La Corte Suprema acordó este lunes analizar la legalidad de la regla de la carga pública de la Administración del expresidente Donald Trump, que dificulta que los inmigrantes obtengan la residencia permanente si reciben o pueden necesitar beneficios públicos, como Medicaid, cupones de alimentos y ayudas de vivienda.
Los magistrados acordaron tomar en cuenta la apelación que presentó el Gobierno del expresidente contra un fallo de un tribunal inferior que establece que la regla probablemente viola las leyes federales de inmigración al expandir la definición de quién puede ser considerado una carga pública y aumentar así el número de personas que serán rechazadas cuando piden una residencia o visa.
No es la única política de la era Trump que estará bajo revisión en el máximo tribunal. También se analizarán medidas que restringen que se asignen fondos federales de un programa de planificación familiar, llamado Título X, a las clínicas que practican abortos. Las restricciones dejaron fuera del programa a Planned Parenthood y otras clínicas en 34 estados que proporciona control de la natalidad y exámenes médicos a mujeres de bajos ingresos.
La forma en que se resuelvan estos casos pueden aportar una idea clave sobre futuras decisiones de la Corte Suprema, que cuenta ahora con una mayoría conservadora. Las previsiones, sin embargo, podrían no tener efecto inmediato alguno. El presidente, Joe Biden, ya ordenó al Gobierno federal analizar ambas medidas y se espera que esto lleve a que sean revocadas.
Sin embargo, si la Corte Suprema falla a favor de las políticas de Trump antes de que sean anuladas, esto podría ayudar en el largo plazo a que sean restauradas por futuros gobiernos republicanos.
Se espera que la corte programe los casos para esta primavera, dio a conocer la web informativa Politico.
Por otro lado, el máximo tribunal también denegó una apelación de los aliados republicanos de Trump contra una decisión de la Corte Suprema de Pennsylvania que permitía que las boletas recibidas hasta tres días después del día de las elecciones se contaran ante las demoras por la pandemia.
Qué es la carga pública y cómo impacta en los migrantes
La regla de la carga pública, que fue establecida en agosto de 2019 y aún está vigente en la mayoría de los estados del país, busca que los inmigrantes puedan mostrar que no dependen de la asistencia del Gobierno al pedir una residencia legal.
Según las regulaciones vigentes en vigor en 1996, el término “carga pública” se define como alguien que es "principalmente dependiente" de la asistencia del estado, lo que significa que obtiene más de la mitad de sus ingresos de la ayuda oficial y sólo en ciertos beneficios. Pero el Gobierno de Trump amplió la definición, incluyendo más programas y ayudas.
Quienes se oponen a la regla, como Susan Welber, abogada de la Legal Aid Society, dijeron que el gobierno estaba tratando de excluir "como indigno y no bienvenido a cualquiera que se prevé que reciba incluso una pequeña cantidad de asistencia alimentaria, de salud o de vivienda".
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Los defensores de los inmigrantes han advertido sobre el efecto paralizador de la regla en las comunidades. En algunos casos, las familias migrantes evitan tomar beneficios, como Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños, por temor a arriesgar su estatus migratorio en el futuro, según una investigación publicada recientemente por el Urban Institute.