Por Maria Ramirez Uribe - Politifact
En la carrera de las elecciones primarias republicanas para escoger al gobernador de Arizona, Kari Lake, candidata respaldada por el expresidente Donald Trump, afirmó que una de sus adversarias, Karrin Taylor Robson, “está en contra de poner a Estados Unidos primero”.
En un anuncio televisivo de 30 segundos que Lake tuiteó el 7 de julio, aseguró que Robson dio “descuentos en la matrícula escolar y nos hizo pagar por ello”.
Lake también lo dijo el 6 de julio en el podcast de Steve Bannon War Room. Donde afirmó que Robson votó para dar a inmigrantes “una matrícula reducida menor que la que tenían que pagar los estudiantes estadounidenses”.
Robson sirvió en la Junta de Regentes de Arizona, el órgano de gobierno del sistema universitario público de Arizona, de 2017 a 2021.
La campaña de Lake sostuvo que la afirmación se basa en tres votos de la Junta de Regentes de Arizona sobre la matrícula para los estudiantes que se encuentran en el país de forma irregular.
La afirmación es parcialmente correcta.
Los estudiantes que viven en Estados Unidos de forma irregular y que se gradúan en una escuela secundaria de Arizona pueden optar a una tasa de matrícula reducida fuera del estado en las universidades públicas de Arizona. La junta, incluida Robson, votó para permitirlo.
Pero este tipo de matrícula no está subvencionada, lo que significa que no la pagan los contribuyentes.
Además, la tasa de descuento también está disponible para ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes que pueden aplicar al cumplir los requisitos establecidos.
Así han cambiado los criterios a través de los años
La matrícula estatal para estudiantes de Arizona que viven en Estados Unidos de forma irregular ha pasado por años de desafíos legales.
Una iniciativa electoral de 2006, la Propuesta 300, la prohibió. Sin embargo, en 2012 el Gobierno de Barack Obama creó el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que impide la deportación de los inmigrantes que entraron irregularmente al país cuando eran niños.
Como resultado, el Distrito de Colegios Comunitarios del condado de Maricopa comenzó a ofrecer a los estudiantes elegibles para DACA la matrícula estatal, aceptando su permiso de trabajo como prueba de residencia. En 2013, el entonces fiscal general de Arizona, Tom Horne, demandó al Distrito de Colegios Comunitarios de Maricopa por esta decisión, alegando que violaba la Proposición 300.
Un tribunal superior del condado de Maricopa dictaminó en 2015 que ampliar la matrícula estatal a los beneficiarios de DACA no era ilegal. Ese mismo año, la Junta de Regentes de Arizona votó para permitirla para los dreamers. Robson no estaba en la junta en ese momento.
En junio de 2017, la Corte de Apelaciones de Arizona anuló el fallo del tribunal inferior, diciendo que los beneficiarios de DACA no eran elegibles. Maricopa Community Colleges apeló la decisión ante la Corte Suprema de Arizona.
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Ese mismo mes, en uno de los primeros días de Robson en la Junta de Regentes de Arizona, se votó 7-1 para continuar proporcionando la matrícula estatal a los dreamers mientras el caso estaba en litigio. Robson apoyó la medida.
En 2018, la Corte Suprema de Arizona estuvo de acuerdo con el tribunal de apelaciones y dictaminó que los estudiantes DACA no eran elegibles.
Como respuesta, la Junta de Regentes prohibió la matrícula estatal para los dreamers, pero recurrió a una regla de la junta de 2015 que le permitió proporcionar costos de matrícula más bajos para los beneficiarios de DACA de Arizona.
Esa norma creó una “tasa de matrícula para no residentes graduados de la escuela secundaria”, del 150% de la matrícula estatal para aquellos que no eran elegibles pero que cumplían con una serie de criterios ente ellos:
- Haber asistido a una escuela secundaria de Arizona durante al menos tres años;
- Graduarse de una escuela secundaria de Arizona; y
- Estar “presentes legalmente” en Arizona. (Los beneficiarios de DACA se consideran “presentes legalmente”; que no es lo mismo que tener un estatus legal).
En 2019, la junta votó por unanimidad para enmendar la política de 2015 para que todos los estudiantes que viven de forma irregular en Arizona, no solo los dreamers, sean elegibles para la tasa reducida de no residentes.
Actualmente, la matrícula para residentes en la Universidad Estatal de Arizona, una de las tres universidades públicas que supervisa la Junta, es de unos 13,000 dólares al año. La matrícula para no residentes es de 19,000 dólares y 32,000 dólares para personas fuera del estado.
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En 2021, la junta, en un voto simbólico, ratificó su apoyo a la legislación que permite que los dreamers y otros graduados de secundaria en Arizona sean elegibles para la matrícula estatal. Este voto no cambió ninguna política.
En noviembre, los habitantes de ese estado votarán sobre una medida que busca una derogación parcial de la Proposición 300.
Los contribuyentes de Arizona no pagan la tasa de matrícula para no residentes
El anuncio de Lake engaña a los electores al afirmar que los votos de Robson hicieron que los costos de la matrícula recayeran sobre los contribuyentes.
Un estudiante que reúne los requisitos para la tasa de matrícula reducida es responsable de pagarla.
Aquellos que viven en el país de forma irregular no son elegibles para recibir ayuda económica federal, y en Arizona, debido a la Proposición 300, tampoco lo son para optar a ayuda financiada por el estado. Estos estudiantes dependen de su propio dinero y de ayudas privadas para pagar la universidad.
Arizona gasta menos que la mayoría de los estados en educación superior, según datos del Urban Institute. Una gran parte del financiamiento proviene de los pagos de las matrículas, no del dinero de los impuestos.
Todos los estudiantes que se gradúan de una escuela secundaria de Arizona, independientemente de su estatus migratorio, son elegibles para la tasa de matrícula reducida fuera del estado si cumplen con todos los criterios.
Nuestro veredicto
Lake afirmó que Robson dio “beneficios de matrícula y nos hizo pagar por ellos”.
Mientras estaba en la Junta de Regentes, Robson votó para permitir que los estudiantes DACA siguieran pagando la matrícula estatal mientras se resolvía en los tribunales un caso sobre su elegibilidad para esta tasa. También votó para que estudiantes en situación irregular califiquen para una tasa de matrícula fuera del estado reducida si cumplen con otros requisitos.
Esta matrícula no está subvencionada, lo que significa que el Gobierno no la paga. Quienes se encuentran irregularmente en el país no pueden optar a ayudas económicas ni a préstamos estudiantiles.
Calificamos esta afirmación como Medio Verdadera.