Entre promesas de “rifar” el avión presidencial, enfrentado a una doble crisis económica y sanitaria por la pandemia de COVID-19, con violencia que no da tregua pese al confinamiento, tras una polémica reunión con Donald Trump en la Casa Blanca y con un fondo de investigaciones sobre corrupción que han producido mucho ruido pero por ahora pocas nueces: así celebró el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, su segundo informe de Gobierno.
En su recuento de lo sucedido en el último año, aprovechó este martes para decirse “el presidente más atacado” de la historia reciente de México; declaró que los fiscales y jueces que no acudieron al evento tienen “la arrogancia de sentirse libres” [el sistema judicial es independiente con la separación constitucional de poderes]; y aseguró que ya cumplió 95 de sus 100 compromisos electorales.
Dijo en un video publicado hace unos días que el 70% de los mexicanos lo apoya. Las encuestas de diversos expertos estadísticos muestran que el respaldo en realidad ronda el 50%.
El mandatario, apodado AMLO, gusta bromear sobre cómo él tiene “otros datos” y en su informe mencionó algunos que difieren de la información incluso de su propio Gobierno.
Esto es lo que dijo el presidente en su informe, en contraste con lo que indican las cifras oficiales sobre cómo está México tras dos años de presidencia.
Un sistema enfermizo desde antes de la pandemia
Como en el resto del mundo, el COVID-19 ha sacudido México y en especial su sistema de salud, que estaba descompuesto desde antes de que AMLO llegara al poder en diciembre de 2018.
Había un déficit de médicos y doctoras; hospitales a medio construir y sin camas de terapia intensiva suficientes; escasez de los respiradores necesarios para tratar los casos más severos del virus; y gente que no tenía cómo recibir cuidados médicos.
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La crisis forzó cambios improvisados que han resultado en más camas hospitalarias (aunque varios centros de la capital se dicen saturados) y llevó al desarrollo de ventiladores hechos en México; razones por las que AMLO aseguró en su informe de este martes que México saldrá "de la pandemia con un mejor sistema de salud".
Además, la Cancillería logró acuerdos para que una de las vacunas más avanzadas, de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, se produzca en el país y en Argentina, lo cual asegurará que los latinoamericanos tengan acceso en cuanto esta sea aprobada.
Sin embargo, el manejo de la crisis del coronavirus también ha expuesto y generado problemas nuevos por el manejo de la Secretaría de Salud, con el subsecretario Hugo López-Gatell como portavoz.
Ese manejo incluye la aseveración de que el presidente no puede contagiarse porque tiene “fuerza moral” y el que se rehusaron durante meses en recomendar el uso de mascarillas mientras AMLO invitaba a la gente a seguirse abrazando. Se dijo que el “pico” de la pandemia iba a ser en mayo, pero hasta la fecha siguen subiendo los números de infección sin empezar el descenso de la curva.
Ha habido más de medio millón de contagios y más de 64,000 personas han perdido la vida, el tercer peor país en cuanto a fallecimientos; la cifra de muertos es mayor a lo que López-Gatell dijo sería el saldo más catastrófico posible.
Y hasta las autoridades reconocen que ese saldo “catastrófico” es menor al número real de personas que han muerto durante la pandemia; en lugares como Ciudad de México se cree que los muertos son tres veces más que los confirmados.
La Organización Mundial de la Salud advirtió hace unos días que la pandemia está subestimada en México porque la cantidad de pruebas es bajísima –aproximadamente 3 diarias por cada 100,000 personas, en contraste a 150 en Estados Unidos–, y advirtió además que la gente en áreas empobrecidas o indígenas del país tiene cinco veces más probabilidades de fallecer por el virus.
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El personal médico también está muriendo a una tasa cinco veces mayor que en Estados Unidos debido, en gran parte, a la escasez de equipo de protección: 26 de cada 1,000 doctoras o enfermeros habían perdido la vida hacia junio al combatir casos de COVID-19.
