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La Cámara Baja de Texas vota a favor de llevar a juicio político al fiscal general del estado, Ken Paxton

Paxton, republicano de 60 años, está acusado de soborno, incapacidad para el cargo y abuso de la confianza pública. Si es destituido, el gobernador del estado, Greg Abbott, designaría un reemplazo interino.

Por Acacia Coronado, Jim Vertuno y Jake Bleiberg - The Associated Press

AUSTIN, Texas — La Cámara de Representantes de Texas, liderada por el Partido Republicano, votó este sábado a favor de realizar un juicio político contra el fiscal general Ken Paxton.

Con 121 votos a favor del proceso y 23 en contra, los representantes texanos le han dado un duro golpe a Paxton, plagado de escándalos y quien había pedido a sus partidarios protestar contra la votación que podría llevar a su destitución. Ahora, Paxton deberá retirarse de su puesto mientras se realiza el juicio político.

Durante varias horas este sábado, los representantes debatieron sobre la posibilidad de destituir y suspender a Paxton de su cargo por acusaciones de soborno, incapacidad para el cargo y abuso de confianza pública. Algunas de esas acusaciones han perseguido al principal fiscal de Texas durante la mayor parte de sus tres mandatos.

El presidente de la Cámara Baja, Dade Phelan, pidió decoro durante el debate. Andrew Murr, el presidente republicano de la comisión de investigación que recomendó la destitución, leyó una resolución: "Señor presidente, presento la resolución de privilegio H.R. 2377 de destitución de Warren Kenneth Paxton, Fiscal General del Estado de Texas". Un secretario leyó cada uno de los 20 artículos de la acusación contra Paxton.

Al concluir el debare, Murr dijo a los miembros de la cámara: "no vamos a tolerar la corrupción. La evidencia presentada ante ustedes es convincente y más que suficiente para ir a juicio".

La comisión asignó cuatro horas de debate, divididas en partes iguales entre partidarios y detractores de la destitución, con 40 minutos para los argumentos iniciales de los miembros de la comisión y 20 minutos para el alegato final.

De nada valió para Paxton el apoyo de algunos de los congresistas, entre ellos Steve Toth, representante del distrito 15 de Texas quien habló de la "falta de debido proceso", contra el fiscal.

"Esto no ha sido más que rumores", dijo Toth sobre las evidencias contra Paxton. "Asegurémonos de hacer las cosas de la forma correcta", pidió a sus colegas antes de la votación.

La audiencia de este sábado fue la antesala de lo que puede ser una vertiginosa caída para uno de los combatientes legales más prominentes del Partido Republicano, que en 2020 pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos que anulara la derrota electoral del expresidente Donald Trump por Joe Biden. Solo dos funcionarios en los casi 200 años de historia de Texas han sido sometidos a juicio político.

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Paxton, de 60 años, ha calificado el proceso de destitución de “teatro político” basado en “habladurías y chismes, repitiendo como un loro afirmaciones desmentidas desde hace mucho tiempo”, y un intento de privar del derecho de voto a los votantes que lo reeligieron en noviembre. El viernes pidió a sus partidarios ir “pacíficamente a hacer oír su voz" en el Capitolio texano.

Ken Paxton ha sido fiscal general de Texas desde enero de 2015.
Ken Paxton ha sido fiscal general de Texas desde enero de 2015. Brian Snyder / Reuters

Paxton ha estado bajo investigación del FBI durante años por acusaciones de que utilizó su oficina para ayudar a un donante y fue acusado por separado de cargos de fraude de valores en 2015, aunque aún no ha sido juzgado. Hasta esta semana, sus compañeros republicanos habían adoptado una postura discreta sobre las acusaciones.

El juicio político requiere una mayoría simple en la Cámara. Eso significa que sólo una pequeña fracción de sus 85 republicanos tendría que unirse a 64 demócratas para votar en su contra.

Con esta resolución, Paxton sería apartado de su cargo a la espera de un juicio en el Senado, y corresponderá al gobernador republicano Greg Abbott nombrar a un sustituto interino. La destitución definitiva requeriría dos tercios de los votos del Senado, del que forma parte Angela, la esposa de Paxton.

Los principales republicanos electos de Texas han guardado un notable silencio sobre Paxton esta semana. Pero algunos miembros del partido se unieron en torno a él el viernes, con el presidente del GOP estatal, Matt Rinaldi, llamando al proceso una “farsa”.

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En cierto sentido, el peligro político de Paxton llegó a gran velocidad: la investigación en su contra del comité de la Cámara salió a la luz el martes, y el jueves los legisladores emitieron 20 artículos de acusación.

Pero para los detractores de Paxton, la reprimenda llegó con años de retraso.

En 2014 admitió haber violado la ley de valores de Texas, y un año después fue acusado de fraude de valores en su ciudad natal, cerca de Dallas, acusado de estafar a los inversores en una startup tecnológica. Se declaró no culpable de dos delitos graves que conllevan una posible condena de cinco a 99 años.

Abrió un fondo de defensa legal y aceptó 100,000 dólares de un ejecutivo cuya empresa estaba siendo investigada por la oficina de Paxton por fraude al Medicaid. Otros 50,000 dólares fueron donados por un jubilado de Arizona cuyo hijo Paxton contrató más tarde para un puesto de alto rango, pero pronto fue despedido tras mostrar pornografía infantil en una reunión.

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En 2020, Paxton intervino en una comunidad montañosa de Colorado donde un donante de Texas y compañero de universidad se enfrentaba al desalojo de su casa junto al lago por orden de coronavirus.

Pero lo que finalmente desencadenó el impulso de la destitución fue la relación de Paxton con el promotor inmobiliario de Austin, Nate Paul.

En 2020, ocho asesores de alto nivel dijeron al FBI que les preocupaba que Paxton estuviera haciendo un uso indebido de su cargo para ayudar a Paul en relación con las afirmaciones no probadas del promotor de que estaba en marcha una elaborada conspiración para robar 200 millones de dólares de sus propiedades. El FBI registró la casa de Paul en 2019, pero no ha sido acusado y niega haber hecho nada malo. Paxton también dijo a miembros de su personal que tuvo un romance con una mujer que, según se supo después, trabajaba para Paul.

Los cargos políticos acusan a Paxton de intentar interferir en los juicios por ejecuciones hipotecarias y de emitir opiniones legales para beneficiar a Paul. Las acusaciones de soborno alegan que Paul contrató a la mujer con la que Paxton tuvo una aventura a cambio de ayuda legal y que pagó costosas reformas en la casa del fiscal general.

Un abogado de alto rango de la oficina de Paxton, Chris Hilton, dijo el viernes que el fiscal general pagó todas las reparaciones y renovaciones.

Otras acusaciones, incluida la de mentir a los investigadores, se remontan a la acusación de fraude de valores de Paxton, aún pendiente.

Cuatro de los ayudantes que denunciaron a Paxton ante el FBI presentaron posteriormente una demanda al amparo de la ley de denunciantes de Texas, y en febrero el fiscal accedió a llegar a un acuerdo en el caso por 3.3 millones de dólares. El comité de la Cámara de Representantes afirmó que fue Paxton buscando la aprobación legislativa para el pago que provocó su investigación.

“De no ser por la petición del propio Paxton de un acuerdo financiado por los contribuyentes por su conducta ilícita, Paxton no se enfrentaría a un juicio político”, dijo el panel.

Una línea similar utilizó este sábado el presidente republicano de la comisión de investigación, Andrew Murr. "El señor Paxton fue quien trajo este asunto ante nosotros".