Por Lisa Marie Pane - The Associated Press
El debate sobre armas de fuego en Estados Unidos entrará muy pronto en un nuevo capítulo con un demócrata en la Casa Blanca, luego de cuatro años bajo el mandato de Donald Trump, en que los activistas por el control de armas exigieron duras reformas tras las masacres en lugares como Las Vegas, El Paso y Parkland, Florida.
Pero cualquier esperanza de que el presidente electo, Joe Biden, vaya a lanzar una nueva era de restricciones podría quedar frustrada debido a la misma polarización que ha frenado iniciativas similares en Washington a Gobiernos previos.
Los objetivos en la agenda -mayormente relegados en años recientes- incluyen renovar una prohibición de fusiles automáticos de estilo AR, los chequeos universales de antecedentes, las restricciones a los cargadores de gran capacidad y una ley federal creada para prevenir que personas con riesgo de causarse daños a sí mismas o a otros compren armas.
Pero virtualmente todos esos pasos requieren la acción del Congreso. Y no importa el resultado de dos contiendas en Georgia por el control del Senado, que determinarán qué partido controlará esta cámara, será difícil conseguir que una mayoría de los legisladores respalden los cambio.
Una razón clave es que esos asuntos se han vuelto muy polarizados. Años atrás, las políticas sobre armas de fuego cruzaban las líneas partidistas y era más fácil para republicanos y demócratas encontrar posiciones comunes.
“Solía haber demócratas que eran muy proarmas y legisladores demócratas que ganaron distritos en parte por sus opiniones proarmas”, recordó Matt Grossman, profesor asociado en la Universidad Estatal de Michigan y director de su Instituto de Políticas Públicas y Estudios Sociales. “Pero ya no existe eso”, añadió.
El número de armas de fuego se ha multiplicado en los últimos 12 años, comenzando durante la Administración del expresidente Barack Obama cuando los dueños de armas temían que éste impondría restricciones significativas.
Continuó creciendo durante el término de Trump. En los primeros años de su presidencia, los estadounidenses acumularon armas de fuego temiendo nuevas medidas restrictivas tras las masacres. Los agentes de presión política ganaron más impulso en el último año, con la intranquilidad civil, la crisis económica y la pandemia impulsando las compras.
Y con la pandemia dominando la conversación, el asunto de las armas quedó relegado en las elecciones del 2020.
Sin embargo, los grupos de control de armas siguen deseando que se les escuche. Para empezar, quieren verificaciones universales de antecedentes que requerirían un examen de todas las ventas de armas y una prohibición a las ventas en internet de armas, municiones y piezas.
Entre las propuestas legislativas, una que parece tener algún respaldo bipartidista es una ley federal que haría más fácil confiscarles temporalmente armas de fuego a personas consideradas un peligro para sí mismas o para otros. Menos de una veintena de estados tienen leyes así.
Los grupos procontrol están además resaltando más activamente los temores que tienen sobre la abundancia de armas de fuego en los hogares estadounidenses, afirmando que conducen a suicidios y asesinatos.
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En una conferencia de prensa el jueves, la agrupación Everytown for Gun Safety mencionó estadísticas que muestran que las llamadas a las líneas directas de violencia doméstica y de suicidio han subido y la violencia con armas de fuego en las ciudades está aumentando.
Su lista de prioridades incluye restricciones al acceso a armas no rastreables y tomar medidas contra personas que consiguen comprar armas de fuego si la verificación de antecedentes por el FBI no está lista en los tres días requeridos.
“La necesidad de actuar es urgente”, afirmó Michael-Sean Spence, director de iniciativas comunitarias de Everytown. “Era ya una crisis de salud pública antes de la llegada del COVID-19, y la pandemia lo ha hecho mucho peor”, agregó.
Hay otros pasos que Biden puede dar administrativamente. Entre los asuntos claves que casi seguramente se abordarán está una regla adoptada en las últimas semanas de la administración Obama pero anulada pronto por Trump: requerir que la Administración del Seguro Social provea información al sistema de revisión de antecedentes en compras de armas sobre beneficiarios con problemas mentales tan graves que no pueden trabajar, ni lidiar con sus propias prestaciones. La regla afectaría a unas 75,000 personas.
La ley más deseada por los activistas procontrol de armas ha sido una renovación de la prohibición de fusiles de asalto que expiró en el 2004. Biden tuvo un papel central en el auspicio de esa prohibición y ha prometido que presionará por otra proscripción de las armas semiautomáticas que han aumentado en popularidad desde su regreso al mercado.
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Mucho ha cambiado desde que la prohibición inicial fue aprobada, desde el panorama político hasta la saturación de esas armas en el mercado civil.
En los años antes y después de la prohibición, había un estimado de 8.5 millones de fusiles estilo AR en circulación en Estados Unidos. Desde que la prohibición fue levantada, los fusiles -que la industria cataloga como “fusiles modernos de caza”- han ganado popularidad. La National Shooting Sports Foundation estima ahora que hay más de 17 millones en circulación. Y hay casi seguramente más después de este año, que consistentemente destrozó récords mensuales de revisiones federales de antecedentes.
La Asociación Nacional del Rifle (NRA, en inglés) que inyectó decenas de millones de dólares a la campaña electoral de Trump en el 2016, se ha visto debilitada por disputas internas además de litigios legales por sus finanzas. Aunque sigue siendo una fuerza política, no está clara la influencia que logrará en la Administración Biden.
Alan Gottlieb, fundador de la Second Amendment Foundation, un grupo defensor del derecho a poseer armas, dijo que está observando las dos contiendas senatoriales en Georgia para determinar quién controla el Senado.
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Pero suceda lo que suceda, tiene esperanzas de que los esfuerzos para restringir severamente las armas de fuego enfrentarán resistencia en las cortes después de cuatro años de Trump nombrando jueces conservadores en el sistema de cortes federales, además de la Corte Suprema.
“Sabemos sus posiciones, sabemos lo que quieren hacer. Tienen una larga lista de cosas que quisieran lograr. Y veremos adónde vamos con eso”, dijo Gottlieb.