El Gobierno de Donald Trump se apresura a realizar una serie de cambios regulatorios a nivel federal antes de que el presidente electo, Joe Biden, le releve en la Csasa Blanca el 20 de enero, informó ProPublica el miércoles.
Uno de esos cambios, propuesto por el Departamento de Justicia, permitiría que algunos presos federales condenados a muerte fuesen ejecutados por medios distintos de la inyección letal.
El método predeterminado para las ejecuciones federales es la inyección letal, excepto si un juez ordena explícitamente lo contrario. Pero muchos estados con la pena de muerte permiten que las ejecuciones se lleven a cabo por otros medios, como la electrocución, un pelotón de fusilamiento y la hipoxia de nitrógeno. Tennessee, por ejemplo, ejecutó a un preso condenado a muerte con electrocución en diciembre.
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Aunque la inyección letal se presentó inicialmente como un método de ejecución más humano y menos violento que la silla eléctrica o un pelotón de fusilamiento, ciertas drogas de inyección letal —o los problemas para administrarlas— han provocado complicaciones, y algunas inyecciones fallidas que provocan muertes dolorosas.
Ocho presos federales condenados a muerte han sido ejecutados desde que el Departamento de Justicia reanudó las ejecuciones federales en julio, y se han programado cinco ejecuciones federales más durante el período de transición.
En julio, Daniel Lewis Lee, condenado por asesinar a una familia de Arkansas en 1996, se convirtió en el primer preso federal ejecutado en 17 años. Más recientemente, Orlando Hall fue ejecutado el 20 de noviembre por el secuestro, violación y asesinato de una adolescente de Texas en 1994.
Ruth Friedman, directora del Proyecto Federal Capital Habeas, quien representó al primer hombre ejecutado por la Administración Trump, calificó la regla como un “gran abuso de poder”.
En una entrevista con el diario The New York Times criticó la decisión del departamento de erradicar algunos controles judiciales como el requisito de que un abogado del gobierno presente al tribunal, entre otros asuntos, la fecha y el lugar de la ejecución, una disposición que las autoridades consideran redundante.
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Friedman también dijo que, más preocupante que la propuesta, era la intención del Gobierno de ejecutar a los prisioneros tan poco antes de que se inicie la gestión de Biden, quien ha manifestado su oposición a la pena capital.
La propuesta para el cambio de regla decía que “la muerte por fusilamiento y la muerte por electrocución no violan la prohibición de la Octava Enmienda sobre castigos crueles e inusuales” según el precedente prevaleciente de la Corte Suprema.
También citó los casos judiciales Bucklew v. Precythe y Glossip v. Gross, en los que los presos condenados a muerte dijeron que el uso de inyecciones letales por parte de los estados violaba la Octava Enmienda, sin éxito.
Según las autoridades, la regla propuesta “asegura que el Departamento de Justicia esté autorizado a utilizar la más amplia gama de formas de ejecución humana permitidas por la ley”.
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Sin embargo, ProPublica informó que es posible que el cambio no se aplique en ninguna ejecución. Se prevé que todas las ejecuciones federales restantes programadas antes de que el presidente electo, Joe Biden, asuma el cargo el 20 de enero se realicen mediante inyección letal. Biden se opone al uso de la pena de muerte y ha indicado que su Administración no buscará la ejecución de prisioneros federales condenados a muerte.
Robert Dunham, el director ejecutivo del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, espera que la nueva regla probablemente resultaría en menos desafíos legales y menos complicados para las ejecuciones, pero que rápidamente se volvería inútil cuando se inicie el nuevo Gobierno que no busca ejecutar a los reclusos.
“Nos dice más sobre el interés de la actual administración por matar prisioneros, que sobre cualquier necesidad real de rehabilitación”, dijo en una entrevista con The New York Times.
Con información de Propublica, Mic y The New York Times