Por Efe
El presidente, Joe Biden, calificó este viernes de "ataque flagrante a la Constitución" las restricciones que los republicanos han impuesto al voto en Georgia y otros estados.
En la noche del jueves el gobernador de Georgia, el republicano Brian Kemp, firmó una ley estatal con una reforma, impulsada por los conservadores, que limita el derecho a sufragar al añadir nuevos requisitos para poder votar en caso de querer hacerlo por correo, entre otras disposiciones.
Debido a la pandemia de COVID-19, el voto por correo fue fundamental en las elecciones generales del pasado 4 de noviembre, en las que Biden se convirtió en el primer candidato presidencial demócrata en ganar en 28 años en ese estado sureño.
En su comunicado, Biden afirmó que la nueva ley es "el Jim Crow del siglo XXI", en referencia a las normas que institucionalizaron la segregación racial en Estados Unidos a finales del siglo XIX.
En ese sentido, advirtió de que la reforma de Georgia perjudicará sobre todo a los votantes afroamericanos.
"Entre las partes escandalosas de esta nueva ley estatal, la jornada de votación acaba temprano, por lo que los trabajadores no podrán emitir su sufragio después de laborar. Añade restricciones rígidas para votar en ausencia, lo que denegará el voto a electores innumerables", siguió.
"Y convierte en delito —apuntó Biden— proporcionar agua a los votantes mientras esperan en la cola; unas colas que los responsables republicanos han creado reduciendo el número de centros de votación en el estado, de manera desproporcionada en barrios negros".
La reforma en Georgia se produce en un momento en el que los demócratas en el Senado del país intentan aprobar una legislación federal, la llamada Ley por la Gente.
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Biden instó al Congreso a dar su visto bueno a esa norma y a la ley por el progreso del derecho al voto John Lewis (por el congresista y defensor de los derechos civiles con el mismo nombre, fallecido en 2020) porque ambas normas, en su opinión, protegerán el derecho al voto de todos los estadounidenses.
Los republicanos controlan 30 de los 50 parlamentos estatales del país y, en las últimas semanas, han aprobado o están considerando leyes que restringen el derecho al voto, lo que se produce después de que en las elecciones de noviembre pasado se alcanzara un récord de participación.