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Los abogados de Trump responden al Departamento de Justicia sobre documentos clasificados en Mar-a-Lago

El documento fue presentado después de que el Departamento de Justicia advirtiera que la petición de un supervisor especial perjudicaría “la seguridad nacional”. Sus defensores insisten en que un inspector revise los papeles incautados.

Por Zoë Richards - NBC News

El equipo legal del expresidente Donald Trump renovó este miércoles su solicitud de que un inspector especial revise los documentos que le fueron incautados por agentes del FBI en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

Argumentaron que, dejados a su propio arbitrio, los "inspectores no supervisados" filtrarían selectivamente fragmentos de los materiales para dañar al expresidente sin que él pudiese hacer algo para defenderse.

“Sin supervisión, el Departamento de Justicia cuestionará la validez de los motivos [de Trump], filtrará y publicará aspectos selectivos de la investigación sin más remedio para Trump que de alguna manera confiar en el autocontrol de los inspectores”, escribieron los abogados del expresidente en una respuesta a la corte tras el alegato presentado por el Departamento de Justicia el martes por la noche, precisamente para que se negara una petición similar de los letrados.

Personas sacan cajas de la Oficina ejecutiva Eisenhower de la Casa Blanca el 14 de enero de 2021.
Personas sacan cajas de la Oficina ejecutiva Eisenhower de la Casa Blanca el 14 de enero de 2021.Gerald Herbert / AP

Los abogados de Trump insistieron en que el nombramiento de un supervisor especial sería un “paso modesto” para garantizar su acceso a un inventario detallado del material incautado y permitir evaluaciones independientes de material que podría estar protegido legalmente por el privilegio de confidencialidad que existe entre un abogado y su cliente, así como determinados privilegios ejecutivos que reclama el exmandatario.

El Departamento de Justicia calificó la solicitud de Trump como “innecesaria” el martes, y agregó que conceder tal petición “perjudicaría significativamente importantes intereses gubernamentales, incluidos los intereses de seguridad nacional”.

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El Departamento de Justicia también indicó que había encontrado evidencia de que “probablemente se tomaron medidas para obstruir la investigación del Gobierno”, ocultando y eliminando registros gubernamentales en los meses previos al cateo del 8 de agosto.

En una nota al pie en la presentación judicial del miércoles, el equipo legal de Trump indicó que no responderá todas las alegaciones del Gobierno, pero que sí cuestionaban específicamente la caracterización de la reunión del 3 de junio entre el funcionario Jay Bratt del Departamento de Justicia y Evan Corcoran y Christina Bobb, representantes legales de Trump.

El Gobierno ha tergiversado de manera significativa la reunión y eso puede haber influido indebidamente en la decisión del juez Bruce Reinhart cuando se incluyó en la declaración jurada que justificó su firma de la orden de cateo.

La jueza federal de distrito Aileen Cannon, nombrada por Trump, señaló durante el fin de semana que se inclinaba a permitir que un perito independiente revisara los documentos para asegurarse de que no incluyeran información protegida por el privilegio que hay entre un abogado y su cliente. Cannon afirmó que no fallaría hasta que escuche los argumentos del Gobierno en una audiencia en West Palm Beach este jueves.

El Departamento de Justicia describió el martes cómo los agentes del FBI recuperaron el 8 de agosto numerosos “documentos con sellos de confidencialidad”.

El equipo legal de Trump sugirió este miércoles que el que se hayan encontrado esos documentos en la propiedad del expresidente no debería haber sido motivo de preocupación. “En pocas palabras, la idea de que los registros presidenciales contendrían información confidencial nunca debería haber sido motivo de alarma”, escribieron.