Aunque nada de eso ha detenido a López Obrador de calificar la pandemia como un asunto “domado” y con “cifras alentadoras” recientes.
Escasez de medicamentos y rifas
Además de la pandemia hay problemas graves de salud que existen desde antes de que se registrará el primer caso de coronavirus: hay una severa escasez de medicamentos, sobre todo de antirretrovirales para personas con VIH y de las terapias que necesitan niños con cáncer, cuyos padres llevan meses pidiendo ayuda.
El Gobierno ha dicho en respuesta que no hay falta de medicinas, e incluso ha lanzado críticas de que los padres son "enviados de la oposición".
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La solución propuesta por López Obrador para el asunto es organizar un evento de la lotería enredado: su plan es vender los boletos del sorteo, a 500 pesos (24 dólares) cada “cachito”, para recaudar dinero, con el cual quiere repagar el monto debido por el avión presidencial que compraron sus antecesores.
Con eso, espera vender en algún momento el avión y obtener de la venta dinero para comprar todo el equipamiento médico que le hace falta a México. Mientras que la persona que gane la rifa se llevará millones de pesos en fondos que, aunque ya fueron recaudados con subastas de bienes confiscados a narcotraficantes, no se están usando para los insumos médicos.
El sorteo será el 15 de septiembre, día de la Independencia; en los últimos días se ha reportado que, para sortear la falta de venta de “cachitos”, a un precio que pocos mexicanos pueden pagar, los servidores públicos están teniendo que adquirir boletos, que serían comprados con un sueldo que sale del erario y los impuestos del pueblo.
La economía: ¿primero los pobres?
“Ya pasó lo peor” es como López Obrador describió la situación económica este martes en su informe. Su propio Gobierno no está de acuerdo.
El Banco de México advirtió que el desplome económico ya supera el 18.7%, la peor caída del PIB en la historia del país, y la Secretaría de Hacienda alertó que la situación seguirá así el próximo año y, tal vez, el que sigue.
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Especialmente, dijo el secretario Arturo Herrera, porque la producción petrolera, que siempre ha sido clave para México, está en sus niveles más bajos desde los años 70, y porque el ministerio muy pronto se quedará sin fondos de emergencia o “guardaditos” con los cuales amortiguar las caídas.
Parte de esos fondos fueron usados desde el año pasado, porque México terminó 2019 en la primera contracción económica en una década.
AMLO indicó en su informe que sí hay reactivación porque este agosto se recuperaron 93,000 empleos perdidos en los últimos meses. Sin embargo, hasta el momento el Banco de México y el instituto estadístico Inegi contabilizan que los trabajos perdidos son aproximadamente 12 millones, tanto formales como informales (sin contratos ni beneficios; así trabajan hasta la mitad de los mexicanos en edad productiva).
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La respuesta del Gobierno federal a la situación ha sido, según dijo López Obrador, “única y heterodoxa” con el mecanismo que él califica como “economía moral”.
A diferencia de los cheques de ayuda estadounidenses, del bono temporal de 600 reales que otorgó Brasil a su población o del ingreso vital mínimo que varios legisladores mexicanos han pedido, el programa de AMLO consta de entregar algunos apoyos directamente a ciertas poblaciones, como pensiones para adultos mayores o becas para estudiantes de primaria.
Pero eso deja sin fondos a muchas personas si es que no hay adultos mayores o menores de edad en los hogares: de hecho, el mismo presidente lo reconoció tácitamente en su informe. Aseguró que a siete de cada 10 familias está llegando alguno de los programas, pero no dijo qué le depara a las tres restantes que no están recibiendo las ayudas.
A pesar de la crisis, el mandatario ha rechazado llamados de algunos sectores de frenar las megaconstrucciones que promueve, para destinar esos fondos más bien en apoyar a la población ahora que más lo necesita.
