El secretario de Defensa, Lloyd Austin, aseguró este martes por primera vez que apoyará los cambios en el aparato de justicia militar que se han discutido desde hace tiempo en relación con el procesamiento de los casos de agresión sexual.
Austin afirmó en una declaración a la agencia The Associated Press que está de acuerdo en remover a los mandos militares de las investigaciones sobre abuso sexual, para dejar que sean abogados militares los que se encarguen de estas.
El Pentágono se ha resistido durante mucho tiempo a tal cambio, pero Austin y otros líderes de alto rango están reconociendo lentamente que el Ejército no ha logrado avances contra la agresión sexual y que se necesitan algunos cambios.
Austin se comprometió a trabajar con el Congreso para implementar los cambios, diciendo que le otorgarán al departamento "oportunidades reales para finalmente poner fin al flagelo de la agresión sexual y el acoso sexual en el Ejército".
Su apoyo público al cambio ha sido esperado con impaciencia por activistas y víctimas, y se espera que envíe una señal inequívoca a los militares e impulse un cambio.
La capacidad del Ejército para conducir sus propias investigaciones sobre instancias de agresión sexual se vio duramente cuestionada durante el caso de Vanessa Guillén, la soldado latina que fue asesinada en la base militar de Fort Hood, Texas.
Guillén, de 20 años, había denunciado una instancia de abuso sexual por parte de un superior tiempo antes de su desaparición de la base, pero las autoridades no actuaron alegando que su denuncia no era creíble.
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La falta de respuesta en esa ocasión desmotivó a Guillén, según ha dicho su familia, para volver a denunciar el presunto acoso de un compañero, Aaron Robinson, su supuesto asesino.
La desaparición de la joven soldado, y el posterior hallazgo de sus restos desmembrados, desató una ola de denuncias de abuso sexual dentro de las fuerzas armadas. Finalmente, el Ejército reconoció que había fallas en sus procedimientos para atender las denuncias de acoso, los asesinatos y suicidios en Fort Hood, y despidió o suspendió a 14 oficiales de la base.
La declaración del general en retiro Lloyd Austin se produce en este contexto de reclamo y búsqueda de justicia por casos como el de Guillén y de otras mujeres violentadas en las fuerzas armadas.
Sin embargo, el memorando del jefe del Pentágono no expresa ninguna opinión sobre posibles cambios legislativos que requerirían que abogados independientes manejen todos los casos de delitos mayores, no solo los de agresión sexual.
La senadora Kirsten Gillibrand, demócrata por Nueva York, cuenta con el apoyo de 66 senadores para un proyecto de ley que requeriría fiscales independientes para todos los delitos graves que establecen más de un año de prisión.
Pero otros legisladores y líderes militares de alto rango se han negado a quitarle el control de todos los delitos graves a los comandantes militares, argumentando que esto debilitaría la autoridad de mando del Ejército y consumiría demasiados recursos y tiempo.
“Me preocupa mucho que se pueda perjudicar en verdad a las mujeres miembros del servicio, si [la reforma] se limita a los casos de agresión sexual. Las marginará y socavará aún más, y se considerará que reciben un trato especial”, afirmó Gillibrand.
Con información de The Associated Press.