WASHINGTON.— El presidente, Donald Trump, prevé firmar una orden ejecutiva esta semana para que agentes federales tomen el control de varias ciudades bajo liderazgo demócrata, entre ellas Nueva York.
Nadie allí ha pedido esa ayuda que, por el contrario, podría desatar una crisis constitucional mayúscula, advierten expertos.
En la lista de ciudades están también Chicago (Illinois), Philadelphia (Pennsylvania), Detroit (Michigan), Baltimore (Maryland), y Oakland (California). Trump ha dicho que estas ciudades "administradas por demócratas liberales" podrían ver una presencia mayor y más dura de agentes federales.
Al alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, la idea no le sentó nada bien. La mañana del martes dijo en una rueda de prensa que Trump "exagera y fanfarronea" y luego no cumple lo que promete. Pero advirtió de que si Trump trata de enviar a la policía federal a Nueva York, "inmediatamente tomaremos medidas legales para detenerlo".
En Chicago, otra gran urbe bajo control demócrata, Trump autorizó el depliegue de 150 agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés), según el diario The Chicago Tribune.
Allí, la misión de los agentes de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional sigue bajo un velo de misterio. Una fuente dijo al diario que presuntamente ayudarán con tareas anti-crimen, y la policía pidió en un comunicado que los agentes federales coordinen con las autoridades locales.
Pero hasta ahora los funcionarios de Chicago no conocen los detalles del despliegue. Esto es inusual, ya que las autoridades locales y federales suelen trabajar de la mano en este tipo de despliegues conjuntos.
Los despliegues comenzaron el pasado fin de semana, cuando policías y agentes federales reprimieron a los manifestantes en Portland, Oregon, con gases lacrimógenos, balas de goma y el ruido de peligrosas armas acústicas.
Era la respuesta violenta a manifestantes que desde hace mes y medio protestan allí contra la brutalidad policial y el racismo tras la muerte de George Floyd a manos de un policía blanco en Minnesota el pasado 25 de mayo.
Y el mes pasado, Trump de nuevo desató críticas al desplegar al Ejército cerca a la Casa Blanca para dispersar a manifestantes en el Parque Lafayette. Tanto los miembros del Ejército como de la Guardia Nacional eventualmente se replegaron a sus cuarteles por el rechazo que generaron.
Por qué es tan grave este despliegue
Lo que ha sonado las alarmas de abogados y defensores de los derechos civiles en el país es que, además, las autoridades federales, portando armas de calibre militar y apoyadas por agentes de Inmigración, han sembrado el terror al arrestar y arrojar a manifestantes a vehículos particulares sin insignia oficial.
Escenas así parecen más propias de regímenes autoritarios que de una democracia en la que la disensión es fundamental, dicen observadores legales y líderes de la oposición demócrata.
Pese a las objeciones del alcalde de Portland, Ted Wheeler, el secretario de Seguridad Nacional, Chad Wolf, dijo hoy a los periodistas que los agentes federales "no se retirarán" de la urbe para proteger los edificios federales.
"Si eres alquien que causa disturbios violentos para infligir daños a la propiedad federal o a los policías, tendrás que buscar otro tipo de trabajo", sentenció Wolf, al insistir en que las operaciones policiales de anoche estuvieron dirigidas contra personas implicadas en "actividad criminal".
Wolf negó que los agentes federales no porten insignias que los identifiquen, y confirmó que 43 personas han sido arrestadas en Portland desde el pasado 4 de julio.
Viene otra orden ejecutiva: la “toma” federal de ciudades
El Gobierno de Trump está preparando, junto con el Departamento de Justicia, una medida ejecutiva que ampliará la “toma” federal de ciudades bajo control demócrata, según dijo el jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, a la cadena conservadora Fox News.
Meadows, quien aseguró que el gobierno federal no tolerará disturbios como los ocurridos en Portland en la última semana, adelantó que enviarán agentes a Milwaukee (Wisconsin), y otras ciudades del centro del país.
Según Meadows, esta orden ejecutiva dará seguimiento a la que Trump anunció el pasado 23 de junio para castigar con hasta 10 años de cárcel a quienes destruyan estatuas y monumentos federales.
Esa orden ejecutiva, acompañada de “equipos de rápido despliegue” del DHS, sólo reafirmó una ley federal de 2003 que encarcela por hasta una década a personas que destruyan, o intentan destruir, estatuas, monumentos, placas, estructuras y propiedades públicas que conmemoran a figuras de las Fuerzas Armadas.
El número dos del DHS, Ken Cuccinelli, lo confirmó a la cadena de radio pública NPR: la Administración Trump no dará tregua y reprimirá con mano dura a quienes violen esta ley.
Cuccinelli defendió el uso de vehículos sin identificación oficial como medida para proteger tanto a los agentes como a los detenidos durante los interrogatorios.
En entrevista con Fox News el fin de semana, Trump defendió la represión contra los manifestantes en Portland, a quienes tachó de “anarquistas” que merecen “mano dura”. En otras ocasiones los ha llamado "matones".
