WASHINGTON.— El Congreso iniciará su nueva sesión legislativa en enero próximo sin resolver el limbo de alrededor de 2,2 millones de inmigrantes indocumentados que correrían peligro de deportación, incluyendo más de 400,000 beneficiarios del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, por su sigla en inglés). Por eso, los activistas urgen una solución del próximo inquilino de la Casa Blanca.
La Cámara de Representantes, bajo control demócrata, aprobó en junio de 2019 un ambicioso proyecto de ley para legalizar a buena parte de la población indocumentada, pero el Senado ha rechazado siquiera debatirlo.
Si el Congreso entero no lo aprueba antes de fin de año, los legisladores tendrían que empezar de cero en la próxima sesión que se instalará la semana del 3 de enero de 2021, y no hay indicios de que quieran aprovechar la corta ventana que les queda para actuar.
El primer grupo de inmigrantes amparados por el TPS, que incluye a beneficiarios de Nicaragua y Sudán, perdería la protección a partir de marzo próximo.
El viernes pasado, 213 organizaciones y grupos cívicos defensores de los inmigrantes, entre ellos Alianza Américas, enviaron una carta al aspirante presidencial demócrata, Joe Biden, para que tome medidas urgentes si gana en los comicios del próximo 3 de noviembre.
En concreto, los grupos pidieron que, en su primer día en la Casa Blanca, Biden conceda el beneficio de la “salida obligatoria diferida” ('Deferred Enforced Departure', en inglés) para que los beneficiarios del programa eviten la deportación cuando venzan sus permisos.
“Estas personas afrontan una necesidad de alivio urgente e inmediata”, indicó la carta.
Los grupos también enviaron otra carta similar al presidente, Donald Trump, en caso de que él gane la reelección, a sabiendas de que su administración sólo ha adoptado medidas de represión contra la población indocumentada, y promete más de lo mismo si continúa en el cargo.
La DED beneficiaría no sólo a los más de 400,000 'tepesianos', sino también a cerca de 1,8 millones de inmigrantes indocumentados de 15 países que no están amparados al TPS, como Guatemala y Venezuela, indicaron en la misiva, que fue adelantada primero a la revista Forbes.
Biden divulgó una agenda latina que incluye una reforma migratoria integral para legalizar a buena parte de la población indocumentada -algo que requería el aval de un Congreso, previsiblemente bajo control demócrata-, pero los grupos piden una respuesta inmediata para los 'tepesianos'.
La DED, a “discreción” del presidente
Bajo las leyes actuales, el presidente tiene el poder constitucional de otorgar la DED, según su "discreción" procesal, para suspender la deportación de inmigrantes indocumentados, según explica en su página web, la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, por su sigla en inglés).
Es que el proceso de designar a un país como beneficiario del TPS es más complejo, y depende de que el Departamento de Seguridad Nacional determine que las condiciones sobre el terreno reúnen los requisitos para continuar dando esa protección.
El TPS es un programa aprobado por el Congreso en 1990 que protege de la deportación a inmigrantes indocumentados que no pueden regresar a sus países de origen debido a conflictos armados, desastres naturales –incluyendo pandemias– u otras condiciones “extraordinarias”.
La Administración Trump comenzó a desmantelar el TPS en noviembre de 2017, argumentando que el programa tenía carácter temporal y que las condiciones en los países beneficiados habían mejorado.
Varios grupos entablaron demandas contra la Administración Trump, y por ahora los permisos de estancia legal y de trabajo se mantienen en pie gracias a la intervención de las cortes.
A menos que el Congreso o la Casa Blanca actúen con celeridad a comienzos de 2021 para ayudar a los beneficiarios de El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán, éstos correrían riesgo de perder sus permisos y quedar expuestos a la deportación.
Los 'tepesianos' de Nicaragua y Sudán podrían perder sus permisos en marzo, mientras que los salvadoreños lo perderían en noviembre.
Una extraña en su propio país
En entrevista telefónica con Noticias Telemundo, Yanira Arias, una beneficiaria salvadoreña y gerente nacional de campañas de Alianza Américas, explicó que ayudó a organizar el envío de las cartas por la precaria situación que ella y otros inmigrantes indocumentados afrontarían el próximo año.
“Tendría que empacar 20 años de mi vida en este país, y regresar a El Salvador, donde todavía hay violencia y la situación sigue inestable… sería una extraña en mi propio país”, afirmó Arias, quien recibió el TPS en 2001.
Según Arias, aunque las cortes han mantenido en pie el programa, ella conoce a otros beneficiarios que ya están perdiendo sus empleos, lo que dificulta el sustento de sus familias.
Se calcula que 273,000 menores nacidos en Estados Unidos tienen al menos un padre amparado al TPS, por lo que, a juicio de Arias, su deportación provocaría una mayor desestabilidad familiar.
“La gente siente miedo y ansiedad… creo que se tienen que formular políticas que respondan a las raíces de la emigración ilegal. Mi historia no es muy distinta de la de las mujeres que ha venido en caravanas desde Honduras, El Salvador o Guatemala”, señaló.
Arias dijo que huyó de El Salvador a los 27 años, cansada de luchar contra la violencia de género, que se manifestaba en constante acoso y ataques de hombres desconocidos.
Ahora de 48 años, Arias teme que podría ser nuevamente blanco de violencia en El Salvador, o afrontar problemas para reintegrarse a la fuerza laboral, en un país donde, además, no ha cotizado para su eventual jubilación.
Arias desconfía de que Trump pueda ayudar a los 'tepesianos', tomando en cuenta que desde su primera contienda presidencial ha “satanizado” a los inmigrantes. La inmigración no tiene tanta prominencia como tema electoral este año, pero Trump mantiene su retórica anti-inmigrante “para ganarse la simpatía y voto de su base”, señaló.