WASHINGTON D.C.- Los líderes demócratas y republicanos en el Congreso y la Casa Blanca siguen negociando el nuevo plan de ayuda contra la crisis económica causada por la pandemia de coronavirus, aunque sin grandes avances hasta ahora pese a que las órdenes ejecutivas firmadas el sábado por el presidente, Donald Trump, plantean graves dudas sobre su eficacia y no cubren asuntos clave como el cheque de 1,200 dólares para familias.
Las medidas aprobadas por Trump prevén extender las ayudas federales para desempleados hasta final de año (reducidas de 600 a 400 dólares); postergar el pago de impuestos de la nómina a quienes ganan menos de 100,000 dólares al año; suspender el pago de préstamos estudiantiles hasta diciembre; y ayudas para evitar el desalojo de sus viviendas a las familias que no paguen la renta.
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Pero estas órdenes han generado preocupación y escepticismo. Primero, por que la Constitución prevé que sólo el Congreso tiene autoridad para administrar el presupuesto federal; Trump se ha atribuido competencias propias de tiempos de emergencia nacional o guerra, pero su alcance puede ser limitado.
Además, los pagos del desempleo requieren la aportación económica de los estados, que ya están diciendo que no pueden asumirlo: "Ese dinero no existe", lamentó por ejemplo el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom.
La Casa Blanca ha anunciado este martes que las nuevas ayudas al desempleo se pondrán en marcha en las próximas dos semanas.
Una fuente legislativa demócrata consultada por Noticias Telemundo, que pidió el anonimato, indicó este lunes que, por ahora, las negociaciones están congeladas; y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el senador Chuck Schumer no han hecho intentos de contactar a Trump.
"El presidente ha dicho que Pelosi lo llamó “y eso es falso. Les hicimos una oferta y fueron ellos los que abandonaron el diálogo”, dijo esta fuente.
“Con Trump, en vez de tener el arte de hacer tratos, lo que tenemos el arte de lo desconocido”, agregó esta fuente, quien no descartó que el Congreso postergue su receso de agosto hasta lograr un acuerdo.
Un laberinto aritmético
Las medidas firmadas por Trump afectan directamente al empresariado, por la incertidumbre sobre el pago de impuestos de la nómina -conocido en inglés como payroll tax- y a los estados, que sufren grandes déficits presupuestarios.
Los impuestos, que pagan las empresas y los trabajadores, son los que financian el programa de Medicare y la Seguridad Social para millones de ancianos y jubilados, y ambos partidos se oponen a recortarlos o suspenderlos.
Por otra parte, para el desembolso de 400 dólares en beneficios de desempleo semanales, el Gobierno federal aportaría 300 de forma retroactiva para quienes ya los estaban recibiendo hasta el 1 de agosto, y los gobiernos estatales tendrían que aportar los 100 restantes.
El nuevo monto es inferior a los 600 dólares que el Congreso aprobó en marzo dentro de la medida conocida como CARES Act y que venció el 31 de julio.
La Administración Trump insiste en que los gobiernos estatales pueden recurrir a los 110,000 millones que recibieron en marzo para aportar ese 25% que les corresponde. Pero muchos gobiernos estatales afrontan un profundo déficit presupuestario y algunos, como California, Colorado, y Carolina del Sur, ya designaron esos fondos a diversos programas de alivio.
El propio Departamento del Tesoro ha dicho que, en realidad, sólo quedan poco más de 80,000 millones del fondo.
La medida sobre los desalojos es la menos controversial de las cuatro, porque en realidad sólo sugiere que el Gobierno federal frene los desalojos si lo considera “necesario” para combatir la propagación del COVID-19; y permite al Departamento de Vivienda autorizar ayudas a quienes no pueden pagar su alquiler o hipoteca.
Un diálogo polarizado
Trump ha culpado a los demócratas por su supuesta intransigencia en estas negociaciones, y ha dejado claro que no aprobará "rescates” de gobiernos estatales.
El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, siguió el libreto de Trump al asegurar que a los demócratas no les interesa dar a las familias trabajadoras "otro céntimo, a menos que ellos puedan crear un fondo de un billón de dólares" para estados que han sido mal gobernados.
El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo a la cadena CNBC que la intención de la Casa Blanca es continuar negociando un “acuerdo justo” esta semana, pero todo parece indicar que, por ahora, la discordia entre los partidos no tiene visos de solución.
Trump firmó las medidas en unos momentos en que la pandemia del COVID-19 ha generado casi cinco millones de casos confirmados y ha provocado la muerte de más de 160,000 personas en este país.
Casi siete meses después del primer caso de coronavirus en Estados Unidos, muchos estados siguen registrando altos niveles de muertes y contagios a diario, y persiste la incertidumbre sobre cómo y cuándo reabrir por completo la economía sin causar más daños.
Las elecciones del 3 de noviembre serán "un referendo" sobre la gestión de Trump de la pandemia y el descalabro económico que ésta ha dejado a su paso, especialmente entre los latinos, según dijo a Noticias Telemundo Abel Núñez, director ejecutivo de CARECEN, un grupo que aboga por los derechos de los inmigrantes.
"Lastimosamente vemos este estancamiento en las negociaciones porque los legisladores están haciendo cálculos, cómo sacarle provecho político a esto, en vez de velar por el bienestar de la gente", lamentó, "los trabajadores no solo son víctimas de la pandemia sino también de la politiquería del momento".