WASHINGTON DC.— Amy Coney Barrett tomó posesión este martes como magistrada de la Corte Suprema, cimentando una mayoría conservadora (6-3) que moldeará el país durante décadas. Entre los casos pendientes en los que participará próximamente, la jueza escuchará argumentos sobre Obamacare, inmigración, aborto y derechos LGBTQ.
Barrett, de 48 años, juró su cargo vitalicio oficialmente ante el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, un día después de ser confirmada por el Senado con 52 votos a favor (todos republicanos) y 48 en contra (de todos los demócratas, y de la senadora republicana por Maine, Susan Collins).
Con su incorporación, apenas un mes después de su designación por parte del presidente, Donald Trump, la jueza ocupa el lugar vacante tras la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg el 18 de septiembre.
Barrett es el tercer nombramiento de Trump para la Corte Suprema, después de Brett Kavanaugh en 2018, y Neil Gorsuch en 2017, y es la quinta mujer en los 231 años de historia del máximo tribunal.
Además, Trump ha instalado a más de 200 jueces en tribunales federales.
Barrett evitó durante su proceso de confirmación ante el Senado pronunciarse sobre asuntos como Obamacare, el derecho al aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, o la separación de familias en la frontera, pero su historial conservador ofrece pistas de cómo podría actuar en el máximo tribunal.
En el ámbito migratorio, por ejemplo, la jueza se ha alineado con la postura de la Administración presidida por Trump en el 88% de los casos del Séptimo Tribunal de Apelaciones, según un análisis de la página web Accountable.us.
A continuación, un resumen de los casos más relevantes que llegarán a la Corte Suprema en noviembre, y el papel que podría jugar Barrett en ellos:
Discriminación contra la comunidad LGBTQ.— El 4 de noviembre, la Corte escuchará el caso Fulton v. City of Philadelphia, después de que esa ciudad eliminara el contrato de una agencia católica que provee servicios de casas de crianza porque rechazó solicitudes de parejas del mismo sexo.
Una corte de menor instancia determinó que Philadephia puede continuar su política que prohíbe la discriminación por orientación sexual. La Corte Suprema tendrá que decidir si agencias privadas que reciben fondos públicos pueden negar servicios a homosexuales o personas de distintas religiones.
Barrett, de fe católica, ha sido vinculada en su vida privada con grupos opuestos a la equidad de derechos para la comunidad LGBTQ.
Derechos de los inmigrantes.— El 9 de noviembre, la Corte escuchará una audiencia oral en el caso Niz-Chavez v. Barr, que determinará si el Gobierno federal puede agilizar la deportación de inmigrantes indocumentados al truncar, mediante citaciones judiciales, su estancia continua en el país.
En la actualidad, la ley permite que ciertos extranjeros puedan pelear sus casos de deportación si llevan entre siete y 10 años de domicilio continuo en Estados Unidos, dependiendo de su estatus migratorio.
Pero, bajo la regla conocida como “frenar el reloj”, las cortes pueden interrumpir la acumulación de domicilio continuo mediante citaciones judiciales, a veces sin precisar la documentación requerida. La Corte Suprema deberá determinar qué documentos pueden justificar “frenar el reloj”.
Barrett dijo ante el Senado que se negaba a ser “arrastrada a un debate sobre la política migratoria” de Trump, para evitar responder a preguntas al respecto.
El futuro de Obamacare.— El 10 de noviembre llega a la Corte Suprema el caso California v. Texas, sobre la exigencia dentro de Obamacare de que las personas compren seguro médico so pena de recibir multas del Servicio de Rentas Internas (IRS, en inglés).
La Corte Suprema ya apoyó en 2012 esa cláusula de la reforma sanitaria, pero el Congreso aprobó una ley tributaria que dejó esa multa en cero dólares a finales de 2018, lo que desató la disputa actual.
Si los jueces determinan ahora que esa cláusula de la reforma sanitaria de 2010 es ilegal, podrían anularla por completo y dejar sin seguro médico a 22 millones de personas ahora cubiertas bajo Obamacare.
