WASHINGTON.— La participación en el Censo 2020 debía ser algo rápido y sencillo pero en la realidad ha generado una baja participación en algunas partes de California y otros estados, incluso en la frontera sur, en parte por la pandemia del COVID-19 pero también por la retórica incendiaria del presidente, Donald Trump.
Según la Oficina del Censo, para finales de agosto de este año, el 64.9% de todos los hogares había rellenado su formulario en línea, por teléfono o por correo, y el 17.5% lo hecho mediante visitas en persona.
Los trabajadores del Censo trabajan contrarreloj para contar al resto de la población nacional, o uno de cada cinco hogares en todo el país.
Pero algunas comunidades han registrado una baja participación, y eso tendrá repercusiones a largo plazo, porque los resultados del censo determinan el desembolso de millones de dólares en fondos públicos para más de un centenar de programas sociales, la demarcación de distritos electorales y la representación en el Congreso, entre otros beneficios.
Aunque la Oficina del Censo siempre ha dicho que no compartirá los datos ni con las autoridades de Inmigración ni con ninguna otra agencia federal, la retórica de Trump contra los inmigrantes parece haber surtido efecto.
“Creo que el presidente Trump ha dañado gravemente el censo, no sólo a través de sus políticas sino también con sus palabras. Creo que él verdaderamente le ha metido miedo a los miembros indocumentados y de bajos recursos en nuestra comunidad”, dijo a Noticias Telemundo el alcalde de Long Beach, California, Robert García.
Trump “ha creado confusión, y estamos trabajando con grupos y organizaciones comunitarias en todo el estado para que la gente se haga contar”, porque el problema está ocurriendo en “otras partes con altas poblaciones latinas y de inmigrantes indocumentados”, agregó.
En Long Beach, una ciudad costera de 480,000 habitantes al sur de Los Ángeles, la participación en el Censo ha sido del 43.8%, por debajo de la tasa del 67.9% para todo el estado.
Según García, la participación de Long Beach y otras ciudades de California ha sido menor que hace una década, y es especialmente notable en “las comunidades minoritarias, las comunidades latinas, que son las más difíciles de contabilizar”.
En Huntington Park, por ejemplo, la participación se sitúa en un 58%, o una baja del 12% respecto al censo decenial de 2010, según un mapa interactivo creado por NBC. En Los Ángeles, la participación es del 63%, también por debajo del porcentaje general en California.
Por ello, García destacó la urgencia de que la Oficina del Censo extienda el plazo para concluir el conteo nacional más allá del próximo 30 de septiembre, porque, ante la pandemia del COVID-19 y el desempleo, completar el censo no es máxima prioridad para las personas.
La Agencia Metropolitana de Planificación de Chicago (Illinois) advirtió en un informe del mes pasado que las minorías tienen una menor participación en el censo que los blancos respecto al censo de 2010, y el problema es pronunciado entre los hispanos, quienes promedian “un declive de más de siete puntos porcentuales”.
“Esto es un espejo de las tendencias en otras grandes áreas urbanas en el país”, señaló el documento.
La ciudad de Nueva York ha tenido una tasa de participación del 56.2%, por debajo de la tasa nacional, y las autoridades allí han lanzado concursos para que el público complete los formularios. Los premios incluyen tarjetas de regalo, descuentos, y membresías gratuitas para el Museo de Arte Moderno, entre otros.
Un problema también en la frontera sur
Varios condados en la frontera sur también han registrado una tasa de participación inferior a la de 2010. En el Condado Cameron, en Texas, la tasa actual es del 50.1%, en comparación con la del 56% hace una década.
Según un análisis del Centro para Investigación Urbana de la City University of Nueva York, la tasa de participación individual en Texas subió del 58.2% al 61.1% solo después de visitas de seguimiento a domicilio.
En Arizona, la participación subió del 59.9% al 62.2%, también por el aliciente de las visitas de seguimiento, indicó el análisis.
A nivel nacional, los estados de Idaho, West Virginia, Washington, Hawaii y Kansas, registran las mayores tasas de participación en el censo
El sábado pasado, la jueza federal, Lucy Koh, emitió una orden que prohíbe que la Oficina del Censo reduzca o altere sus operaciones de campo, frenando así el plan que anunció la agencia el mes pasado de concluir el conteo a finales de este mes.
Koh ha fijado una audiencia para el próximo 17 de septiembre para determinar si se mantiene o no la fecha impuesta por la Oficina del Censo.
La Administración Trump además afronta múltiples demandas de diversos grupos cívicos, entre éstos la Unión de Libertades Civiles de EEUU, y de gobiernos estatales, después de que anunciara que los inmigrantes indocumentados quedarán excluidos del censo para efectos de la designación de escaños en el Congreso.
En la actualidad, una ciudad con más de medio millón de habitantes recibe automáticamente 80 millones de dólares del gobierno federal para la lucha contra la pandemia, y el subconteo de 2010 ha tenido un impacto en varias urbes.
Desde que comenzó el conteo nacional en marzo pasado, éste ha estado inmerso en controversia, por la exigencia de la Administración Trump de que se incluyese en los formularios una pregunta sobre la ciudadanía.
La Administración Trump perdió esa batalla en la Corte Suprema, pero siguió insistiendo en recopilar esa información de parte de las agencias federales.
La Oficina del Censo dijo hoy que ha comenzado la enumeración en lugares "transitorios" y viviendas temporales, y también tiene planes de desplazar a trabajadores a los barrios para verificación de datos.
“Se alienta al público a cooperar con los enumeradores cuando hagan esas visitas de seguimiento”, explicó la agencia, que aseguró que tiene “rigurosos métodos y procesos” para evitar una duplicación de respuestas.