Por Rebecca Shabad - NBC News
WASHINGTON — El hombre que disparó y mató a 10 personas en Boulder, Colorado, el mes pasado usó un estabilizador para su pistola semiautomática, para elevar su precisión. Una de las acciones ejecutivas que anunció el presidente, Joe Biden, para frenar la violencia con armas endurecerá el acceso a estos accesorios.
La medida fue una de varias acciones ejecutivas que Biden anunció la semana pasada con motivo de los tiroteos en Boulder y el área de Atlanta el mes pasado.
Los expertos en violencia con armas de fuego y los activistas que presionan por restricciones más estrictas de las armas de fuego señalan que las acciones unilaterales de Biden podrían conducir a una reducción en la violencia con armas de fuego, pero que se necesitaría la acción del Congreso para imponer cambios sustanciales, una perspectiva que difusa ante la división entre demócratas y republicanos.
La violencia armada se ha disparado en los últimos años. Gun Violence Archive, una organización sin fines de lucro que rastrea la violencia con armas de fuego en los EE. UU., reveló que más de 19,000 personas murieron en homicidios con armas de fuego el año pasado, la mayor cantidad en más de dos décadas, casi un 25% más que en 2019.
"Armas fantasma"
Entre las acciones ejecutivas anunciadas, Biden ordenó al Departamento de Justicia (DOJ, por su sigla en inglés) que proponga una regla para frenar la proliferación de las llamadas "armas fantasma", que se pueden construir en casa a partir de kits que no incluyen números de serie, lo que las hace imposibles de rastrear.
Los expertos dicen que las armas se están volviendo más populares entre los grupos de milicias, como los miembros del movimiento boogaloo, un movimiento de extrema derecha antigubernamental en Estados Unidos, y las pandillas callejeras, como los Latin Kings, ya que las piezas de estas armas se pueden comprar sin verificación de antecedentes federales.
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Las autoridades de Los Ángeles, Baltimore y Washington D.C. han descubierto con más frecuencia armas de fuego caseras en delitos.
En 2019, un adolescente que disparó a cinco estudiantes y mató a dos en una escuela secundaria en Santa Clarita, California, usó una pistola semiautomática calibre .45 ensamblada a partir de piezas.
En marzo del año pasado, un hombre de San Diego fue arrestado por subirse a un vuelo con destino a Londres con una réplica de una pistola fantasma Glock 19 en el fondo de su bolso de mano cargada con casi una docena de cartuchos de 9 milímetros.
Y en noviembre, un delincuente convicto de Baltimore fue sentenciado a 21 años en una prisión federal por 10 robos a mano armada en bancos y licorerías, en dos de los cuales se usó una "pistola fantasma".
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No hay suficientes datos sobre el uso de estas armas ya que no se pueden rastrear. El grupo de defensa del control de armas Everytown for Gun Safety afirma que hasta que los departamentos de policía puedan rastrearlas, los enjuiciamientos penales son el mejor indicador de su proliferación. En una revisión de 114 casos federales durante la última década, el grupo reveló que más de 2,500 "armas fantasma" estaban relacionadas a actividades delictivas.
Mientras tanto, según la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por su sigla en inglés), las agencias policiales recuperaron alrededor de 10,000 armas fantasmas en 2019.
Everytown descubrió que el número de estados donde se encuentran los vendedores en línea de piezas de armas aumentó de 12 en 2014 a 26 el año pasado.
Durante la conferencia de prensa en la que Biden anunció las medidas, el fiscal general, Merrick Garland, indicó que la regla de la administración probablemente clasificaría los kits de armas de bricolaje como armas de fuego para que pudieran ser regulados por la ley federal, que, según los expertos, podría contribuir en gran medida a frenar su uso.
Daniel Webster, director del Centro Johns Hopkins para la Prevención y Política de la Violencia con Armas de Fuego, dijo que si las autoridades "no actúan con rapidez" se van a elevar las tasas de violencia con armas de fuego, tanto la violencia urbana como así como el terrorismo doméstico. Creo que es un movimiento muy significativo e importante que tendrá un impacto. Mejorará nuestra seguridad pública", opinó.
Leyes de bandera roja
Biden también ordenó al Departamento de Justicia que desarrolle una legislación que los estados puedan usar como modelo para las leyes de "bandera roja", que permitan a la policía o miembros de la familia solicitar a los tribunales estatales que retiren temporalmente armas de fuego de aquellos que presentan un peligro para ellos mismos o para otros.
Diecinueve estados y Washington D.C. han aprobado dichas leyes, según Everytown; 14 lo hicieron después del tiroteo masivo de 2018 en una escuela secundaria en Parkland, Florida, que dejó 17 muertos. Algunos expertos han dicho que una ley de ese tipo en Florida podría haber ayudado a prevenir el tiroteo porque se había advertido al FBI sobre las declaraciones cada vez más alarmantes del pistolero, pero nunca se actuó en consecuencia.
Y algunas investigaciones han demostrado que las leyes pueden reducir la violencia armada. Un estudio realizado en 2018 reveló que los suicidios en Connecticut se redujeron en aproximadamente un 1.6% después de que el estado promulgara su primera ley de bandera roja en la nación en 1999 y luego en un 13.7% en el período posterior al tiroteo masivo en Virginia Tech en 2007, cuando la ley se hizo más estricta.
