Columna de opinión
Por Carlos Rajo
La reforma al sistema de impuestos presentada por el Presidente mexicano Enrique Peña Nieto deja fuera el IVA (impuesto a las ventas) a los alimentos y las medicinas, uno de los más controversiales y potencialmente explosivos temas en la sociedad mexicana.
La medida ha sorprendido a muchos ya que la reforma hacendaria -impuestos y demás- había sido uno de los temas centrales tanto en la campaña a la presidencia de Peña Nieto como en los meses que ha estado en el poder. Se decía que el estado necesitaba de esos recursos millonarios que se generarían cuando todo el mundo pagara impuesto -potencialmente entre el 11 y el 16%- por lo que comiera o utilizara como medicamento.
Poco a poco se había venido preparando a la opinión pública para aceptar el IVA (Impuesto al Valor Agregado es su nombre técnico) en alimentos y medicinas, tan así que el mismo PRI, el partido en el poder, cambio hace unos meses su plataforma de gobierno para eventualmente aceptar algo que por décadas había rechazado.
Al final sin embargo, se impuso la realidad política: Peña Nieto no pudo ignorar lo que sucede en la sociedad mexicana. Por un lado, la economía ha dejado de crecer y por el otro, hay demasiada protesta social para introducir otro elemento dinamita que pudiera ser utilizado por los opositores al gobierno.
La idea es que el IVA a los alimentos y medicinas hubiese golpeado en particular a la población de menos ingresos cuando ésta sufre precisamente -en menos empleos- por el poco crecimiento de la economía. Al dejar fuera el IVA además, se le quita una bandera de lucha a la izquierda mexicana, en especial al líder político que el gobierno ve como uno de sus principales adversarios: Andrés Manuel López Obrador.
La reforma a los impuestos de Peña Nieto sin embargo, aunque ha sido calificado por algunos comentaristas como “mini-reforma”, debido entre otras cosas a que no incluye este IVA a los alimentos y medicinas, sí tiene otros elementos que de ser aprobados por las Cámaras en alguna medida cambiaran el sistema de impuestos mexicano. La más simple y que ha ganado más titulares: los que tienen más pagaran más.
Según la reforma, aquellos que tengan ingresos anuales de más de $500 mil pesos mexicanos -alrededor de $40 mil dólares- pagaran más impuestos. Hoy pagan una tasa del 30% y ésta se incrementará al 32%. Igualmente, se crea un impuesto del 10% por las ganancias que se obtengan en la bolsa de valores -al vender acciones- y a los dividendos que distribuyan las compañías.
No queda claro en este momento cuál será la reacción ante estos nuevos impuestos de los grandes grupos empresariales y/o de las gremiales de estos mismos empresarios -en México, entes como el Consejo Coordinador Empresarial o la Confederación Patronal Mexicana, Coparmex, tienen gran influencia sobre el gobierno y los políticos-.
A diferencia de Estados Unidos sin embargo, donde hay un partido republicano que se opone visceralmente a cualquier aumento de impuestos y que refleja los intereses de los empresarios, en México, tanto el PRI como el conservador PAN están a bordo con las reformas de Peña Nieto.
De seguro que los empresarios mexicanos dirán algo en la línea de que precisamente en estos momentos en que la economía está a la baja no es la mejor idea poner más impuestos a la gente que invierte y crea los trabajos (porque además hay otra reforma que toca a las empresas, al no poder más trasladar las pérdidas de una a las ganancias de otra empresa del mismo grupo). Con todo, la voz de estos empresarios no tendrá mucha fuerza. Peña Nieto, gracias al apoyo del PAN, tiene los votos en las Cámaras y con seguridad las reformas se aprobarán.
Las reformas incluyen un par de proyectos -son eso en este momento, proyectos, ya que costará implementarlos- sobre que se creará una pensión universal y un seguro de desempleo. De nuevo, valga la comparación con Estados Unidos donde existe desde hace décadas el Seguro Social o de retiro que beneficia a toda la población, lo mismo que el seguro de desempleo -aunque sólo sea por unos meses- que beneficia al que se queda sin trabajo.
En México hay pensión de retiro, pero únicamente para los trabajadores que han cotizado con el Instituto Mexicano de Seguridad Social los cuales son sólo una parte de la fuerza laboral considerando que mucha de la población que trabaja en México lo hace en la economía informal -el que vende en las calles no tiene Seguro Social-. Y no existe tampoco el seguro de desempleo.
Si ambas reformas se implementaran -según el proyecto de Peña Nieto se incorporarán como derechos en la Constitución- sería un gran avance en la política social de México, inclusive un buen ejemplo para el resto de América Latina. No será simple sin embargo, no tanto por su aprobación legislativa lo cual debería de darse sin problemas, sino por los costos. O incluso por un problema mayor: ¿cómo hacer para que esa informalidad en que vive mucha de la clase trabajadora mexicana pueda cotizar en un eventual seguro de desempleo y en un régimen de pensiones?
Por cierto, esto de la informalidad, o más precisamente el no haberse abordado en el paquete de reformas es una de las críticas más serias a la reforma hacendaria de Peña Nieto. El tema por supuesto, es complejo. Los “informales” se encuentran en cualquier ciudad, pueblo, localidad o lo que sea donde haya gente y se compre o venda algo. Eliminarla es poco menos que imposible, a lo mucho quizá habría que esperar que se le regule. Peña Nieto optó dejar para otro día el tema de los informales. De seguro que el argumento fue que ya suficiente tiene el presidente en su plato para meterse con otro de esos asuntos imposibles de la sociedad mexicana.
Más allá de los detalles -quién paga más, quien paga menos, etc.- lo cierto es que México necesita una reforma hacendaria. Lo que se recauda de impuestos es muy poco en relación a lo que son las recaudaciones de impuestos de países y economías similares a México (en México los impuestos constituyen un poco más del 18% del Producto Interno Bruto y en España o Brasil para el caso, alrededor del 32%).
El problema es que no es solamente de que unos cuantos paguen más, sino también de que más gente pague impuestos y de que se terminen los privilegios, trucos, salidas por la lateral o como se le llame que tienen las grandes empresas y/o grupos económicos. También por supuesto, que el estado funcione.
Nadie está contento de pagar más impuestos si no ve en qué se invierten esos recursos (por qué tengo que pagar más impuestos si el sistema educativo es un desastre y tengo que mandar a mis hijos a la escuela privada, dirá alguien). Y qué decir de la corrupción y/o ineficiencia del gobierno. Así como muchos mexicanos no confían en sus políticos y en parte por eso las protestas callejeras, lo mismo es la desconfianza o reticencia a pagar impuestos.
Al final, ésta otra reforma de Peña Nieto es como la energética y mucho de lo que ha sido su gobierno: reformas que no dejan satisfechos a nadie. Para algunos fue muy lejos, para otros no ha sido suficiente. Lo que sí es claro es que gracias a esa mayoría que tiene en las Cámaras -por la alianza con el PAN y en ciertos aspectos aun con el izquierdista PRD- el presidente mexicano goza de un margen de maniobra que no tuvo ninguno de los dos presidentes panistas que lo antecedieron. El detalle por supuesto, es que en México no se gobierna únicamente con las Cámaras de diputados y senadores, o incluso con el llamado Pacto por México (acuerdo de líderes partidarios con el presidente). También la calle, las movilizaciones y demás juegan su papel.