Ayotzinapa, seis años después: “Son nuestros hijos y tenemos el derecho de tenerlos con nosotros”

En el aniversario de la desaparición de 43 normalistas mexicanos sigue sin saberse exactamente qué sucedió, para el continuo pesar para familias, aunque empieza a haber avances importantes.
/ Source: Telemundo

CIUDAD DE MÉXICO.- Han sido seis años de dolor, de búsqueda y de conmoción nacional desde que un grupo de estudiantes rurales fue brutalmente atacado por fuerzas de seguridad y por grupos ciminales, que trabajaron en conjunto, cuando los jóvenes iban camino a una protesta en México.

En esa noche de septiembre del 2014, seis civiles fueron asesinados y 43 de los jóvenes, casi todos en su primer año de universidad, fueron vistos por última vez a bordo de camionetas policiales.

Desde entonces se desconoce su paradero.

Sigue siendo el evento con más víctimas de desaparición forzada durante una sola noche en las últimas décadas del país, donde más de 75,000 personas están registradas como desaparecidas.

“Queremos dejar un México mejor, un futuro para nuevas generaciones, para que no les pase [una tragedia similar]. No nada más son 43”, dice Clemente Rodríguez, padre de uno de los estudiantes.

El trabajo incansable de las familias de los jóvenes y de sus defensores, así como las crecientes protestas de compañeros de los estudiantes y las exigencias de tribunales por fin están siendo correspondidos por las autoridades con una nueva investigación.

Así llega México a otro aniversario del caso Ayotzinapa, nombrado por el poblado del estado de Guerrero donde se encuentra el colegio al que pertenecían los jóvenes, la Escuela Raúl Isidro Burgos, que capacita a mexicanos de escasos recursos, de zonas rurales o de ascendencia indígena para ser maestros apodados normalistas.

"Cada día que pasa nos desespera, tener que regresar a casa con manos vacías" porque "nos faltan nuestros hijos; nos quitaron lo que más queremos", recalcó este sábado María Martínez Zeferino, madre de Miguel Ángel Hernández Martínez. "Son nuestros hijos y tenemos el derecho de tenerlos con nosotros", agregó.

Avances, poco a poco, contra la “verdad histórica”

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador programó un evento este sábado para informar sobre sus acciones recientes en seguimiento de su promesa de campaña de retomar el caso, después de que las autoridades previas cometieron graves irregularidades.

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Pupitres vacíos en la Escuela Raúl Isidro Burgos con fotografías de los 43 estudiantes normalistas que fueron atacados y desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014.Reuters

Algunas de las acciones incluyen operaciones de búsqueda en vida de los jóvenes, así como exhumaciones y búsquedas en terrenos, una de la cual resultó en el hallazgo de restos después identificados como uno de los estudiantes.

Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, habló este sábado también sobre interrogaciones a miembros de fuerzas de seguridad que no habían sido consultados antes sobre sus acciones de esa noche y los trabajos para poner tras las rejas a más personas que se acreditó tuvieron mano en el ataque a los estudiantes.

En el sexenio previo, de Enrique Peña Nieto, se intentó dar por cerrado el caso con lo que llamaron “verdad histórica”, según la cual los jóvenes normalistas habían sido incinerados por grupos criminales en un basurero. Excepto que, según expertos internacionales, esa “verdad” fue fabricada con tortura de sospechosos y con malos manejos de la evidencia; las pruebas ni siquiera soportaban la versión de un fuego masivo donde dijeron que pasó.

Ante el clamor popular, las exigencias de académicos internacionales, de tribunales y de asociaciones, el nuevo Gobierno ha marcado un contraste.

Se creó una comisión especial dedicada al caso, y López Obrador ha tenido varias reuniones con los padres de los estudiantes desaparecidos.

"Nos hemos comprometido a esclarecer todos los hechos y se está avanzando en ese propósito", dijo el presidente.

