Por Pete Williams - NBC News
Steve Bannon, el exasesor más cercano de Trump y ex estratega en jefe de la Casa Blanca, fue imputado este viernes por un gran jurado federal por desacato al Congreso, luego de que se rehusara a responder las preguntas del comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero.
En caso de ser condenado, Bannon podría enfrentar hasta un año de prisión y una multa de hasta 100,000 dólares.
El hecho de que el Departamento de Justicia estaba dispuesto a acusarlo de desacato criminal, a pesar de una afirmación del privilegio ejecutivo, podría ayudar a persuadir a otros testigos que están reacios a cooperar con la investigación del comité.
Es la primera vez que alguien es acusado por desacato al Congreso en un caso en el que se invocó el privilegio ejecutivo. Los casos anteriores involucraron a personas acusadas cuando se requería su testimonio en relación con su labor en el Gobierno. En cambio, Bannon dejó su trabajo en la Casa Blanca en 2017, mucho antes del periodo de interés que investiga el comité del Congreso.
El comité ha citado a 16 exfuncionarios de la Casa Blanca cuando Trump era presidente para que testifiquen o presenten documentos.
Mañana se va a desatar todo el infierno"
Steve Bannon el día antes de la insurreción
La Cámara de Representantes votó este 27 de octubre a favor de declarar a Bannon en desacato, después de que se negara a proporcionar documentos y testimonios al comité que investiga los hechos del 6 de enero. Los miembros del comité citaron las declaraciones que hizo Bannon al aire en su programa de radio el día antes del motín.
"Mañana se va a desatar todo el infierno", dijo en el programa ese día.
El panel de la Cámara de Representantes sugirió que Bannon "tenía algún conocimiento de los eventos extremos que iban a ocurrir el día siguiente.
El abogado de Bannon, Robert Costello, le dijo al comité que su cliente no iba a cumplir con la citación. La carta indicaba que el expresidente Donald Trump había decidido invocar el privilegio ejecutivo y recomendaba a sus asociados no revelar nada que pudiese estar protegido por el privilegio.
Nunca se ha establecido de manera definitiva cuál es el alcance del privilegio ejecutivo que invoca un expresidente. La Corte de Apelaciones para el Distrito de Columbia revisará precisamente eso el 30 de noviembre, en una disputa entre Trump y los Archivos Nacionales y los documentos que de ahí ha solicitado el comité del 6 de enero.
Para obtener una condena por cualquier delito se requiere una prueba de haber actuado con intención indebida, y Bannon puede tener una fuerte defensa al argumentar que actuó siguiendo el consejo de su abogado de no testificar. Algunos tribunales federales han dictaminado que confiar de buena fe en el consejo de un abogado es una defensa completa en una acción penal por desacato.
Como cualquier persona acusada de un delito, Bannon ahora pasará por el proceso normal en un tribunal federal. Será procesado y hará una declaración. A menos que se declare culpable, el juez fijará una fecha para el juicio. Sin embargo, una condena no le obligaría a testificar ante el comité de la Cámara de Representantes. Simplemente constituiría su castigo por negarse a hacerlo.
El historial de enjuiciamientos exitosos por desacato al Congreso es escaso. La autoridad fue ampliamente invocada durante las audiencias anticomunistas de la década de 1950, pero muchos de esos casos terminaron en absolución o fueron desestimados en la apelación.
La última imputación del Departamento de Justicia por un caso de desacato ocurrió en 1983, durante la investigación del Superfund en la Administración Reagan. La exfuncionaria de la Agencia de Protección Ambiental, Rita Lavelle, fue acusada de desacato, pero su caso también terminó siendo absuelto.