Por Leigh Ann Caldwell - NBC News
WASHINGTON — Cuando los legisladores que negociaban la reforma policial emitieron un comunicado la semana pasada diciendo que habían acordado un marco de conversación y seguirían hablando, pintaron un panorama optimista. Pero la realidad es que están al borde del colapso, según los involucrados.
Los colectivos con intereses en el debate están desempeñando un papel fundamental en la negociación, como hacen a menudo en el Congreso, pero esta vez la división está enfrentando a los representantes de las fuerzas del orden entre sí y amenazando cualquier posibilidad de éxito.
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Las fuerzas del orden están representadas por diferentes grupos: los sheriffs, que cubren la mayoría de las áreas rurales, tienen su organización, y luego está la policía urbana, que está dividida. Los oficiales sindicalizados están representados por una organización y los jefes de policía por otra. Y en lugar de unificarse, las negociaciones sobre las reformas han dejado a la policía y los alguaciles enfrentados.
A pesar de las afirmaciones de progreso, después de más de tres meses el proceso está desgastando a las partes involucradas y algunos se preguntan si la otra parte quiere un acuerdo. NBC News, cadena hermana de Noticias Telemundo, entrevistó a más de media docena de personas de ambos partidos, organizaciones policiales y de derechos civiles, la mayoría de las cuales hablaron bajo condición de anonimato.
La política se está volviendo cada vez más compleja a medida que los republicanos intentan convertir las tasas de delincuencia urbana en un arma contra los demócratas, a quienes pintan como partidarios de retirarle fondos a la policía y advierten a los votantes suburbanos que el crimen podría llegar a su puerta si los liberales mantienen el control del Gobierno.
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El proyecto de ley para reformar a la policía que se está negociando en el Congreso no le quitaría fondos a la policía, pero está empapado en la política de cómo se aprueba un proyecto de ley.
El negociador republicano principal, el senador Tim Scott por Carolina del Sur, describió públicamente cinco temas que serían el centro de las discusiones, pero dos se han convertido en puntos conflictivos: la Sección 242, los estándares para las condenas penales para los agentes, y la inmunidad calificada, la doctrina legal que limita las demandas contra la policía.
Esas disposiciones son requisitos indispensables que proponen los demócratas para que la policía rinda cuentas respecto a sus acciones.
Cuando se iniciaron las negociaciones en marzo, Scott presentó públicamente un compromiso sobre la inmunidad calificada. En lugar de permitir demandas contra agentes de policía, las víctimas o sus familias podrían demandar al departamento o a la ciudad.
Pero no todos los demócratas estaban convencidos. Aunque las víctimas de crímenes policiales podrían comenzar un proceso legal para demandar, los agentes de policía individuales aún podrían estar protegidos de tomar responsabilidad por sus acciones.
Luego, el representante Jim Clyburn, demócrata por Carolina del Sur, el congresista negro de más alto rango en la Cámara de Representantes y un veterano activista por los derechos civiles, afirmó que la inmunidad calificada podría dejarse de lado para otro día, una señal para los negociadores, liderados por el senador Cory Booker, demócrata por Nueva Jersey, y la representante Karen Bass, demócrata por California, de que están dispuestos a ceder.
Pero los demócratas del ala más progresista estaban furiosos.
Dos semanas después, el 20 de mayo, los negociadores convocaron una reunión con la Orden Fraternal de Policía, un poderoso sindicato policial formado por 350,000 miembros, y la Asociación Internacional de Jefes de Policía.
Scott le ofreció a Booker una propuesta: "Si puedes lograr que los grupos policiales se unan con una propuesta, entonces no me interpondré en el camino", contó una fuente familiarizada con la discusión. Se consideró una tarea casi imposible. La oficina de Scott se negó a comentar cuando se le preguntó sobre esa cuestión.
Pero Booker pudo ganar la aceptación de los grupos policiales, según dos fuentes del Congreso familiarizadas con las negociaciones, firmando una propuesta similar a la de Scott.