En su informe conocido este sábado, el Gobierno recalcó que han lanzado 70 de órdenes para arrestar a presuntos criminales involucrados y también a policías y exfuncionarios acusados de participar en los ataques o de impedir una indagatoria justa. Entre ello, el exjefe de investigaciones Tomás Zerón, que está prófugo y se cree participó en torturas.

Un grupo internacional formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (conocido como GIEI) había enumerado los errores de la pesquisa previa que ahora han motivado estas acciones.

El recuento de los daños

Aunque para las familias de los 43, los avances que hay hasta ahora son insuficientes si no se logra por lo menos conocer qué pasó esta noche, en la que los jóvenes fueron atacados por fuerzas de seguridad y por grupos criminales, los que aparentemente se coordinaron con policías y funcionarios.

"No nos defraude, necesitamos tener a alguien que nos ayude", le dijo a López Obrador este sábado María Martínez Zeferino, una de las madres de los 43.

"Vemos que en vez de protegernos hay quienes llegan a desaparecernos", repudió la madre, en referencia a fuerzas de seguridad que estuvieron involucradas en el caso. "No es posible que los delincuentes sean más poderosos que usted, señor presidente", recalcó Martínez Zeferino.

El GIEI  encontró desde 2017 varios datos que nunca fueron investigados y que pudieran aclarar qué pasó.

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Hace seis años, los estudiantes después desaparecidos se apoderaron de camiones con la intención de viajar hacia Ciudad de México para una protesta sin tener que pagar unos pasajes que no podían costear.

Las fuerzas de seguridad y el grupo narcotraficante Guerreros Unidos abrieron fuego contra los camiones de los estudiantes y también contra otro autobús donde iba un equipo de fútbol local. Pero el GIEI descubrió que había otro bus, un quinto camión, que no fue atacado.

La agencia antidrogas estadounidense, que ha estudiado al cártel Guerreros Unidos, ha destacado en informes que ese grupo solía mover la droga escondida en camiones de pasajeros. Queda abierta la posibilidad de que policías coludidos con narcos dispararon contra los estudiantes sencillamente porque los jóvenes, sin darse cuenta, iban a bordo de un bus que tenía droga.

La actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció hace unos días que hay “información que arroja luces sobre lo verdaderamente ocurrido” en la noche del 26 de septiembre de 2014, aunque esta supuesta información no ha sido divulgada.

Lo que se espera seis años después

En julio fue anunciado que con la nueva investigación se habían encontrados fragmentos de huesos de un pie en una barranca, ominosamente apodada “La carnicería”, y que los restos óseos coinciden con datos genéticos de Christian Rodríguez Telumbre.

Con él serían tres los estudiantes supuestamente confirmados como muertos, a partir de fragmentos de hueso, junto con Alexander Mora Venancio, desaparecido a sus 21 años y que jugaba fútbol además de estudiar; y Jhosivani Guerrero de la Cruz, desaparecido cuando tenía 20 años y que quería enseñar para que otros niños evitaran la suerte de su hermano, quien murió intentando emigrar a Estados Unidos.

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Tales hallazgos han sido muy duros para los familiares: no todos han aceptado la posibilidad de que algunos de los normalistas hayan sido asesinados.

"No podemos estar en paz hasta que se agoten todas las líneas de investigación", dijo a Noticias Telemundo la madre de Christian, Luz María Telumbre, en agosto.

Aunque algunos de los padres, que viven en un limbo de no poder abrazar a sus hijos pero tampoco de poder velarlos, parecen estar haciéndose a la idea de que tal vez solo sea posible lo segundo.

Por años, mexicanos corearon “Vivos se los llevaron y vivos los queremos” en protestas masivas. Ahora la principal consigna es #HaciaLaVerdad, promovida sobre todo virtualmente en redes debido a la pandemia: si resulta que los estudiantes y sus familias no podrán ser reunidos en vida, al menos que se sepa qué sucedió, cómo y por qué.

A seis años, esas respuestas que apunten a la verdad, por dolorosa que sea, todavía no existe.

Clemente Rodríguez y María Telumbre posan con una pancarta en honor a su hijo Christian Alfonso, en su casa de Tixtla, Guerrero, en 2015Reuters