Médicos de todo el país se reunirán este miércoles con legisladores en Washington D.C. para reclamar que el Congreso declare la violencia armada como un problema de salud pública y prohíba las armas de asalto a nivel nacional.
Entre los doctores que acudirán a la cita hay algunos que trataron directamente a las víctimas de la masacre en una escuela de Uvalde, en Texas, que dejó 19 niños y dos maestras muertos en mayo, y de la tragedia de Highland Park, en Illinois, donde siete personas perdieron la vida en julio.
Según la organización sin ánimo de lucro Gun Violence Archive, el año 2022 puede convertirse en el segundo con más tiroteos masivos desde que se tienen datos. A 7 de diciembre se han registrado 622 balaceras. Define un tiroteo masivo como un incidente en el que al menos cuatro personas reciben disparos, sin contar el agresor.
El presidente, Joe Biden, tiene previsto acudir por la noche a un acto en la capital en recuerdo de todas las víctimas de violencia armada en el país.
El evento está organizado por la Newtown Action Alliance Foundation, una organización que se creó tras la masacre del 14 de diciembre de 2012 en la escuela primaria de Sandy Hook, en Newtown (Connecticut), en la que fallecieron 20 niños y seis adultos. Unas 150 familias de víctimas, sobrevivientes de otros tiroteos, estudiantes, activistas y congresistas participarán en el acto.
Una ley histórica
Biden ha dedicado parte de su carrera política a prevenir la violencia armada. Tras la tragedia de Sandy Hook, fue designado por el entonces presidente, el demócrata Barack Obama, para impulsar una nueva legislación que intentara mitigar esta violencia. Pero ninguno de los proyectos de ley para ampliar los controles de antecedentes, prohibir determinados rifles de asalto y limitar el tamaño de los cargadores obtuvo entonces los 60 votos necesarios en el Senado, de acuerdo con la web informativa Politico.
El 25 de junio Biden promulgó una histórica ley para reforzar el control de armas de fuego, la reforma más importante en esta materia aprobada por el Congreso en los últimos 30 años.
El texto fue redactado en respuesta a los tiroteos de Uvalde y de Buffalo, en Nueva York, a principios de mayo, en el que 10 personas fallecieron en un ataque "por motivos racistas", según definió el FBI.
La votación en el Congreso se produjo, además, después de que la Corte Suprema dictaminara que la Constitución establece el derecho a portar un arma fuera del hogar.
La nueva ley mejora el proceso de verificación de antecedentes para jóvenes de 18 a 21 años; endurece las penas por tráfico de armas y prohíbe la venta de armas a aquellas personas condenadas por violencia doméstica que mantengan una relación con la víctima.