La Sección 242, el estándar penal para acusar a la policía, se dejaría intacta, pero Booker agregaría cuatro nuevos delitos por los que los oficiales podrían ser acusados, según explicaron varias fuentes a NBC News:
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Como parte del acuerdo, las fuerzas del orden también aseguraron que darían apoyo adicional para la prevención del suicidio y recursos para las llamadas por problemas mentales, casos difíciles y tensos de los que con frecuencia se ocupan las fuerzas del orden.
Aunque los activistas más intransigentes de la izquierda estaban insatisfechos, los grupos de derechos civiles consideraron el compromiso como un buen primer paso, incluso si querían más responsabilidad para la policía. Derrick Johnson, presidente de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por su sigla en inglés) , dijo en un comunicado a NBC News que se sentía "animado" por el estado de las negociaciones.
A principios de junio, Booker le presentó la propuesta a Scott, pero en lugar de anunciar un acuerdo, desató una amarga pelea pública entre grupos policiales que continúa amenazando con dañar las negociaciones.
Ese estado de las conversaciones es tan terrible que los grupos de derechos civiles, que solo han proyectado señales de aliento, están quejándose en público.
"Muchos en las fuerzas del orden están de acuerdo en que es necesario un cambio significativo, pero desafortunadamente, algunos están comprometidos a obstruir el proceso", dijo Johnson en un comunicado el lunes.
Scott rechazó el acuerdo y exigió que cualquier acuerdo reciba el apoyo de la Asociación Nacional de Sheriffs, el grupo de sheriffs más grande, dijeron dos fuentes familiarizadas con las negociaciones. Carolina del Sur es un estado de mayoría rural y casi cuatro docenas de alguaciles de condado tienen una cantidad significativa de influencia política. El próximo año Scott podría lanzarse para la reelección si lo decide.
Durante una reunión entre los legisladores y la asociación de alguaciles, el senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, fue muy crítico con la propuesta de Booker y los sindicatos policiales en nombre de los alguaciles, según dos fuentes.
"Booker trató de llegar a un acuerdo sin consultar a los alguaciles y los negociadores republicanos y todo fue peor", según una fuente.
La asociación de alguaciles rechazó inmediatamente el acuerdo. Los alguaciles, que generalmente son elegidos o nombrados, estaban furiosos ante la perspectiva de que sus oficinas fueran responsabilizadas por el mal comportamiento de los oficiales individuales.
Los alguaciles lanzaron una campaña de oposición, tratando de movilizar a sus miembros en todo el país para expresar su oposición. La Asociación Nacional de Organizaciones Policiales, una coalición de sindicatos encargados de hacer cumplir la ley, se unió. El grupo envió un memo a sus miembros titulado “Urgente. Accion necesaria. El senador Booker propone un horrendo proyecto de ley de reforma policial".
El memorando decía que Booker había trabajado con el sindicato de policías y los jefes de policía, pero "dejó afuera" a otros grupos policiales. Instaron a sus miembros a ponerse en contacto con su representante en el Congreso. "Esta será probablemente nuestra mejor, y tal vez única, oportunidad para salvar a las fuerzas del orden público estadounidenses de una catástrofe", decía.
Una fuente de la asociación de alguaciles rechazó la noción de que habían descarrilado las negociaciones, insistiendo en que al grupo simplemente se le "pidió opiniones" que proporcionó.
Luego, la Orden Fraternal de Policía publicó su propio comunicado de prensa en el que criticaba a la Asociación Nacional de Organizaciones Policiales por utilizar la "hipérbole y la tergiversación". El grupo pidió unidad entre las fuerzas del orden y criticó a otros organismos por estar "más interesados en arrojar piedras".
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Si bien la Orden Fraternal de Policía nunca apoyó públicamente la propuesta de Booker, moderaron su reacción.
"No tomaremos una posición hasta que Booker y Scott hayan reunido un documento que será acordado", aseguró Jim Pasco, director ejecutivo de la Orden Fraternal de la Policía, en una entrevista reciente.
Dos fuentes advierten que el desacuerdo puede haber alejado aún más las negociaciones: algunos republicanos han comenzado a exigir que en lugar de eliminar la inmunidad calificada, la doctrina legal que existe solo debido a los casos judiciales se convierta en la ley permanente esrita.
Con información de The New York Times.