Barrett dijo ante el Senado que no es “hostil” hacia Obamacare, pero en el pasado criticó el programa y cuestionó aspectos del dictamen de 2012 de la Corte Suprema.
Las elecciones presidenciales.— Barrett también podría intervenir en casos relacionados con la contienda presidencial en curso, dependiendo de si Trump decide impugnar los resultados de los estados más reñidos. Trump ha sugerido que llevará la batalla a la Corte Suprema para exigir un recuento de votos si pierde la reelección.
Ante presiones de senadores demócratas, Barrett rehusó recusarse de casos electorales y pidió que tuvieran más confianza en su entereza profesional, porque no se dejaría utilizar “como pieza [de ajedrez] para decir la elección”.
Además, la Corte Suprema decidirá sobre temas clave relacionados con la votación antes del 3 de noviembre.
También hay dos casos relacionados con el derecho al aborto, uno en Mississipi y otro de Georgia, que podrían llegar hasta la Corte Suprema en esta sesión.
Alarma de progresistas
Expertos y activistas consultados por Noticias Telemundo temen que, ante el rosario de casos pendientes en la Corte Suprema, Barrett abandone la independencia que prometió tanto en el Senado como anoche durante una ceremonia en la Casa Blanca.
Ante unos 200 invitados, Barrett afirmó que, contrario a los legisladores, los jueces federales no están en deuda con quien los designa, prometiendo así que actuará con independencia y libre incluso de sus preferencias personales.
Aún así, su historial conservador despierta el recelo de activistas de la comunidad inmigrante.
“En los próximos años, es muy probable que la Corte Suprema presida sobre numerosos casos críticos respecto a inmigración y los derechos de los inmigrantes, DACA o el Censo", señaló Todd Schulte, presidente del grupo FWD.us. "Lo más importante acá es que, si Joe Biden gana la presidencia, él debe dar prioridad a cambios políticos a través del Congreso desde el primer día de su administración”, agregó.
Nicole Melaku, directora de la Alianza Nacional para Nuevos Estadounidenses (NPNA, en inglés), afirmó que la llegada de Barrett “amenaza los derechos fundamentales y el sustento de millones de estadounidenses”.
Por su parte, Jesse Bless, director de litigios federales de la Asociación de Abogados de Inmigración (AILA, en inglés), refutó que los jueces puedan actuar con imparcialidad, porque “son seres humanos con puntos de vista, prejuicios, y bagaje” y, en este caso, Barrett se ha distinguido por su conservadurismo desde el estrado.
En junio pasado, Barrett dejó su huella en la opinión minoritaria a favor de la regla carga pública, que deniega la residencia permanente a quienes hayan recibido o puedan necesitas beneficios públicos.
“Los jueces de la mayoría respaldaron el bloqueo [temporal] de la carga pública, pero ella escribió una mordaz opinión en contra, y es un buen ejemplo de sus inclinaciones conservadoras en el ámbito migratorio”, dijo Bless.
Como discípula del fallecido juez conservador Antonin Scalia -para quien trabajó entre 1998 y 1999-, Barrett se ciñe a una interpretación rígida de la Constitución y, según Bless, aplicará esa ideología a los estatutos federales.
Por ello, Bless considera que Barrett apoyaría el desmantelamiento del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que desde 2012 ha amparado de la deportación a más de 650,000 jóvenes indocumentados.
Fiel a su filosofía conservadora, Brett determinaría que el entonces presidente, Barack Obama, se excedió en su autoridad al implementar DACA, que se mantiene en vigor gracias a un estrecho dictamen de la Corte Suprema.
Sin embargo, Bless no comulga con la propuesta demócrata de ampliar el número de jueces en la Corte Suprema para “equilibrar” la ecuación porque, a su juicio, los próximos presidentes seguirían aumentando la cifra.
“¿Hasta dónde paramos? ¿Cuál sería la cifra correcta? Los nueve magistrados han funcionado bien durante toda la historia del tribunal", explicó, "el Congreso es parte de la separación de poderes y lo que debe hacer, en el campo migratorio, por ejemplo, es aprobar leyes y sacar a las cortes del debate político”.