El mismo estudio encontró que la ley de Indiana, que se aprobó en 2005, provocó una disminución del 7.5% en los suicidios relacionados con armas de fuego en la década posterior a su implementación.
La evidencia disponible sugiere que las leyes de bandera roja "pueden tener un impacto positivo en la prevención del suicidio", segñun apuntó la Comisión Federal de Seguridad Escolar en un informe de 2018. "No sabemos si tienen un impacto en la violencia armada en general", añadieron.
Algunos republicanos, incluidos los senadores Marco Rubio y Rick Scott, ambos por Florida, han expresado su apoyo a las leyes de bandera roja. Recientemente reintrodujeron un proyecto de ley con los senadores Jack Reed, demócrata por Rhode Island y Angus King, independiente por Maine, que pondría fondos federales a disposición de los estados para implementar tales leyes, pero no está claro si la medida, que ha enfrentado la oposición de algunos defensores de los derechos de las armas de fuego, tiene alguna posibilidad de avanzar en el Congreso.
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La Asociación Nacional del Rifle también ha dejado en claro que se opone a las acciones de Biden, tuiteando que "podrían exigir a los ciudadanos respetuosos de la ley que entreguen la propiedad legal y presionar a los estados para que amplíen las órdenes de confiscación de armas", y diciendo que la NRA "está lista para luchar". "
Programas de intervención comunitaria
Un movimiento que podría tener un gran efecto, según algunos expertos, es la priorización por parte de la Administración Biden de los programas de intervención y prevención de la violencia comunitaria. La acción ejecutiva ordena a cinco agencias federales que realicen cambios en 26 programas que apoyan y financian dichos programas.
Una de esas iniciativas es el Proyecto Vecindarios Seguros, que el Departamento de Justicia lanzó en 2001 y reforzó en 2017. Un informe anual publicado en octubre reveló que la iniciativa "redujo exitosamente los delitos violentos en un promedio de 4 a 20%, con reducciones de hasta el 42% en ciertos lugares".
El esfuerzo de Biden para "lograr que las agencias federales proporcionen más dinero para los programas de intervención contra la violencia parece prometedor", apuntó Jens Ludwig, economista de la Universidad de Chicago. "Está claro que existe una necesidad esfuerzos adicionales de prevención de la violencia que no dependan únicamente del sistema de justicia penal, y los recursos históricamente han sido una barrera importante para lograrlo", agregó.
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El plan de infraestructura de Biden asignaría 5,000 millones de dólares a esos programas.
Otra de sus acciones ejecutivas insta al Departamento de Justicia a emitir un informe sobre el tráfico de armas de fuego, que según Ludwig podría iluminar mejor los patrones de las armas que cruzan las fronteras estatales. Garland recordó que el último estudio de este tipo se realizó hace más de 20 años.
Inacción del Congreso
Aunque las acciones de Biden podrían reducir la violencia con armas de fuego, los expertos dicen que no disminuirá drásticamente a menos que el Congreso cierre las brechas en la ley existente, como la "laguna de exhibición de armas", que exime a los vendedores privados de realizar verificaciones de antecedentes de los compradores requeridas por el Gobierno federal.
O el "vacío legal de Charleston", que permite que se lleve a cabo una venta de armas de fuego si no se completa una verificación de antecedentes dentro de los tres días, que es como se cree que el hombre armado en el tiroteo masivo de 2015 en la Iglesia Episcopal Metodista Africana Emanuel en Charleston, Carolina del Sur, obtuvo su arma.
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"Todavía queda un largo camino por recorrer", recordó Louis Klarevas, profesor de investigación de asuntos globales en Teachers College de la Universidad de Columbia y que estudia la violencia armada y ha escrito sobre tiroteos masivos. "Lo que realmente marcará la diferencia será si puede lograr que se promulguen medidas legislativas con la ayuda del Congreso. Lo que hizo hoy se limitó estrictamente a lo que puede hacer desde la Casa Blanca en el poder ejecutivo", explicó.
El senador Chris Murphy, demócrata por Connecticut, dijo que está hablando con colegas de ambos partidos sobre la ampliación de las verificaciones de antecedentes, y la Cámara de Representantes aprobó un par de medidas este año para ir en esa dirección.
Pero como en años pasados la perspectiva de aprobar dicha legislación parece reducida, lo que requiere que los demócratas en el Senado dividido en partes iguales mantengan el apoyo de los 50 miembros del partido y obtengan el respaldo de 10 republicanos. Los demócratas de la Cámara de Representantes también están lidiando con un margen extremadamente estrecho para hacer avanzar la legislación.
La última vez que el Congreso estuvo cerca de aprobar una legislación importante sobre armas fue en 2013, cuando el Senado se quedó a seis votos de aprobar un proyecto de que habría requerido verificaciones de antecedentes en todas las ventas comerciales de armas.
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"Poner fin a la violencia armada no se puede abordar únicamente mediante la acción ejecutiva", reiteró Shannon Watts, fundadora de Moms Demand Action, la semana pasada. "Es por eso que el Congreso tiene que actuar sobre el control de armas. Han pasado 25 años desde que nuestros líderes nacionales aprobaron una ley federal de este tipo. Eso es 25 años de supervivientes llorando a sus seres queridos", señaló.