Por Jane C. Timm - NBC News
Un caso de la Corte Suprema que decidirá el poder que tienen las legislaturas estatales sobre las elecciones al Congreso y a la presidencia podría tener implicaciones de largo alcance para la democracia estadounidense, según algunos expertos en derecho al voto.
La Corte Suprema anunció el jueves que se ocuparía de un caso de Carolina del Norte que se centra en si la Legislatura del estado, dirigida por los republicanos, es la única entidad que puede establecer las reglas para las elecciones federales.
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Ese argumento se conoce a menudo como la doctrina de la legislatura estatal independiente, una teoría legal que dice que sólo los legisladores estatales tienen la autoridad para establecer reglas para las elecciones federales.
Algunos conservadores han defendido esta postura en los últimos años, señalando una disposición de la Constitución de EE.UU. que dice que la forma de las elecciones federales “será prescrita en cada Estado por su Legislatura”.
Los tribunales estatales tienen actualmente el poder de intervenir si determinan que las normas electorales de las legislaturas estatales violan la constitución estatal u otras leyes, lo que los convierte en un poderoso control y equilibrio de las legislaturas partidistas.
Los aliados del expresidente Donald Trump hicieron esos reclamos en las disputas sobre las elecciones de 2020, y aunque los tribunales estatales y federales los derribaron en gran medida, al menos cuatro jueces de la Corte Suprema han señalado un interés.
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Mientras que la Corte Suprema podría tomar una amplia gama de acciones en el caso de Carolina del Norte, expertos y defensores del derecho al voto dicen que un apoyo completo a la teoría de la legislatura estatal independiente por un tribunal que tiene una mayoría conservadora de 6-3 podría hacer retroceder los límites de la manipulación partidista, deshacer los cambios implementados por los votantes como el voto de elección clasificada y destripar las protecciones de los votantes contra la discriminación que se encuentran en las constituciones estatales y más.
Una sentencia de este tipo pondría los códigos electorales estatales y los planes de redistribución de distritos del Congreso totalmente en manos de las legislaturas estatales partidistas, muchas de las cuales han sido criticadas en repetidas ocasiones por los tribunales estatales y otros por la agresiva manipulación de los distritos y la promulgación de leyes de voto restrictivas.
“Creemos que se trata de una noción peligrosa y que, de confirmarse, llevaría al caos a nuestras leyes electorales”, opinó Michael Waldman, presidente del Centro Brennan para la Justicia de la Universidad de Nueva York, poco después de que el tribunal dijera que iba a ocuparse del caso.
“Sería una extraordinaria toma de poder por parte de los actores políticos si se confirmara, y haría mucho, mucho más difícil o imposible que los tribunales estatales defendieran el derecho al voto, combatieran el gerrymandering y defendieran los derechos de los ciudadanos en nuestras elecciones”.
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Podría ser “uno de los casos más significativos, si acaso uno de los más destructivos para la democracia estadounidense”, señaló Waldman, cuya organización aboga por normas de acceso al voto más amplias y presenta regularmente demandas contra políticas que considera discriminatorias o supresivas.
El caso en cuestión se centra en el argumento de los legisladores republicanos de Carolina del Norte de que deberían poder trazar los mapas de redistribución de los distritos del estado como ellos decidan.
La Corte Suprema del estado alegó que los republicanos habían dificultado “sistemáticamente” a los demócratas la elección de los miembros de su elección y prohibieron a la Legislatura utilizar su mapa preferido.
“Esencialmente, están buscando un cheque en blanco para continuar con el gerrymandering [redistribución de las cincumscripciones electorales] partidista”, opinó Tom Wolf, subdirector del programa de democracia en el Centro Brennan para la Justicia, a los periodistas después del fallo.
La Corte Suprema se negó a frenar el gerrymandering partidista en Carolina del Norte y otros estados en una sentencia de 2019, pero en los últimos años los tribunales estatales han intervenido, sobre todo en los estados donde los votantes han enmendado las constituciones estatales para restringir el gerrymandering.
Mediante iniciativas electorales, los votantes han promulgado nuevas normas y procedimientos para la redistribución de distritos en estados como Michigan, Ohio, Nueva York, Colorado, Missouri, Florida y Utah.
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Por ejemplo, en Michigan, una comisión independiente de ciudadanos dibuja ahora los mapas de redistribución de distritos del estado en lugar de los legisladores estatales. En Nueva York, los tribunales anularon este año a los legisladores estatales que intentaron eludir una nueva comisión de redistribución de distritos y promulgar mapas con características manipuladas.
Si la Corte Suprema respaldara plenamente la doctrina de la legislatura estatal independiente, todas estas comisiones y procedimientos podrían ser objeto de impugnaciones legales que podrían deshacer su poder sobre las elecciones federales.
“Las enmiendas constitucionales iniciadas por los votantes son una de las pocas limitaciones al poder de las legislaturas estatales para manipular el proceso por sus propios intereses”, afirmó Rick Pildes, experto en derecho constitucional y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. “Y si la doctrina concluyera que las legislaturas estatales son libres de sus constituciones estatales, eliminaría ese control”.
En una decisión de 5 a 4 en 2015, la Corte Suprema defendió el poder de los votantes para crear una comisión de redistribución de distritos en Arizona.
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Pero el experto en elecciones Rick Hasen dijo que la composición de la corte ha cambiado tan dramáticamente desde entonces que podría decidir revertir su propio precedente — como lo hizo el mes pasado al anular Roe v. Wade y Planned Parenthood v. Casey, decisiones que habían protegido el derecho al aborto en todo el país.
“La mayoría de los jueces de la mayoría [del caso de Arizona de 2015] ya no están. El presidente de la Corte Suprema [John] Roberts, por los cuatro disidentes, escribió uno de sus más agudos disensos”, añadió Hasen, profesor de Derecho de la Universidad de California en Irvine.
Los votantes también han implementado nuevas primarias abiertas o sistemas de votación por orden de preferencia en Alaska, California, Washington y Maine -o ambos, en el caso de Alaska-, que podrían ser revertidos de manera similar.
Los expertos dicen que hay lecturas más limitadas de la doctrina que podrían ser respaldadas: un fallo podría limitar a los administradores electorales y a los funcionarios elegidos a tomar decisiones que no están claramente especificadas en la legislación o a tomar medidas ejecutivas en casos de emergencia, pero manteniendo la autoridad de las constituciones y los tribunales estatales, por ejemplo.
“Aunque creo que existe el riesgo de que se produzca un terremoto en la decisión, también creo que no deberíamos reaccionar de forma exagerada todavía porque hay buenos argumentos jurídicos para que el Tribunal Supremo no siga ese camino”, dijo Hasen.
Uno de esos argumentos puede ser también logístico: los expertos dijeron que cualquier apoyo a esta teoría aumentaría drásticamente el número de asuntos y cuestiones electorales que se envían a los tribunales federales y se apelan a la Corte Suprema.
“Los pondría en una posición en la que tendrían que estar supervisando todo esto. Eso consume mucho tiempo”, afirmó.