Por Dareh Gregorian — NBC News
El Departamento de Justicia y los abogados del expresidente Donald Trump se ven las caras este jueves en una corte federal de Florida por primera vez desde que los agentes del FBI ejecutaron una orden de registro en el complejo Mar-a-Lago de Trump.
Los abogados de Trump piden a la jueza Aileen Cannon que nombre a un inspector especial para que revise las pruebas incautadas en el registro del 8 de agosto. Exigen conocer además la declaración jurada que justificó el registro judicial en su residencia de Florida.
La jueza no se pronunció de inmediato sobre la solicitud del inspector especial y dijo que emitiría una resolución por escrito en una fecha posterior.
“El Gobierno debe proporcionar al inspector especial y a Trump una copia de los materiales incautados, una copia de la orden de registro, y una copia sin editar de los materiales de la solicitud”, dijeron su abogados en una presentación judicial el miércoles.
“Si se deja sin control, el Departamento de Justicia impugnará, filtrará y publicará aspectos selectivos de su investigación sin ningún recurso para el demandante, salvo confiar de alguna manera en el autocontrol de los investigadores ahora sin control”, dijeron.
Un juez ordenó la semana pasada la publicación de una versión fuertemente editada de la declaración jurada, que mostraba que los investigadores habían encontrado documentos clasificados en cajas que Trump devolvió a la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA, en inglés) en enero, después de haber estado fuera del cargo durante más de un año. Veinticinco de esos documentos estaban marcados como de alto secreto, y muchos más estaban etiquetados como secretos o confidenciales, dice el expediente.
Las partes de la declaración jurada que permanecen redactadas explican cómo y por qué el FBI llegó a creer que Trump todavía tenía un gran número de documentos en su club de Florida.
Los funcionarios del Departamento de Justicia dijeron el martes que desginar un inspector especial en la mezcla “es innecesario y dañaría significativamente los intereses gubernamentales importantes, incluyendo los intereses de seguridad nacional”.
Los agentes federales han finalizado su revisión de las pruebas del registro, y funcionarios de inteligencia están llevando a cabo su propia evaluación de los daños, según el Departamento de Justicia.
Una revisión especial de los más de 100 documentos clasificados encontrados en el registro del 8 de agosto “impediría a la comunidad de inteligencia llevar a cabo su revisión en curso del riesgo para la seguridad nacional que el almacenamiento inadecuado de estos materiales altamente sensibles puede haber causado y de identificar las medidas para rectificar o mitigar cualquier daño que el almacenamiento inadecuado haya causado”, señala el documento del Departamento de Justicia.
En una presentación separada el lunes, el Gobierno dijo que había “identificado un conjunto limitado de materiales que podían contener información privilegiada entre abogado y cliente, había completado su revisión de esos materiales, y está en el proceso de seguir los procedimientos” establecidos en la declaración jurada de la orden de registro “para abordar posibles disputas, si las hay”.
Los abogados de Trump restaron importancia a la gran cantidad de documentos secretos en su presentación, y la acusación de los investigadores de que no habían entregado documentos sensibles incluso después de que se les entregara una citación para ello y después de que uno de los abogados de Trump jurara en junio que todos los documentos buscados habían sido devueltos.
“La supuesta justificación para el inicio de esta investigación penal fue el supuesto descubrimiento de información sensible contenida en las 15 cajas de registros presidenciales. Pero este descubrimiento era totalmente previsible dada la propia naturaleza de los archivos presidenciales. Sencillamente, la idea de que los registros presidenciales contengan información sensible nunca debería haber sido motivo de alarma”, escribieron los abogados de Trump.