Por Nicole Acevedo y Eric Bazail-Eimil - NBC News
WASHINGTON — No se espera que la Ley de Estatus de Puerto Rico obtenga un voto en el Senado antes de que el Congreso levante la sesión el viernes, dejando un futuro incierto para el proyecto de ley que busca cambiar el estatus del territorio de EE.UU. a través de un plebiscito federal vinculante.
El año que viene, el proceso estará en manos del nuevo Congreso electo, lo que podría suponer un retroceso en el impulso ya logrado en la Cámara de Representantes.
El Gobierno de Biden anunció su apoyo la semana pasada, pidiendo al Congreso que “actúe rápidamente para poner el futuro del estatus político de Puerto Rico en manos de los puertorriqueños”. Horas después, la Cámara de Representantes aprobó la medida en una votación de 233-191.
Todos los votos en contra fueron de republicanos; 16 miembros del Partido Republicano (GOP, por su sigla en inglés) se unieron a 217 demócratas para aprobar el proyecto de ley.
Pero sólo la mitad de los 16 republicanos que apoyaron la legislación volverán a una Cámara de Representantes controlada por los republicanos el año que viene, y la medida se enfrentará a importantes vientos en contra.
Además, los demócratas del Senado carecerán de los votos necesarios para superar un filibustero [técnica específica de obstruccionismo parlamentario mediante un discurso de larga duración].
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El restablecimiento del procedimiento requerirá otra votación en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, que supervisa los asuntos de los territorios de EE.UU., antes de que tenga la oportunidad de una segunda votación en el pleno de la Cámara en 2023.
La comisión no estará presidida por el diputado demócrata Raúl Grijalva, principal promotor del proyecto. En su lugar, se espera que el representante Bruce Westerman, republicano por Arkansas, tome el relevo.
Westerman ha acusado a los demócratas de haber eludido el procedimiento ordinario para aprobar el proyecto de ley. Votó en contra de la Ley de Estatus de Puerto Rico en el pleno la semana pasada, pidiendo “dejar que tenga lugar un proceso legislativo completo y robusto”.
Una de las principales negociadoras del proyecto de ley, la representante Nydia Velázquez, demócrata por Nueva York, la primera mujer puertorriqueña elegida al Congreso, confía en que se celebren más audiencias en el Congreso sobre el estatus territorial de Puerto Rico en el nuevo año.
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Velázquez dijo que la medida “es un claro reconocimiento por parte del Congreso estadounidense de que Estados Unidos ejerce un poder colonial sobre el pueblo de Puerto Rico”.
El proyecto de ley establecería los términos de un plebiscito vinculante en el que los puertorriqueños de la isla podrían elegir entre tres opciones de estatus no territorial: estadidad, independencia y soberanía en libre asociación con EE.UU. También establecería una transición al nuevo estatus.
“He visto que en Washington se ha iniciado un cambio en la conversación sobre los efectos negativos que el estatus colonial tiene en Puerto Rico”, señaló Velázquez. “Creo que esto es en parte gracias a la Ley de Estatus de Puerto Rico”, añadió.
El proyecto de ley marca la primera vez que la Cámara de Representantes ha aprobado un plebiscito vinculante que excluiría el actual estatus territorial de Puerto Rico como una de las opciones.
Eso es intencionado, dijo la Comisionada Residente Jenniffer González-Colón, miembro republicano del Congreso sin derecho a voto que representa a Puerto Rico, que está a favor de la estadidad y ayudó a negociar la Ley de Status de Puerto Rico.
Dado que el proyecto de ley se centra en la descolonización de Puerto Rico, “no podemos tener el problema como solución”, dijo González-Colón en un testimonio ante el Comité de Reglas de la Cámara la semana pasada.
“Hemos sido un territorio durante 124 años. No queremos seguir siendo un territorio”, explicó.
Velázquez cree que “hay un cierto impulso que podemos aprovechar de cara al próximo Congreso, sobre todo porque este proyecto de ley se aprobó sobre una base bipartidista.”
¿Qué sigue para el estatus territorial de Puerto Rico?
Incluso si la Ley de Estatus de Puerto Rico supera todos los pronósticos en la Cámara de Representantes y se aprueba de nuevo el año que viene, los demócratas necesitarían que nueve republicanos rompieran filas para conseguir los 60 votos necesarios para aprobarla en el Senado.
