México ultima los preparativos para celebrar este domingo su primera consulta popular oficial, es decir, regulada por la Constitución, que abre la puerta a juzgar a expresidentes por sus programas y decisiones.
El proceso, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, divide a los mexicanos entre quienes creen que acabará con la impunidad y quienes se oponen a que la justicia se someta a las urnas. La votación también pondrá a prueba el poder de convocatoria del mandatario, ya que debe alcanzar el 40%, unos 37.5 millones de votantes, para que el resultado sea vinculante.
"Más de 93.6 millones de mexicanos estamos convocados a participar en este inédito ejercicio de democracia participativa. Por primera vez en nuestra historia, se va a llevar a cabo una consulta popular a nivel federal", expresó el sábado el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.
La consulta, cuyo coste asciende a alrededor de 25 millones de dólares (unos 497 millones de pesos mexicanos), fue una promesa del presidente del país, quien como mandatario electo organizó un proceso similar para cancelar las obras del que iba a ser el nuevo aeropuerto capitalino.
Esta, sin embargo, será la primera que contará con garantías jurídicas y la participación de los organismos electorales, y sirve de antesala para la consulta de revocación de mandato del presidente convocada para el próximo año.
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La pregunta de la consulta ha sido un intenso tema de debate, puesto que en un inicio proponía enjuiciar a Carlos Salinas de Gortari (gobernador con el PRI entre 1988 y 1994), Ernesto Zedillo (PRI; 1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (PAN; 2006-2012) y Enrique Peña Nieto (PRI; 2012-2018).
López Obrador los señalaba por la corrupción, las desigualdades, las privatizaciones, los fraudes electorales o la guerra contra el narcotráfico, entre otros males.
Pero el Supremo modificó la pregunta y dejó un enunciado muy abierto que plantea a los mexicanos lo siguiente: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Aunque muchos consideran la cuestión poco clara, Ariadna Bahena, activista y promotora de la consulta, declaró a la agencia de noticias Efe que es "atinada" porque "los crímenes y las violaciones a derechos humanos no corresponden a una sola persona", si no a varios actores de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
De todos modos, desde el inicio de la campaña el 15 de julio, los promotores vinculados al oficialismo han empapelado las calles con las caras de los exmandatarios.
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"Estamos insistiendo en dar a conocer la pregunta concreta para evitar que las personas que el domingo lleguen frente a la papeleta no se sorprendan", explicó a Efe la consejera electoral Norma de la Cruz.
El planteamiento ha sido criticado no solo por la oposición, sino también por la comunidad académica y organizaciones civiles que consideran que la justicia debe aplicarse sin someterse a consulta.
"Me parece un sinsentido preguntar si los delitos deben de castigarse. Se pregunta un absurdo porque lo que se busca no es impartir justicia sino construir una agenda mediática", dijo a Efe el politólogo de la universidad UNAM Khemvirg Puente.
Lo cierto es que ni el presidente ni nadie de su Gobierno han explicado su plan en caso de que se imponga el 'Sí'.
"No se puede poner a consulta algo que los consultados no saben cuál va a ser la consecuencia de su voto", insistió Puente.
En cambio, los promotores insisten en que el 'Sí' abrirá la puerta a que se creen Comisiones de la Verdad para investigar delitos de las anteriores Administraciones con la participación de las víctimas y la sociedad civil.
"No estamos planteando si se consulta la justicia. Es un instrumento para exigir justicia", respondió Bahena.
Por falta de recursos, el INE solo establecerá 57,000 mesas electorales, una cifra menor a las 163,000 de los últimos comicios.
Esto ha desatado el enésimo choque entre el oficialismo y el Instituto Electoral. "Hay que seguir evidenciando que si la participación es muy baja es porque no hubo las condiciones", expresó Bahena, quien este sábado protestó ante el INE.
La consejera De la Cruz contestó que, a pesar de que el Congreso no les ha cedido más recursos, el INE ha hecho una fuerte campaña de difusión porque quiere "que esto salga muy bien".
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El que sorprendentemente no participará es López Obrador, quien, a pesar de convocar la consulta y promover la participación, ha dicho varias veces que su "fuerte no es la venganza".
El viernes confesó que en caso de votar, algo que no podrá hacer porque está de gira fuera de la capital, optaría por el 'No'. "La consulta no me preocupa, se va a llevar a cabo. Me preocupa cuál será el mensaje del presidente el lunes por la mañana", señaló a Efe el jurista Tito Garza.
El referéndum será el último gran examen al Gobierno antes de las elecciones de 2024 para las que ya ha empezado la carrera de candidatos oficialistas.
Con información de EFE y The Associated Press.