WASHINGTON.— El presidente electo, Joe Biden, tiene apenas 10 semanas hasta su investidura en enero, pero su equipo de transición afronta trabas de la Administración Trump, que insiste falsamente en que hubo fraude y que los demócratas le quieren robar la reelección.
El equipo de transición de Biden, liderado por su antiguo jefe de Gabinete en el Senado, Ted Kaufman, está integrado por asesores de su círculo más cercano, entre ellos muchos funcionarios de la Administración Obama.
Tradicionalmente, la tarea de un equipo de transición es poner en marcha un plan para la designación de los puestos del Gobierno federal.
El equipo ha identificado a funcionarios para llenar unos 4,000 puestos federales -dando prioridad a los relacionados con el combate a la pandemia del COVID-19, de los cuales cerca de 1,200 requieren la confirmación del Senado.
La Agencia de Servicios Gubernamentales (GSA, por su sigla en inglés) siempre ha estado a cargo de facilitar la transición, pero, en un acto sin precedente, su administradora, Emily Murphy, designada por Trump, se ha negado a firmar la carta que libera recursos federales para estas labores.
Bajo un cambio en los estatutos federales, la GSA sólo tiene que reconocer al “aparente ganador” de los comicios presidenciales para propiciar el establecimiento del entrante Gobierno, y sus críticos han calificado esta negativa de “sabotaje”.
La última vez que hubo un retraso en la transición ocurrió en 2000, cuando la Corte Suprema resolvió en diciembre la disputa por el recuento de votos en Florida, y dio la victoria al republicano George W. Bush frente al exvicepresidente demócrata Al Gore.
Una vez que la GSA reconoce al ganador de la presidencia, permite el acceso a informes clasificados, a más de 6 millones de dólares para operaciones de apoyo a la transición y al uso de infraestructura gubernamental, incluyendo oficinas federales.
Durante una llamada con periodistas, un funcionario del equipo de transición, que pidió el anonimato, dijo que no descartan acciones legales si Murphy continúa obstaculizando su labor.
La GSA no ha respondido a una solicitud de Noticias Telemundo para un comentario sobre su decisión.
La congresista demócrata por Nueva York y presidenta del Comité de Supervisión del Gobierno en la Cámara de Representantes, Carolyn Maloney, dijo a Noticias Telemundo que Trump "simplemente no tiene una vía hacia adelante, sin importar cuántas demandas sin fundamento entable".
Murphy necesita "liberar los recursos para la transición que el Congreso le provee a la entrante Administración Biden-Harris" porque, de lo contrario, el bloqueo "degrada la capacidad de la nueva Administración para responder a la crisis del coronavirus, impide que pueda responder a la precaria situación económica, y pone en peligro nuestra seguridad nacional", subrayó Maloney.
Jen Psaki, miembro del equipo de transición de Biden, ha dicho que su grupo espera que la GSA pronto reconozca el triunfo de Biden y Harris para propiciar la transferencia de poder pacífica.
“Los intereses de seguridad nacional y económicos de Estados Unidos dependen de que el Gobierno federal envíe una señal clara y rápida de que el Gobierno estadounidense respetará la voluntad del pueblo y se implicará en una transferencia de poder fluida y pacífica”, dijo Psaki en Twitter.
En ese sentido, Rebecca Friedman Lissner, académica de la Universidad de Georgetown, ha advertido que la negativa de Trump a admitir derrota podría dar pie al periodo de transición "más hostil en la historia moderna".
"Ya en tiempos normales una transición presidencial afronta riesgos, pero éste aún más por la pandemia global y la crisis económica en casa. Cada minuto que la saliente Administración retrasa el inicio oficial de la transición es una oportunidad perdida y con el potencial de dañar la salud, seguridad, prosperidad de todos los estadounidenses", dijo a Noticias Telemundo.
Friedman Lissner no descarta que, en el peor de los casos, la Administración Trump intente "sabotear" al entrante Gobierno, tomando medidas que, por ejemplo, impidan el regreso de EE. UU. al acuerdo nuclear iraní; nieguen acceso a toda clase de información de los servicios de inteligencia; o precipiten decisiones de gran envergadura internacional sin consultarlo.
Trabas en el camino
La campaña de Trump y sus aliados republicanos dentro y fuera del Congreso están haciendo lo propio para impedir que Biden pueda tomar posesión el próximo 20 de enero.
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La campaña de Trump mantiene dos frentes abiertos contra Biden: uno ante la opinión pública, mediante comparecencias públicas de sus aliados y la convocatoria de mítines masivos con sus partidarios, y otro ante los tribunales, con el objetivo de impugnar los resultados electorales.
Los fiscales generales republicanos de Louisiana, Jeff Landry; de Missouri, Eric Schmitt, y de Oklahoma, Mike Hunter, tienen planeado anunciar una demanda relacionada con el cómputo de votos por correo en Pennsylvania, en lo que describen como una “póliza de seguro” contra la eventual Administración Biden-Harris y lo que califican como una “agenda liberal extremista”.
Otros republicanos acudieron este lunes ante un tribunal de apelaciones en Michigan después de que otro tribunal federal desechó la semana pasada su demanda, presentada porque supuestamente observadores de la campaña de Trump no tuvieron acceso a las mesas de cómputo de votos.
Ya hay cerca de una decena de demandas republicanas en Pennsylvania, Michigan, Nevada, Georgia y Arizona, por presuntas irregularidades electorales. De éstas, la mitad han sido rechazadas, retiradas o resueltas fuera de las cortes y, del resto pendiente, solo cuatro tienen mérito, según expertos legales.
Aún con un recuento de votos, es poco probable que el mandatario pueda superar la ventaja de decenas de miles de votos que ha registrado Biden en esos estados, añaden expertos.
Prioridades del equipo
Biden ha dejado claro que su máxima prioridad será atajar la pandemia del COVID-19 y este lunes lideró junto a la vicepresidenta electa, Kamala Harris, una reunión virtual con el grupo de asesores que, durante la transición, ofrecerá recomendaciones para lograr esa meta.
Por su parte, activistas de la comunidad inmigrante celebran que Biden esté preparando una serie de órdenes ejecutivas para revertir algunas de las políticas de la Administración Trump, entre éstas una para reestablecer de lleno el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés).
Ese programa, que ha dado cobijo de la deportación a más de 650,000 jóvenes indocumentados, fue desmantelado por Trump en septiembre de 2017, pero se mantiene en vigor gracias a la intervención de la Corte Suprema.
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Greisa Martínez Rosas, beneficiaria de DACA y directora ejecutiva del grupo United We Dream, enumeró hoy las otras grandes promesas de Biden, incluyendo el fin de centros de detención privados; una moratoria a las deportaciones en sus primeros 100 días de Gobierno; el envío al Congreso de una reforma migratoria integral, y cobertura médica para todos los ciudadanos, sin importar su estatus migratorio.
“Biden no debe pedir disculpas por adoptar cualquier vía ejecutiva o legislativa para proteger a los inmigrantes, e incluirlos en paquetes de recuperación en respuesta a las crisis de salud y económica”, afirmó Martínez Rosas.
La activista argumentó que el movimiento pro-reforma migratoria contribuyó a la derrota de una “administración de supremacía blanca”, y éste reiterará sus exigencias ante la entrante Administración.