Seis estados liderados por republicanos están demandando al Gobierno federal para tratar de detener su plan de condonar la deuda estudiantil de decenas de millones de estadounidenses, acusándolo de extralimitarse en sus poderes ejecutivos.
Se trata de al menos el segundo desafío legal que enfrenta esta semana la propuesta presentada por el presidente, Joe Biden, a fines de agosto, cuando dijo que su Administración cancelaría hasta 20,000 dólares en préstamos estudiantiles para una gran cantidad de personas. El anuncio, después de meses de deliberaciones internas y la presión de los activistas liberales, se convirtió en material político justo antes de las elecciones intermedias de noviembre y alimentó los argumentos de los conservadores sobre la legalidad de la medida.
Mientras tanto, el Gobierno ha reducido quiénes pueden recibir el beneficio, eliminando a un grupo relativamente pequeño de prestatarios que son objeto de debate legal en la demanda. Esos prestatarios, cuyos préstamos están respaldados por el Gobierno federal pero son propiedad de bancos privados, una reliquia de los programas de préstamos desaparecidos, ahora no son elegibles para la cancelación de la deuda estudiantil, informó el Departamento de Educación.
En la demanda, que se presentó el jueves ante un tribunal federal en Missouri, los estados republicanos argumentan que el plan de cancelación de la deuda “no está ni remotamente diseñado para abordar los efectos de la pandemia en los solicitantes de préstamos estudiantiles federales”, como lo exige la ley federal de 2003 que el Gobierno ha usado para justificar la medida. Señalan que Biden, en una entrevista con el programa 60 Minutes de la cadena CBS este mes, declaró que la pandemia de COVID-19 había terminado, pero todavía usa la emergencia de salud en curso para justificar el alivio de la deuda.
“Es evidentemente injusto cargar a los estadounidenses que trabajan con la deuda del préstamo de aquellos que optaron por ir a la universidad”, afirmó en una entrevista la fiscal general de Arkansas, Leslie Rutledge, quien encabeza el grupo.
Agregó: “El Departamento de Educación está obligado, por ley, a cobrar el saldo adeudado de los préstamos. Y el presidente Biden no tiene la autoridad para anular eso”.
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Los estados de Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska y Carolina del Sur se unieron a Arkansas para presentar la demanda. Iowa tiene un fiscal general demócrata, pero la gobernadora republicana del estado, Kim Reynolds, firmó en nombre de la entidad. Los estados argumentan que el administrador de préstamos de Missouri enfrenta una “serie de daños financieros en curso” debido a la decisión de Biden de cancelar los préstamos. Otros estados que se unieron a la demanda argumentan que el plan de perdón de Biden perjudicará los ingresos de las arcas estatales.
En particular, la demanda alega que Missouri perderá ingresos de los préstamos que posee a través del Programa Federal de Préstamos para la Educación Familiar, un programa que permitió a los bancos privados emitir y administrar préstamos estudiantiles respaldados por el Gobierno federal hasta que el programa se disolvió en 2010.
El Departamento de Educación actualizó su sitio web el jueves diciendo que las personas con préstamos federales que son propiedad de bancos privados, incluido el programa FFEL y los préstamos Perkins, ya no serán elegibles a menos que ya hayan consolidado sus préstamos en el programa de préstamos directos del Gobierno antes del jueves. El cambio revertirá la elegibilidad de unos 770,000 prestatarios, indicó el departamento.
“Nuestro objetivo es brindar alivio a la mayor cantidad de prestatarios elegibles de la manera más rápida y sencilla posible, y esto nos permitirá lograr ese objetivo mientras continuamos explorando opciones adicionales legalmente disponibles para brindar alivio a los que contrataron préstamos FFEL de propiedad privada”, afirmó el departamento en un comunicado.
Aún así, la Administración ha dicho desde hace mucho tiempo que confiaba en que el programa de perdón sobreviviría a los desafíos judiciales.
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“Los funcionarios republicanos de estos seis estados defienden intereses especiales y luchan para detener la ayuda a personas que están enterradas bajo una montaña de deuda”, declaró el jueves el portavoz de la Casa Blanca, Abdullah Hasan. “El presidente y su Administración están dando un respiro legal a las familias trabajadoras y de clase media mientras se recuperan de la pandemia y se preparan para reanudar los pagos de sus préstamos en enero”.
El programa de condonación de Biden cancelará 10,000 dólares en deuda estudiantil para aquellos que ganan menos de 125,000 dólares anuales u hogares con menos de 250,000 dólares anuales de ingresos. Los beneficiarios de la Beca Pell, que generalmente demuestran una mayor necesidad financiera, recibirán una condonación de deuda adicional de 10,000 dólares.
La Casa Blanca desestimó la demanda por infundada porque cualquier prestatario que no quiera el alivio de la deuda puede optar por no participar. El Departamento de Educación todavía está en camino de presentar la solicitud para el plan de condonación a principios de octubre y envió un correo electrónico a los prestatarios el jueves explicando cómo prepararse para presentar la solicitud. El correo electrónico señaló que los solicitantes no tienen que presentar ningún documento de respaldo.
Los republicanos también han aprovechado para criticar a Biden por el costo que tendrá su plan de condonación en el erario público. La Oficina de Presupuesto del Congreso informó esta semana que el programa costará alrededor de 400,000 millones de dólares durante las próximas tres décadas. La Casa Blanca respondió que la estimación de lo que costará durante el primer año, unos 21,000 millones de dólares, es inferior a lo que los funcionarios federales habían considerado originalmente.