Por Dartunorro Clark - NBC News
La Administración Biden está fortaleciendo el programa federal de asistencia para la renta pero muchos inquilinos siguen quedando por fuera de la ayuda.
La iniciativa nació como parte de la Ley de alivio que el Congreso aprobó en diciembre para financiar a los hogares de ingresos bajos y moderados que se retrasaron en el pago del alquiler y los servicios públicos. En los primeros meses del programa el dinero fluyó con lentitud.
Los datos federales muestran que el ritmo de la asistencia destinada a los inquilinos ha aumentado en los últimos meses. Sin embargo, según los expertos, algunas personas siguen enfrentándose a grandes obstáculos, como las barreras tecnológicas, las normas excesivamente complicadas en diferentes estados y ciudades, los largos tiempos de espera y los trámites complejos.
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El mes pasado se desembolsaron 2,800 millones de dólares a los inquilinos, frente a los 2,300 millones de agosto. Sin embargo, sólo unos 10,000 millones de dólares de los casi 47,000 millones reservados por el Congreso han llegado a los bolsillos de los arrendatarios desde enero, según datos del Departamento del Tesoro.
Después de que la Corte Suprema acabara con la moratoria federal de desalojos en agosto, el nivel de protección de los inquilinos que no pueden pagar el alquiler ha variado de un estado a otro.
Hay pocos datos sobre el impacto del fin de la medida pero en seis estados y 31 ciudades rastreadas por el Laboratorio de Desalojos de la Universidad de Princeton (Eviction Lab, en inglés), los propietarios han solicitado más de 561,000 órdenes de desalojo desde mediados de marzo de 2020.
Los datos más recientes de la encuesta federal Census Pulse también sugieren que alrededor de 3 millones de hogares han expresado su preocupación por tener que abandonar sus casas. Las familias de bajos ingresos son las que están en mayor riesgo.
“No ha habido un gran repunte nacional de desalojos tras el fin de la moratoria federal, y las solicitudes de desalojo se mantienen por debajo de los promedios históricos”, dijo el lunes en un comunicado el Departamento del Tesoro, que supervisa el programa de ayuda al alquiler, citando los datos de Eviction Lab.
“Dicho esto, cada desalojo innecesario está de más por lo que el Tesoro sigue haciendo todo lo posible para asegurarse de que la asistencia llegue a las personas que más lo necesitan”.
El Departamento ha intentado acelerar los pagos advirtiendo a los funcionarios locales que empezaría a recuperar los fondos sobrantes de los estados que se retrasen en la distribución del dinero y se los daría a los estados de “alto rendimiento”.
Aunque la agencia ha dado cierto margen a los programas que no han tenido éxito -permitiéndoles presentar planes para reformar y ahorrar sus fondos-, Sin embargo, los inquilinos se están encontrando con bloqueos, incluso en lugares en los que se considera que se está haciendo una buena distribución.
Oregón, por ejemplo, ha pagado o comprometido el 83% de su dinero, según los datos facilitados por el estado. Pero Kim McCarty, directora ejecutiva de Community Alliance of Tenants, un grupo de defensa de los arrendatarios con sede en el estado, dijo que decenas de miles de personas todavía están en riesgo de desalojo. Uno de los problemas es que el programa estatal no empezó a aceptar solicitudes sino hasta junio, a pesar de que los fondos estaban disponibles desde enero, según los datos federales.
“El panorama para los inquilinos es muy grave”, dijo McCarty. “Aunque sabemos que Oregón cuenta con millones de dólares para distribuir ayudas de emergencia para el alquiler... lo cierto es que los tribunales están abiertos y que los desalojos se están produciendo”. Estimó que 27,000 familias corren el riesgo de ser obligadas a irse de sus hogares.
El Departamento del Tesoro emitió avisos en junio y agosto animando a las jurisdicciones a flexibilizar sus directrices y agilizar los pagos. El subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, reconoció el problema en agosto.
“Aunque se ha publicado en repetidas ocasiones directrices claras sobre evitar las cargas de documentación indebidas que limitan el acceso de las familias que cumplen los requisitos, seguimos teniendo noticias de programas que no aceptan las autocertificaciones y de otros que están añadiendo requisitos de documentación que el Tesoro no exige”, dijo en un comunicado.
El administrador del programa de Oregón no respondió a la solicitud de comentarios de NBC News.
El año pasado, Amber Cook perdió su trabajo como asesora de declaración de impuestos a causa de la pandemia y recurrió a la ayuda para pagar el alquiler y sus facturas después de que se agotaran sus prestaciones de desempleo. Cook, de 53 años, originaria Portland y quien también es activista local de inquilinos, dijo que el engorroso papeleo retrasó sus pagos y que tardó unos cuatro meses en obtener la ayuda que había solicitado.
Agregó que la dificultad del trámite la hace estar ansiosa por lo que podrían significar los próximos meses para obtener una vivienda segura.
Diane Yentl, presidenta de National Low Income Housing Coalition, una organización de arrendatarios que también hace un seguimiento de los pagos a los hogares, dijo:
“Son los inquilinos que viven en los estados que tienen poca o ninguna protección contra el desalojo y donde la ayuda de emergencia para el alquiler se está entregando lentamente, los que están más vulnerables a perder sus hogares antes de que los fondos lleguen a ellos”.
La agencia define el éxito como la utilización de al menos el 65% del dinero de la ayuda para el alquiler, mientras que los programas que corren más riesgo son los que han desembolsado menos del 30% de sus fondos disponibles. La organización de Yentl estima que el 40% de los programas de todo el país podría perder la financiación.
De acuerdo con esta información, el de Arizona podría ser uno de los programas en peligro. El estado ha gastado unos 28 millones de dólares de los más de 300 millones que el Congreso le asignó, según datos del estado y del Tesoro.
Tasya Peterson, portavoz del Departamento de Seguridad Económica de Arizona (DES, en inglés) que supervisa el programa, dijo en un comunicado que el estado confía en que será capaz de hacer frente a las necesidades de los inquilinos que buscan ayuda.
“El DES sabía desde el principio que su asignación sería mayor que la necesaria para atender a esta población”, dijo. “Seguimos trabajando con el Tesoro de EE.UU. y todas las jurisdicciones que operan sus propios programas para asegurarse de que los recursos están disponibles para que no haya interrupciones en los pagos para los hogares elegibles”.
Greg Brown, el vicepresidente senior de la Asociación Nacional de Apartamentos que cuenta con 93,000 miembros y que defiende a los propietarios, dijo que el grupo se ha centrado en el cabildeo para las reformas, como que los dueños inicien el proceso de solicitud en lugar de esperar a los inquilinos.
“Que el programa no funcione no significa que no haya gente que necesite la ayuda. Hay millones de personas que la requieren, y tenemos que hacer todo lo posible para que se recuperen”, dijo.