Algunos presos políticos liberados recientemente por el régimen de Maduro en una especie de gesto político invitando a participar en las elecciones parlamentarias del venidero 6 de diciembre han revelado que las torturas físicas llegaban al extremo. Así lo afirmó Régulo García a VOA Noticias: "Cuando la tortura dura mucho rato, ya el cuerpo y los nervios se hacen inmunes a tanta corriente. Ya no sientes. Todo muere”.

Pero todo indica que el informe de la Misión ha dado al traste con cualquier idea de “buena voluntad” que pueda tratar de ofrecer el régimen de Maduro. Ya países como Alemania y Canadá han afirmado que un Gobierno señalado de esas atrocidades no ofrece garantía alguna para la celebración de algún proceso electoral confiable.

El canciller del régimen de Maduro, Jorge Arreaza, aseguró en una rueda de prensa que el mandatario “no sabía” de las actuaciones irregulares de los cuerpos de seguridad del Estado.

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Entre los ecos del informe de 443 páginas resuena la exigencia de justicia. El documento, que hace 65 recomendaciones, dirige 61 de estas directamente al Estado venezolano, al que conmina a cesar de inmediato las prácticas de estas actividades.

Pero al final, los directamente afectados, apresados y torturados ven en la justicia tan solo una parte de la cura, como señala García: “Uno sale (tras ser prisionero político en Venezuela) con temores, con ciertas debilidades mentales (…). Estuve en terapia con una psiquiatra y poco a poco fui calmando los nervios. Ella me detectó una depresión, me medicó por cierto tiempo, todavía me afectan ciertas cosas, pero ya pasé la etapa de depresión. Sí queda un vacío, sentimientos encontrados, no es fácil, nunca se supera del todo”.