WASHINGTON.— Líderes demócratas y republicanos del Congreso expresaron este miércoles alarma sobre una ley aprobada en México que restringe las actividades de la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés) en ese país y que, a su juicio, pondría en peligro la seguridad de Estados Unidos.
La reforma a la Ley de Seguridad Nacional, que aprobó de forma exprés el Congreso mexicano ayer martes, impone una serie de restricciones a agentes extranjeros que operan en ese país, incluyendo a los agentes de la DEA.
El senador republicano por Texas, Ted Cruz, divulgó una carta enviada a los titulares de los departamentos de Estado y de Justicia, Mike Pompeo y Bill Barr, respectivamente, en la que denunció enérgicamente la aprobación de la medida.
“La intransigencia del Gobierno mexicano cada vez más pone en peligro la seguridad nacional de EE.UU., así como la salud y seguridad de los estadounidenses” y de los ciudadanos mexicanos, argumentó.
Cruz se quejó de que hay “voces cada vez más influyentes en el Gobierno mexicano” que se oponen a las medidas que ha tomado la Administración Trump contra los cárteles de la droga mexicanos, incluyendo sanciones contra negocios presuntamente vinculados a esos carteles.
Por su parte, el legislador demócrata del distrito 28 de Texas, Henry Cuéllar, cuestionó que el Congreso mexicano haya aprobado esa ley en medio de la transición a un nuevo Gobierno en EE.UU. que, de hecho, heredará los desafíos de la agenda bilateral.
“Respeto la soberanía de México al aprobar su legislación. Sin embargo, tras hablar con agentes policiales de EE.UU. y funcionarios mexicanos, me preocupa que esta legislación amenazaría la seguridad de nuestras naciones y pondría en peligro a agentes policiales estadounidenses” en ese país, advirtió Cuéllar.
Estados Unidos y México han desarrollado un “nivel de colaboración y coordinación extraordinario” para hacer frente a las amenazas criminales y terroristas, y la Ley de Seguridad “pone en peligro esta alianza y, por lo tanto, la seguridad pública”, enfatizó Cuéllar.
El congresista aconsejó que ambos países se concentren en su alianza a largo plazo en vez de “tensiones a corto plazo”, y continúen su labor conjunta frente a los desafíos comunes.
El viernes pasado, Barr advirtió en un comunicado que la Ley de Seguridad “haría más difícil la cooperación” bilateral, y sólo beneficiaría a los carteles de la droga y demás bandas delictivas internacionales.
Más restricciones para agentes extranjeros
Entre otros elementos, la Ley de Seguridad Nacional elimina la inmunidad legal de los agentes extranjeros y les exige que sólo realicen labores de intercambio de inteligencia con las autoridades mexicanas. Además, les prohíbe que participen en operaciones directas con agencias fuera de la Secretaría de Relaciones Exteriores o agencias relevantes.
También exige que los agentes extranjeros compartan sólo a través de la cancillería mexicana cualquier dato de inteligencia que obtengan en el marco de sus actividades, además de que deberán entregar informes mensuales sobre asuntos relaciones con la cooperación en materia de seguridad.
Los agentes extranjeros no podrán realizar arrestos, entrar a propiedad privada o llevar a cabo ninguna actividad que viola la Constitución y las leyes mexicanas, y sólo podrán portar armas autorizadas la Secretaría de Defensa en ese país.
Más retos para Biden
La entrante Administración Biden herederá las tensiones actuales en torno a la cooperación bilateral, y las repercusiones de la nueva ley mexicana podrían dificultar aún más ese proceso, según observadores.
“La ley no augura nada bueno para unas relaciones bilaterales cálidas entre las administraciones de Biden y AMLO. Es producto de la furibunda reacción de AMLO al arresto de un general mexicano corrupto, que molestó a los militares”, dijo a Noticias Telemundo Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano, un centro de estudios políticos en Washington.
“Esto es un revés para la cooperación antinarcóticos de EE.UU. y México que causará preocupación entre demócratas y republicanos… las relaciones entre la entrante Administración Biden y el Gobierno mexicano de por sí no iban a ser fáciles, pero esta ley lo complica todo aún más”, advirtió el experto.
La ley en cuestión fue aprobada tras la detención, el pasado 15 de octubre en Los Angeles, California, del exsecretario de Defensa mexicano, el general Salvador Cienfuegos, por supuestos vínculos con el narcotráfico y el lavado de dinero.
Su arresto causó malestar entre las Fuerzas Armadas y círculos políticos mexicanos, y el gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), insistió en que nunca fue informado de la investigación emprendida contra Cienfuegos durante más de un año.
Posteriormente, el Departamento de Justicia anunció el mes pasado el retiro de todos los los cargos contra Cienfuegos, para que la Fiscalía General de la República (FGR) de México pudiese llevar a cargo su propia investigación en contra del militar.
Cruz se quejó de que, hasta la fecha, el Gobierno de AMLO no sólo no ha iniciado su propia investigación contra Cienfuegos, sino que además ha pedido el traslado a México del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien fue detenido en Dallas, Texas, en diciembre de 2019. García Luna afronta juicio en Nueva York por cargos vinculados con sobornos y el tráfico de cocaína.
Cruz urgió en su carta que el Gobierno de EE.UU. rechace el traslado de García Luna a México, y que deje en claro al gobierno mexicano que su esfuerzo por minar la labor de los agentes de la DEA contra el narcotráfico es “inaceptable” y pone en tela de juicio “la fuerza de la relación entre EEUU y México”.
La Ley de Seguridad contó con el apoyo de las autoridades militares en México, muchas de las cuales han visto con recelo a los agentes de la DEA en su territorio, especialmente tras el caso del asesinato del agente Enrique Camarena en 1985.