¿Se justifica?
Los problemas de seguridad en las ciudades están bajo control de las autoridades locales y no justifican un conflicto de baja intensidad de mano del gobierno federal, dicen expertos.
Aunque ha habido brotes de violencia en las protestas -infiltradas en ocasiones por grupos extremistas ajenos al movimiento Black Lives Matter- la mayoría de las manifestaciones han sido pacíficas.
Las autoridades locales y estatales, entre éstas Wheeler, han condenado esa violencia aislada y han rechazado la intromisión del gobierno federal. Wheeler incluso acusó a Trump de actuar de forma ilegal.
“No solo creo que está violando la ley, sino que también está poniendo en peligro la vida de los habitantes de Portland. Sus acciones son inconstitucionales”, dijo Wheeler en Twitter.
Expertos, activistas y legisladores consultados por Noticias Telemundo coincidieron en que las tareas policiales recaen sobre las autoridades locales y estatales y, en todo caso, no existe la “anarquía” que pinta Trump.
Trump “quiere presentarse como un líder de la ley y el orden, pero cuando la gente se siente más amenazada por un virus que por la criminalidad, eso no es fácil. Por eso vemos que está escalando muy visiblemente una batalla contra lo que considera un desorden”, explicó Michael Kagan, profesor de Leyes y experto en asuntos criminales de la Universidad de Nevada en Las Vegas.
“Probablemente no consiga una victoria, pero al menos logra poner este asunto en la agenda nacional; no creo que haya una justificación seria del todo para este despliegue… la idea de usar agentes federales contra el vandalismo es absurda”, agregó.
El peligro, según Kagan, es que se “normalicen” los ataques partidistas de la Casa Blanca contra la oposición, porque en este caso, además, se recurre al uso del poderío del gobierno federal.
Por su parte, Lynn Tramonte, directora de Ohio Immigrant Alliance, recordó que ese estado conmemora cada mayo la muerte de cuatro estudiantes asesinados por la Guardia Nacional durante las protestas contra la Guerra en Vietnam en la Universidad de Ken State.
Otros nueve estudiantes recibieron disparos de agentes federales. Es un recordatorio de los excesos a los que pueden llegar las autoridades.
“Tan solo escuchar ‘Ken State’ deja una sensación de malestar en la boca del estómago. La idea de que tu propio gobierno te ataque por ejercer tus derechos democráticos pareciera ficción, hasta que pasa”, señaló.
Cuando el gobierno federal ha desplegado agentes a las ciudades, o la Guardia Nacional ha patrullado las calles, lo ha hecho en coordinación con los gobiernos locales, no por discordias.
Lo hizo así durante el movimiento de los derechos civiles en la década de 1960, para hacer cumplir las nuevas órdenes contra la segregación racial. Pero los agentes federales también reprimieron con violencia las protestas contra el racismo.
¿Puede ser estrategia electoral?
A menos de cuatro meses para las elecciones, la nueva orden ejecutiva serviría de distracción de lo mal que la Administración Trump ha manejado la pandemia del COVID-19, dijeron líderes demócratas, que pidieron el lunes una investigación de los disturbios en Portland.
La mayoría de los votantes desaprueban de cómo Trump ha manejado la crisis por la pandemia del COVID-19, y eso explica su bajón en los sondeos frente a su eventual rival demócrata, el exvicepresidente Joe Biden.
El congresista demócrata por Arizona, Raúl Grijalva, condenó la represión en Portland como augurio de lo que podría ocurrir en otras ciudades si se permite que Trump utilice una “policía secreta” para restablecer el orden en las calles.
Es una violación de los derechos civiles “tan peligrosa como anticonstitucional”: por años, DHS desató a agentes federales contra familias inmigrantes, “y ahora están cargando contra ciudadanos estadounidenses”, advirtió Grijalva.
Para Grijalva, la nueva orden ejecutiva, si se produce, es otro esfuerzo de Trump "por revitalizar a una base que ahora vacila ante sus fracasos colosales". El congresista vaticinó que, al final, los votantes "no aceptarán que esté usando a militares contra la ciudadanía en esta flagrante traición de libertades civiles".
Frank Sharry, director ejecutivo del grupo pro-inmigrante, America’s Voice, dijo que la Administración Trump ha promovido la falsa narrativa de que las ciudades bajo control demócrata son un “hervidero de violencia anarquista”, con la intención de meter miedo a los votantes en zonas urbanas y que voten por Trump.
“Estamos ante una escalada peligrosa de Trump y sus aliados. El DHS está siendo utilizado por un aspirante a dictador que está fuera de control… no se trata de la coordinación entre autoridades locales y federales, o cómo proteger mejor los edificios federales. Es un momento de la verdad para nuestra democracia”, advirtió Sharry.
Mientras, la Unión de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés), ha entablado varias demandas contra la Administración para proteger la libertad de expresión y otros derechos de los manifestantes, alarmada por lo que considera una “crisis constitucional sin precedente” en Portland y otras ciudades.
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