WASHINGTON D.C.— Con el propósito declarado de erradicar el fraude migratorio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) planea recabar muestras de ADN y otros datos biométricos a más de seis millones de solicitantes de visas al año, en un esfuerzo que no perdonará ni a niños ni a ciudadanos estadounidenses que patrocinen a familiares.
El DHS publicó este viernes un reglamento que, una vez implementado y a menos que sufra cambios, afectará a todos los solicitantes de visa y green cards de reunificación familiar.
En concreto, el reglamento publicado en el registro federal expande drásticamente la categoría de quiénes estarían sujetos a la medida; el tipo de datos biométricos requeridos (incluyen pruebas de ADN, registro de voz, y escaneo de iris y rostros); y cada cuándo deben entregarlos.
El reglamento, que ha sido rechazado por grupos pro-inmigrantes, se aplicará a "todo solicitante, patrocinador, beneficiario o individuo" que inicie un trámite migratorio -antes era sólo para ciertos beneficios-, e incluso a ciudadanos estadounidenses y sin importar la edad, indica el documento de más de 300 páginas.
La medida se enmarca en la serie de políticas que ha adoptado la Administración Trump desde 2017 para restringir la inmigración legal con el argumento de resguardar la seguridad nacional, y fue publicada en medio de una reñida contienda electoral.
Millones más en la mira
En la actualidad, los Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, en inglés) ya recaban la información biométrica de 3,9 millones de solicitantes de visa; con el nuevo reglamento, la cifra anual aumentaría a 6,1 millones.
De esta forma, el DHS prevé aumentar la recolección de datos del 46% en la actualidad al 71,2% de los solicitantes.
El reglamento se aplicaría tanto a niños como a ciudadanos estadounidenses que soliciten a sus familiares con la idea de verificar el parentesco de los solicitantes.
En el caso de los niños, DHS explicó que el reglamento permitirá frenar el fraude de personas que se hacen pasar por sus padres para lograr su rápida puesta en libertad y que, según el Gobierno, es algo que aprovechan al máximo los coyotes en la frontera sur.
La medida también afectará a solicitantes de refugio o asilo, solicitantes de ciudadanía, víctimas de violencia doméstica y trata de personas, trabajadores religiosos, o extranjeros que ingresen a Estados Unidos con visas de trabajo.
Los niños que ya hayan entregado sus datos biométricos tendrían que hacerlo de nuevo en un plazo de 30 días después de haber cumplido los 14 años, según el reglamento. El DHS calcula que esta parte del reglamento afectaría a hasta 63,000 menores de 14 años.
USCIS tendría además la prerrogativa de requerir estos datos biométricos cada año, si lo considera necesario, pese al gasto de 85 dólares que supone el trámite. Quienes no cumplan con el requisito correrían el riesgo de perder su visa y demás beneficios migratorios.
El subsecretario interino de Seguridad Nacional, Ken Cuccinelli, argumentó la semana pasada que la medida pretende modernizar el sistema de recolección de datos biométricos, convirtiéndolo en un sistema completamente digital.
“El aprovechar las tecnologías disponibles para verificar la identidad de un individuo sujeto a una revisión de antecedentes es gobernar de forma responsable. La recolección de información biométrica también protege del robo de identidad y bloquea a quienes cometen fraude al hacerse pasar por quienes no son”, dijo.
Pese a que se trata de un reglamento complejo, el DHS sólo ha dado un plazo de 30 días para comentarios públicos, hasta el 13 de octubre, cuando lo normal son 60 días, tras el cual podría modificarlo antes de ponerlo en marcha.
Una medida "monstruosa"
Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes acusaron a la Administración de excederse y violar la vida privada de las personas, y no descartan una posible batalla en las cortes para frenar el reglamento una vez puesto en marcha.
Dos abogadas consultadas por Noticias Telemundo coincidieron en que la medida es "extrema" y no se justifica, especialmente porque no hay indicios de un fraude migratorio significativo desde que el sistema de huellas dactilares pasó a formato digital.
“Nada le impide a USCIS pedir estos datos cada año a cualquier extranjero, incluso a un residente legal que lleva muchos años establecido en este país, mientras no obtenga la ciudadanía", señaló Sarah Pierce, analista del Instituto de Política Migratoria (MPI, en inglés).
"A todos debería preocuparle que ahora nadie quedaría a salvo de este requisito, ni siquiera los niños. Es una medida extrema, invasiva, y no hay nada que la justifique", enfatizó.
Por su parte, Jill Bussey, directora de abogacía del grupo CLINIC, consideró que se trata de "una medida monstruosa" y supone “una vigilancia indefinida, tanto de inmigrantes como de ciudadanos”, aunque no sean una amenaza a la seguridad nacional.
"El Gobierno mantiene esta terrible narrativa de fraude y abuso rampante del sistema para adoptar una política que creemos agravará el retraso en los trámites de USCIS. Esta medida busca infundir miedo y reducir la inmigración legal, y va a afectar a la gente más vulnerable que huyen de la persecución", agregó.
"Los residentes legales tienen que someterse a esto hasta obtener la ciudadanía, pero también los ciudadanos tendrán que someterse a esta vigilancia si quieren traer a sus familiares", subrayó.