Por Carol E. Lee, Kristen Welker y Mike Memoli - NBC News
WASHINGTON - El presidente electo, Joe Biden, ha dicho en privado a sus asesores que no quiere que su presidencia se vea consumida por las investigaciones a su predecesor, según cinco personas familiarizadas con las conversaciones. La decisión tendría que regatear la presión de algunos demócratas que quieren escudriñar al presidente saliente, Donald Trump, sus políticas y a miembros de su Administración.
Biden ha expresado su preocupación de que las investigaciones dividan aún más a un país que está tratando de unir y se arriesga a que la sombra de Trump sobrevuele sobre su día a día como presidente, según las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato para ofrecer detalles de conversaciones privadas.
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Biden desconfía de las investigaciones federales de Trump o de desafiar cualquier orden que el mandatario pueda emitir para otorgar inmunidad a los miembros de su personal antes de dejar el cargo, según las fuentes. Un asesor afirmó que Biden dejó claro que "solo quiere seguir adelante".
Otro asesor de Biden apuntó: "Va a estar más orientado a solucionar los problemas y seguir adelante que a procesarlos".
Cualquier decisión del Departamento de Justicia de Biden con respecto a Trump, su personal, sus asociados, sus negocios o sus políticas no afectaría las investigaciones en curso por parte de funcionarios estatales, incluido el fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr., quien ha batallado para obtener las declaraciones de impuestos de Trump.
Mientras Biden intenta equilibrar sus propias inclinaciones con las presiones internas de su partido, sus asesores enfatizaron que busca restablecer la dinámica tradicional entre la Casa Blanca y el Departamento de Justicia tras el paso de Trump.
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Biden quiere que su Departamento de Justicia funcione de forma independiente de la Casa Blanca, según sus asistentes, y el político demócrata no les dirá a los funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley a quién o qué investigar.
"Su opinión general es que tenemos que hacer avanzar al país", anotó un asesor, "pero lo más importante en esto es que no interferirá con el Departamento de Justicia y lo no politizará".
Otro asesor de Biden agregó que cuando se trata de investigaciones relacionadas con Trump, la expectativa es que "será muy circunstancial" y "dependiendo de los hechos". En términos generales, las prioridades de Biden serán la economía, el coronavirus, el cambio climático y los problemas raciales, sin mirar atrás a la Administración Trump, explicó.
Los presidentes generalmente marcan el tono de los temas que creen que deberían ser prioridades para el Departamento de Justicia, y se espera que las preguntas sobre las investigaciones o revisiones retrospectivas relacionadas con Trump se intensifiquen a medida que se acerque la fecha en la que Biden jure el cargo.
"Puede establecer un tono sobre lo que cree que se debe hacer", apuntó un asesor de Biden, pero "no va a ser un presidente que dirija el Departamento de Justicia de una forma u otra".
El equipo de Biden también se muestra reacio a enviar una señal a los funcionarios de la Administración Trump de que el Departamento de Justicia no investigaría sus acciones, dado que todavía quedan nueve semanas hasta la toma de posesión, declaró otra persona informada sobre las discusiones.
"Si bien no buscan acusaciones penales de peso, sí quieren asegurarse de que la opinión pública no crea que ninguna de sus acciones tiene ramificaciones entre ahora y la nueva presidencia", añadió.
Hacer hincapié en un enfoque independiente del Departamento de Justicia podría proteger a Biden de las críticas de sus partidarios sobre la falta de investigaciones sobre Trump, sus políticas o su personal.
Los demócratas han criticado duramente la influencia directa de Trump en las investigaciones del Departamento de Justicia, incluidos sus reclamos de que Biden y el expresidente Barack Obama sean procesados por acusaciones de delitos no especificados.
Muchos de sus partidarios agradecerían que se comprometiera, como hizo Biden, a no interferir con las investigaciones federales.
Pero será difícil para Biden evitar el problema por completo, debido a los reclamos para investigar la gestión de Trump, desde la política de separación de niños de su Administración, sus declaraciones de impuestos, su posibles conflictos de intereses como empresario y presidente, y posibles violaciones de la ley de financiamiento de campañas.
El problema podría poner a Biden en tensión con algunos de sus partidarios, que están ansiosos por un examen completo de la presidencia de Trump. "También hay una fuerte escuela de pensamiento que cree que la ley es la ley", agregó un asesor de Biden.
El presidente electo declaró muchas veces durante la campaña que dejaría la decisión de enjuiciar a Trump a su fiscal general: "Si violó la ley y debe ser procesado penalmente, que así sea", dijo durante un debate en Atlanta. "Pero yo no lo dirigiré", añadió.
Biden ha dicho que no perdonará a Trump si eso se convierte en realidad. Aún así, Biden no está dispuesto a que su Departamento de Justicia le investigue, según varios asistentes.
Una de las razones es que cree que las investigaciones alienarían a los más de 73 millones de estadounidenses que votaron por Trump, según personas familiarizadas con las conversaciones. Sin embargo, algunos demócratas han dicho que Biden debería priorizar las preocupaciones de sus partidarios, no las de sus detractores.
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El delicado equilibrio entre responder a sus propios partidarios y unir al país es en parte la razón por la que Biden reconoce que su candidato a fiscal general "será una de las decisiones más importantes que tomará", según un asesor.
Biden ha prometido firmar una orden ejecutiva que declara que cualquier miembro de su Administración sería despedido si se determina que "inicia, alienta, obstruye o influye de otra manera indebidamente en investigaciones o enjuiciamientos específicos del Departamento de Justicia por cualquier motivo".
El dilema al que se enfrenta Biden es similar al que enfrentó Obama cuando asumió el cargo en 2009. Los demócratas exigían el enjuiciamiento de los funcionarios de la administración Bush involucrados en políticas que permitían intensificar los interrogatorios, o la tortura, de sospechosos de terrorismo.
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Para apaciguar a esos demócratas, Obama publicó memorandos sobre el controvertido programa y luego dijo públicamente que no apoyaba el enjuiciamiento de los funcionarios de la Administración Bush que idearon o llevaron a cabo las políticas.
También rechazó los reclamos de una comisión al estilo del 11 de septiembre o una comisión de la verdad y la reconciliación, como la que examinó el apartheid en Sudáfrica, para revisar las políticas.