La primera ejecución federal en casi dos décadas fue nuevamente detenida, esta vez por una resolución de una corte de distrito en Washington D.C., relacionada con la forma en que se llevaría a cabo la sentencia, por el uso de medicamentos y el dolor generado al ejecutado.
Este bloqueo, que ocurre apenas horas antes de que la sentencia se llevara a cabo en Indiana, es el segundo que enfrenta la ejecución, luego que el viernes pasado una jueza federal atendiera a la demanda presentada por algunos de los familiares de las víctimas, que alegaron que asistir a la ejecución podría exponerles al coronavirus.
Tras esa decisión, un tribunal federal de apelaciones había dado luz verde a la sentencia, la que debía ser llevada a cabo este lunes, pero que enfrenta ahora un nuevo retraso.
La jueza de distrito Tanya Chutkan dijo este lunes que todavía había asuntos legales pendientes que resolver y ordenó al Departamento de Justicia retrasar las ejecuciones de Daniel Lewis Lee, Wesley Ira Purkey, Dustin Lee Honken y Keith Dwayne Nelson hasta nuevo aviso.
En su sentencia, Chutkan argumentó que los reclusos han presentado evidencia que muestra que el uso del medicamento pentobarbital para llevar a cabo las ejecuciones "plantea un riesgo inconstitucionalmente significativo de dolor grave".
Chutkan dijo que los reclusos entregaron evidencia de que, en otras ejecuciones, los prisioneros que recibieron pentobarbital sufrieron "edema pulmonar repentino", lo que, a su juicio, interfiere con la respiración y produce sensaciones de ahogamiento y estrangulamiento.
Los internos han identificado alternativas, incluido el uso de un medicamento opioide o contra la ansiedad al comienzo del procedimiento o incluso un método completamente diferente, un pelotón de fusilamiento, dijo Chutkan.
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El Departamento de Justicia apeló de inmediato a la decisión.
Estas ejecuciones, impulsadas por la administración Trump, serían las primeras llevadas a cabo a nivel federal desde 2003.
La primera de dichas ejecuciones sería la de Daniel Lewis Lee, un supermacista blanco de 47 años, de Yukon, Oklahoma, quien debía ser ejecutado con una inyección letal este lunes a las 4 pm en una prisión federal en Indiana. El condenado fue declarado culpable en Arkansas de los asesinatos en 1996 del traficante de armas William Mueller, su esposa, Nancy, y su hija de 8 años, Sarah Powell.
La familia de las víctimas había argumentado que "buscaban ejercer sus derechos legales para asistir a la ejecución de Lee, de modo que puedan estar juntos en ese momento mientras lloran sus pérdidas".
Los familiares viajarían miles de kilómetros y estarían presentes en una pequeña habitación donde el distanciamiento social recomendado para evitar la propagación del virus es prácticamente imposible. Actualmente hay cuatro casos confirmados de coronavirus entre los reclusos de la prisión Terre Haute, de acuerdo con estadísticas federales, y un reo falleció allí.
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"El gobierno federal ha puesto a esta familia en una posición insostenible de elegir entre su derecho a presenciar la ejecución de Danny Lee y su propia salud y seguridad", denunció Baker Kurrus, abogado de familia. "Debido a que el Gobierno ha programado la ejecución en medio de la pandemia, estas tres mujeres tendrían que arriesgar sus vidas atrevesando el país".
En su apelación, el Departamento de Justicia alegó que la orden de la jueza malinterpretaba la ley y le pidió al tribunal de apelaciones que sobreseyera el fallo de inmediato. La corte de apelaciones encontró que el reclamo de la familia de la víctima “carece de cualquier base legal defendible y por lo tanto es frívolo”.
El Departamento de Justicia también alegó que, si bien la Agencia Federal de Prisiones ha tomado medidas para alojar a la familia e implementó protocolos de seguridad adicionales a causa de la pandemia, las preocupaciones de la familia “no son superiores al interés público de finalmente llevar a cabo la sentencia impuesta legalmente en este caso”.
En un documento entregado a la corte el domingo, funcionarios del departamento confirmaron que un miembro del personal involucrado en la preparación para la ejecución había dado positivo al coronavirus.
El Departamento de Justicia dijo que el suceso no significaría una demora adicional en el calendario del gobierno porque el trabajador no había estado en la cámara de ejecución y no había entrado en contacto con ningún integrante del equipo especializado enviado a la cárcel para manejar la ejecución.
Los familiares, incluido Earlene Branch Peterson, que perdió a su hija y nieta en el asesinato, han argumentado que su dolor se agrava por la idea de ejecutar a Lee en medio de la pandemia. Peterson tiene 81 años y no ha abandonado el condado donde vive desde febrero. Su médico le recomendó que no viajara y que debía evitar el contacto con los demás tanto como le fuera posible durante la pandemia, según el documento.
"Los demandantes enfrentan la elección inaceptable entre ejercer su derecho a presenciar la ejecución y arriesgarse a exponerse a una enfermedad mortal", escribieron los abogados en una presentación de la corte de apelaciones el sábado.
El fiscal general William Barr declaró a The Associated Press en los últimos días que cree que la Oficina de Prisiones podría "llevar a cabo estas ejecuciones sin riesgos". La agencia ha implementado una serie de medidas adicionales para que los testigos usen máscaras de protección y se sometan a controles de temperatura.
El mandato que se impuso el viernes por la noche retrasaba la ejecución hasta que se suavizara la crisis sanitaria. Esa orden judicial se aplicaba solo a la ejecución de Lee y no detenía otras dos ejecuciones que están programadas para los próximos fines de semana.
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La decisión de reanudar la ejecución ha sido criticada como una medida peligrosa y de tintes políticos. Los críticos argumentan que el Gobierno está creando una urgencia innecesaria en torno a un tema que no preocupa a los estadounidenses en este momento.
El sistema de prisiones federales ha luchado en los últimos meses para detener la propagación del coronavirus en los centros penitenciarios. Hasta el viernes pasado, más de 7,000 reclusos federales habían dado positivo. 5,137 de ellos se habían recuperado, según la Oficina de Prisiones. Casi 100 han muerto desde finales de marzo.
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La muerte programada de Lee es una de las cuatro ejecuciones federales previstas para julio y agosto. Los cuatro hombres fueron condenados por matar niños.
Con estas ejecuciones, Estados Unidos retoma este castigo después de que la administración Trump pusiera fin hace casi un año a una moratoria informal decretada en el país en el año 2003, un castigo reinstaurado en 1988 pero que solo se ha aplicado en tres ocasiones.
Con información de AP y Reuters.
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