Un puñado de senadores republicanos que representan a grandes comunidades puertorriqueñas en los estados podrían estar entre las mejores apuestas de los demócratas del Senado para conseguir el apoyo que necesitan.
Algunos de ellos han expresado sus dudas sobre la conveniencia de seguir adelante con una votación sobre el estatus de Puerto Rico a corto plazo, citando sus problemas financieros.
El senador Rick Scott, republicano por Florida, cree que Puerto Rico debería “poner su casa fiscal en orden” antes de que decida cambiar su estatus territorial. Scott, que representa a más de un millón de puertorriqueños que viven en Florida, ha apoyado la estadidad en el pasado.
En 2015, durante el Gobierno de Obama, Puerto Rico fue incapaz de pagar su deuda pública de 70,000 millones de dólares, lo que llevó al Congreso a crear la ley Promesa de 2016, porque las leyes estadounidenses excluían a Puerto Rico del código federal de quiebras.
Promesa estableció la junta federal de supervisión financiera, que supervisa las responsabilidades fiscales de Puerto Rico, y creó un mecanismo para que el territorio reestructure su deuda en un tribunal federal.
El Gobierno de Puerto Rico salió formalmente de una forma de bancarrota en marzo, seis años después de la puesta en marcha de la junta de supervisión, lo que llevó a medidas de austeridad ampliamente criticadas en una isla que pagó 1,000 millones de dólares en honorarios a consultores y abogados y en otros gastos durante el proceso.
“Puerto Rico no puede negociar con otros países ni controlar su política fiscal”, dijo Velázquez. “Los puertorriqueños se han visto obligados a transigir con Estados Unidos bajo el actual estatus territorial que casi nunca les ha beneficiado", apuntó.
“Los miembros del Congreso deberían estar molestos porque la Constitución que juran proteger se está utilizando actualmente para legitimar el colonialismo en Puerto Rico”, añadió.
La Ley de Estatus de Puerto Rico fue el resultado de un consenso entre los miembros del Congreso que anteriormente patrocinaron proyectos de ley que competían entre sí: un proyecto de ley a favor de la estadidad presentado por González-Colón y el representante Darren Soto, demócrata por Florida, y la Ley de Autodeterminación de Puerto Rico, presentada por Velázquez y la representante Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata por Nueva York.
La cuestión del estatus ha dividido durante mucho tiempo a los puertorriqueños que viven en la isla, en gran parte debido a cómo está organizado su sistema de partidos políticos locales.
La mayoría apoya al Partido Nuevo Progresista, favorable a la estadidad, o al Partido Popular Democrático, que apoya el actual estatus territorial. Un porcentaje menor de “independentistas” apoya al Partido Independentista Puertorriqueño, que aboga por la independencia de Estados Unidos.
Los anteriores proyectos de ley en liza, así como los debates que se produjeron durante las múltiples audiencias celebradas en el Congreso, se hicieron eco de tales divisiones.
Algunos republicanos del Senado no pueden superar la naturaleza divisiva de la cuestión del estatus.
“Debería haber un consenso significativo sobre la isla antes de que se cambie el status en una dirección”, opinó el senador Roger Wicker, republicano por Mississippi.
Excluir el estatus territorial de Puerto Rico también hace dudar a Wicker y a otros. “Me gustaría asegurarme de que está redactado con precisión. Que no esté diseñado para obtener un resultado sobre el otro”, señaló.
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Soto, que también ayudó a combinar anteriores proyectos de ley competidores en la Ley de Status de Puerto Rico, no cree que el proyecto de ley obtenga una segunda votación en el pleno de la Cámara de Representantes en la próxima legislatura.
“Pero sí creo que tenemos una valiosa oportunidad en el Senado para avanzar y conseguir que los senadores se sientan más cómodos con el tema”, indicó Soto. “Seguiremos librando 1,000 batallas diferentes hasta que podamos ganar la guerra”, apuntó.
Basándose en las lecciones que ha aprendido con la Ley del Estatus de Puerto Rico, Velázquez está de acuerdo.
“Nunca habrá un proyecto de ley perfecto, pero los miembros con puntos de vista opuestos pueden unirse para elaborar un proyecto de ley”, opinó. “Si los miembros del Congreso creen en la defensa de los valores constitucionales de EE.UU. y en que no debemos ser una nación colonizadora, entonces sí creo que hay consenso para conseguir que se cambie el actual estatus de Puerto Rico”, agregó.