AMLO dice que las construcciones –el llamado Tren Maya que recorrerá la zona arqueológica e indígena y por el cual se han talado árboles del área selvática; la expansión del aeropuerto militar de Santa Lucía y una nueva refinería en Dos Bocas, Veracruz– emplean a 150,000 personas y generarán además trabajos a la larga.
Mientras, en lo que siquiera son erigidos, se ha gastado 26,400 millones de pesos (1,200 millones de dólares) tan solo en lo que va de 2020.
El presidente aseguró en su informe que el presupuesto se recuperará de la crisis por COVID-19 porque, según él, ya se han ahorrado 560,000 millones de pesos (unos 25 millones de dólares) gracias a sus llamados programas de austeridad “republicana”.
Estos incluyen el recorte de 10 subsecretarías, entre ellas programas clave sobre protección del medioambiente y promoción turística; quitarles las computadoras a los funcionarios de ministerios como el de Economía, y limitar el uso de electricidad o papelería en organismos como la comisión para erradicar la violencia contra las mujeres.
Tales decisiones, según activistas y servidores públicos que terminaron por renunciar, vuelven inoperantes a varios programas importantes del país.
Al menos sigue habiendo remesas enviadas por los mexicanos en el exterior, que AMLO pronosticó serán mayores a 40,000 millones de dólares este año, lo cual sería un récord.
Los estragos de la impunidad
“Estamos acabando con la corrupción” es una de las frases que más suele repetir López Obrador; en su informe reiteró que “ya se acabó la robadera”.
No mencionó ni ha establecido programas o iniciativas fijas que sean propiamente anticorrupción, más allá de asegurar que en su Gobierno no se permite y que los recortes “de austeridad” la desincentivan.
Es en este rubro donde tiene mejor percepción de los ciudadanos, aunque también hay peros. De hecho, el propio hermano del mandatario se ha visto embrollado en un escándalo, aunque AMLO ha negado cualquier ilegalidad.
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Dos tercios de los mexicanos encuestados creen que las políticas de AMLO reducirán la corrupción, según un sondeo publicado por el diario El País esta semana. Sin embargo, la misma encuesta encontró que el 60% de los mexicanos cree que se investigan y persiguen los casos con sesgo político y que la fiscalía no es tan independiente como debe ser.
Una de las investigaciones de alto perfil es la indagatoria contra Emilio Lozoya, exdirectivo de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
El exdirector petrolero, que enfrenta cargos por sobornos y lavado de dinero, ha intentado evitar un juicio volviéndose testigo colaborador: en una declaración, Lozoya acusó a tres expresidentes y a una docena de otros funcionarios de haber sido parte de una red de sobornos.
Cabe mencionar que Lozoya aceptó ser extraditado desde España porque obtuvo del Gobierno de AMLO la propuesta para ser testigo a pesar de que la información que dio en su declaración, filtrada en agosto, resultó ser la misma que la fiscalía tenía desde hace por lo menos dos años.
Ninguno de los políticos señalados por Lozoya está siendo formalmente investigado por ningún delito, hasta ahora.
Sin embargo, López Obrador ya se adelantó a la existencia de investigaciones con una consulta sobre si enjuiciar a expresidentes; el partido gobernante, Morena, está organizando la recogida de firmas.
Los expresidentes mexicanos no tienen fuero que los proteja de ser enjuiciados y si se comprueba que cometieron delitos, no se necesita que la población le diga al sistema de justicia qué hacer, sino que las autoridades hagan su trabajo. Puede que termine interviniendo la Suprema Corte de Justicia al ser posiblemente ilegal hacer una consulta sobre el tema.
En tanto que la impunidad se mantiene en niveles altísimos.
Al igual que en años pasados, más de 90% de los delitos ni siquiera son reportados, según datos oficiales, y cuando los crímenes sí son reportados, más del 90% no son resueltos ni terminan en condenas, por falta de personal de investigación o falta de capacitaciones que significan casos mal armados que terminan desechando los jueces, de acuerdo con un análisis del sistema judicial.
