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La Corte Suprema da señales de que podría permitir a Biden acabar Quédate en México

Varios jueces se mostraron escépticos al argumento republicano de que el Gobierno actuó de modo incorrecto al tramitar el final del programa migratorio creado por Donald Trump.

Por Pete Williams - NBC News

La Corte Suprema dio señales este martes de que podría dar la razón al Gobierno de Joe Biden y permitirle acabar con el programa migratorio conocido como Quédate en México, puesto en marcha por la Administración de Donald Trump para obligar a los solicitantes de asilo a esperar en ese país la resolución de sus casos.

Tras una audiencia de más de dos horas en las ambas partes expusieron sus argumentos, no quedó claro cuál sería el voto final de la Corte, pero los magistrados conservadores (la mayoría, con seis de nueve) parecían inclinarse a considerar el fin de la política.

Varios jueces se mostraron escépticos ante los argumentos de los estados republicanos que recurrieron la decisión de Biden alegando que actuó de manera inapropiada al acabar con el programa (cuyo nombre oficial es Protocolos de Protección de Migrantes).

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Un juez federal dio inicialmente la razón a Texas y Missouri y ordenó reactivar el programa migratorio, pero el Gobierno de Biden recurrió a la Corte Suprema, que ahora tendrá la última palabra.

Judd Stone, procurador general de Texas, dijo en sus argumentos ante la corte que la ley federal de inmigración establece que el Gobierno debe detener a las personas que ingresan ilegalmente al país o retornarlas a México. Solo un número limitado de personas, algo que debe evaluarse caso por caso, puede permanecer aquí.

Stone aseguró que el Gobierno no evaluó con suficiente cuidado a los miles de inmigrantes a los que se les permitió esperar en EE.UU.

En representación del Gobierno federal habló la procuradora general, Elizabeth Prelogar, quien defendió que sí se revisaron los casos de los migrantes de modo individual como dicta la ley.

El magistrado conservador Samuel Alito se mostró escéptico ante esa afirmación, y sugirió que el proceso en la frontera se parece al control de seguridad limitado a fanáticos en un campo de béisbol.

“Tienes una pequeña lista de cosas que revisar, y vas diciendo, pase, pase, pase”, opinó: "¿"Eso es lo que cree que el Congreso quiso decir al sancionar que debe determinarse caso por caso?”, agregó.

Debido a que el Congreso nunca ha proporcionado suficiente dinero para detener a todos los que cruzan la frontera, dijo el procurador texano, el Gobierno federal no tiene otra opción que enviar a los inmigrantes a México a esperar.

Defendió así que la Administración de Biden estaba violando una disposición de la ley de inmigración que exige que sean detenidos. 

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Pero varios jueces dijeron que el Congreso nunca ha proporcionado recursos suficientes para que se pueda hacer una gran cantidad de detenciones.  “¿Se podría haber presentado la misma demanda contra la Administración anterior?” preguntó el magistrado conservador Clarence Thomas.

“El Congreso puede querer la detención, pero no ha dado el dinero para más camas [en centros de detención para inmigrantes]”, dijo el presidente de la Corte Suprema, John Roberts.

Una mujer cubana y su hija hacen fila para ser escoltadas a una camioneta de la Patrulla Fronteriza para ser procesadas en Yuma, Arizona, el 6 de febrero de 2022, con la esperanza de permanecer en Estados Unidos para solicitar asilo.
Una mujer cubana y su hija hacen fila para ser escoltadas a una camioneta de la Patrulla Fronteriza para ser procesadas en Yuma, Arizona, el 6 de febrero de 2022, con la esperanza de permanecer en Estados Unidos para solicitar asilo.Elliot Spagat / AP

La procuradora federal dijo que Quédate en México requiere de acuerdos continuos con el país vecino, lo que supone un costo extra. El representante texano arguyó sin embargo que no hay nada en la orden del juez para que no se elimine el programa migratorio que requiera “una negociación con un poder extranjero”.

La jueza progresista Elena Kagan lo interrumpió entonces. “¿Qué quiere decir con que no requiere negociar con un poder extranjero?”, preguntó, “¿qué se supone que debemos hacer, simplemente llevar camiones llenos de personas a México y dejarlos allí sin negociar con México?”. 

El juez conservador Brett Kavanaugh señaló que el tema clave en este caso es una disposición que permite a las autoridades federales dejan en libertad a los solicitantes de asilo en territorio estadounidense mientras se evalúa su caso si eso supone un beneficio público significativo. “¿Por qué eso está mal?”, preguntó.

Desde finales de enero de 2019 hasta que Biden suspendió el programa, casi 70,000 personas fueron trasladadas de vuelta a México. Surgieron campamentos de tiendas de campaña cerca de los puertos de entrada en el lado mexicano de la frontera, y grupos de derechos denunciaron dijeron que cientos de solicitantes de asilo fueron secuestrados, violados, torturados y asaltados mientras esperaban para entrar en Estados Unidos.  

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Inmediatamente después de asumir el cargo, Biden intentó poner fin al programa. Además de las peligrosas condiciones en la frontera, citó la dificultad de los inmigrantes para obtener ayuda de abogados en Estados Unidos y las complicaciones que producía en cuestiones de política exterior de Estados Unidos con México. 

Texas y Mississippi lo demandaron asegurando que el programa redujo enormemente la ola de migrantes en la frontera, en en concreto hasta un 80% las llegadas desde El Salvador, Guatemala y Honduras.

Un juez federal de primera instancia de Texas falló a favor de los estados republicanos indicando que el Departamento de Seguridad Nacional no ofreció una explicación suficientemente detallada de por qué quería abandonar la política. Y dijo que la ley federal exige que el Gobierno envíe a los solicitantes de asilo de vuelta a México si no hay espacio para detenerlos y si no se les puede permitir esperar con seguridad en Estados Unidos para que se evalúe su solicitud.

Un tribunal de apelaciones y la Corte Suprema se negaron después a bloquear este fallo, por lo que el programa volvió a entrar en vigor, eso sí, a la espera de que la Corte Suprema decida, previsiblemente en junio. 

Otra política migratoria que sigue en pie

Mientras la Corte Suprema considera el futuro del programa, hay otra batalla judicial por un política que también ha restringido el ingreso de migrantes a Estados Unidos. Se trata del Título 42, una norma establecida por Trump en 2020 que permite rechazar solicitantes como modo de evitar la propagación del coronavirus.

El Gobierno de Biden anunció que sería eliminado en mayo, pero la decisión fue suspendida el lunes por un juez federal de Louisiana en respuesta a una demanda de Missouri, Louisiana y Arizona.

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Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) comunicaron a principios de abril que ya no era necesario mantener el Título 42 para salvaguardar la salud pública.

Independientemente de lo que diga la Corte Suprema sobre la política de permanencia en México cuando se pronuncie a finales de junio, es probable que se produzca una nueva ronda de batallas judiciales sobre la relajación de las medidas sanitarias en la frontera.