Desde hace muchos años, los tribunales también han tenido que revocar sentencias por delitos menores y por delitos graves, porque muchas de las personas detenidas son torturadas para forzarlas a declararse culpables, como lo demuestran informes de la ONU y de Amnistía Internacional.
En el mandato de López Obrador ha reaccionado a esas decisiones, de jueces que anulan condenas por falta de evidencia y violaciones a derechos humanos, diciendo que son “debidos pretextos”.
Violencia imparable
En el informe, AMLO presumió que delitos como los robos han bajado alrededor de 30% y que “solamente” han aumentado crímenes como la extorsión los homicidios con dolo, que atribuyó a delincuencia organizada.
Aunque después declaró que “en materia de seguridad ya no manda la delincuencia organizada”. En junio un grupo de narcotráfico, el Cártel Jalisco Nueva Generación, pudo organizar un atentado a plena luz del día contra el encargado de la seguridad de Ciudad de México, Omar Harfuch.
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Harfuch resultó herido, mientras que murieron tres personas: dos escoltas y una ciudadana alcanzada por fuego cruzado.
Los asesinatos registrados oficialmente alcanzaron un récord histórico en 2019, con 35,588 víctimas, y en lo que va de este año también ha aumentado la violencia homicida, con un promedio de 100 asesinatos al día.
Es el sexto año consecutivo en el que aumentan los homicidios; todo a pesar de que López Obrador formó la Guardia Nacional, cuerpo que ha sido su gran apuesta para combatir la violencia, y le encargó muchas más tareas.
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Les ha dado a los guardias incluso control de los puertos y de las construcciones como el nuevo aeropuerto, aunque la seguridad pública sigue sin mejorar con ese órgano.
Uno de los índices delictivos que ha seguido aumentando es el de la violencia contra las mexicanas, con 45% más reportes de abuso sexual y más llamadas al 911 por violencia familiar durante el confinamiento por la pandemia, según cifras oficiales.
López Obrador dijo hace poco que él cree que muchas de esas llamadas al 911 son reportes falsos; pero las propias estadísticas oficiales indican que son denuncias reales. Su Gobierno intentó recortar el presupuesto de los programas de atención a estas mujeres y para la reducción de los feminicidios; terminó cancelando esos recortes debido a las críticas.
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En el último año, el Gobierno registró algunos logros en cuanto al combate a la delincuencia, como el arresto de la cabecilla del Cártel Santa Rosa de Lima, grupo dedicado sobre todo al robo de combustible o huachicoleo.
El líder del cártel, José Antonio Yépez y apodado 'El Marro', fue detenido a principios de agosto.
También ha habido avances en la investigación de uno de los peores casos de abuso de derechos humanos, la desaparición de 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa de 2014. Gracias al trabajo de organizaciones civiles y de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Gobierno de AMLO reabrió la pesquisa y expertos internacionales encontraron restos de uno de los estudiantes normalistas en un lugar que no había sido revisado antes.
No obstante, en el último año también hubo operativos de alto perfil que fueron fracasos rotundos, como el intento de arrestar a los hijos de El Chapo hace casi un año en Sinaloa.
Los policías y militares que detuvieron a uno de los hijos, Ovidio Guzmán, terminaron por dejarlo ir cuando fueron superados durante enfrentamientos en la ciudad de Culiacán.
AMLO primero dijo que no supo de la operación y que la decisión de liberar al hijo de 'El Chapo' fue de ministros; luego admitió que él fue directamente quien ordenó soltar a Ovidio Guzmán ante la violencia por el arresto, violencia que no pudieron controlar las autoridades.
Este tema es uno de los cinco compromisos que el Gobierno de López Obrador califica como todavía “en proceso”, en contraste a los 95 que según él ya cumplió.