Por Carlos Rajo
La condena a 80 años de carcel al general guatemalteco Efraín Ríos Montt por los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad marca un antes y un después en la historia del país centroamericano y de la justicia internacional.
Es la primera vez que un uniformado guatemalteco es juzgado y condenado por crimenes cometidos durante la guerra civil.
Es la primera vez además, que un ex jefe de estado es llevado ante la justicia de su propio país por el delito de genocidio, en este caso contra la étnia indígena ixil por el cual Ríos Montt fue condenado a 50 años de prisión.
Guatemala, el país que terminó su guerra civil en 1996 con un Acuerdo de Paz que básicamente dejó intactas las estructuras de poder por lo cual nunca se había podido juzgar a los responsables de los incontables crímenes y masacres, da hoy un ejemplo al mundo de la aplicación de la justicia.
Ríos Montt, el todopoderoso general que gobernó en 1982 y 1983 (llegó al poder mediante un golpe de estado) y que en su momento se ganó la fama por la fiereza de sus políticas “de tierra arrasada” en los lugares donde supuestamente se movía la guerrilla izquierdista, fue no sólo condenado por la justicia sino sentado por meses en el banquillo de los acusados ante la sociedad guatemalteca.
Tan importante es la condena penal -no cumplirá muchos años en prisión debido a su avanzada edad (86 años)- como el hecho de que en el juicio que duró varias semanas, y que se llevó a cabo en el Palacio de Justicia del centro de la capital guatemalteca, se exhibieron, mostraron y probaron los actos de genocidio contra los indígenas de la etnia Ixil.
En una sociedad que vivió una guerra civil en la que murieron más de 200 mil personas, y donde se pretendió que no habían culpables o que a estos no se les podía juzgar, el juicio contra Ríos Montt fue el comienzo de un cerrar las heridas que dejó la guerra. Los testimonios de los indígenas mismos relatando en detalle las masacres del ejército guatemalteco, han servido para que la sociedad del país centroamericano se vaya sincerando consigo misma.
La defensa de Ríos Montt fue que él no ordenó las masacres. Que él como presidente estaba ocupado de cosas más importantes que la campaña de contra insurgencia contra buena parte de la población civil. En un frase, que lo suyo era gobernar y no masacrar civiles. El tribunal de tres jueces que lo juzgó no le aceptó este argumento.
El acusado “tuvo conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo en las aldeas del Quiché”, relató la juez Yassmín Barrios durante la lectura abreviada de la sentencia. Como Jefe de Estado, agregó, Ríos Montt sabía de la planificación y ejecución de los planes contra la población civil y no hizo nada para detenerlos. “Las máximas autoridades militares estaban enteradas de lo que sucedía”.
El razonamiento de la juez en la condena de Ríos Montt estuvo basado en lo que para muchos que han seguido la historia guatemalteca, era una verdad histórica que simplemente necesitaba el sello de la justicia para hacerla oficial.
Primero comenzó hablando de que en Guatemala hubo una guerra civil que duró de 1962 a 1996. Luego, que durante ese periodo se aplicó en el país la llamada doctrina de la “seguridad nacional” (por medio de la cual los grupos opositores de izquierda y sus simpatizantes eran considerados el ‘enemigo interno’ y había que eliminarlos).
Que después en 1982, hubo un golpe de estado encabezado por Ríos Montt en el cual se decidió que había que terminar con el citado grupo indígena Ixil ya que se le consideraba un apoyo de la guerrilla. Hubo una “destrucción del entorno social y cultural de los ixiles”, detalló la juez. Hubo muertos, violaciones (y) arrasamiento de aldeas y cosechas, añadió.
Para implementar esta decisión contra los ixiles, detalló la juez, el gobierno que encabezaba Ríos Montt creó y luego implementó varios planes de acción comenzando con el llamado Victoria 82. “El acusado estaba enterado del referido plan”, agregó la juez, detallando además que cada vez que el ejército actuaba en las poblaciones ixiles lo hacía de igual manera (matando, violando y arrasando aldeas) lo cual fue prueba de que había “un patrón de conducta” que venía desde las más altas instancias del poder militar.
Un detalle muy de Guatemala (ningún otro país centroamericano tiene tanta población indígena) es precisamente la existencia de muchos grupos étnicos, lo cual también jugó un papel central en el cargo de genocidio contra Ríos Montt. Según la acusación, se quiso eliminar a los ixiles no sólo por ser supuestos colaboradores de la guerrilla sino también por un asunto de racismo -fue la ‘base del genocidio’, detalló la juez.
En este plan de terminar con los ixiles, explicó la juez, Ríos Montt y el ejército guatemalteco pusieron énfasis en acabar con las mujeres, primero violándolas y luego matándolas. La mujer fue objeto de guerra, detalló la juez, “la intención era hacer desaparecer al grupo maya ixil”.
Como no podía ser de otra manera en una Guatemala que sigue dividida y donde como se dijo muy poco cambió en términos de estructuras de poder una vez terminada la guerra civil, el juicio contra Ríos Montt fue controversial por decir lo menos. Hubo en algún momento una campaña en la opinión pública para que el juicio se cancelara bajo el argumento de que el cargo de genocidio no sólo no era cierto sino aun peor dañaba el prestigio de Guatemala.
En algún momento, además, se metió en la discusión el propio presidente Otto Pérez. Sucede que el mandatario fue militar y precisamente de joven oficial estuvo destacado en la región donde se dio la masacre de los ixiles. Nunca se probó nada contra él pero de alguna manera su nombre anduvo rondando el juicio ya que un testigo habló sobre un militar que estuvo por ahí aunque sin mencionar directamente al mandatario. Hasta hace unas semanas Pérez también se había mostrado opuesto a la idea del cargo de genocidio contra Ríos Montt.
Después de la reunión con el presidente Obama la semana pasada, sin embargo, el mandatario cambió el tono de su discurso. En estos días ha dicho que respetará el fallo del tribunal. Fue importante para el juicio, además, que el embajador estadounidense en Guatemala asistiera un par de veces a las audiencias. Pero Estados Unidos no está libre de pecado en todo esto de la guerra civil guatemalteca y el periodo de Ríos Montt. La Administración de Ronald Reagan le dio apoyo y defendió al general hoy condenado por genocidio.
La condena contra Ríos Montt es ejemplar no sólo para Guatemala misma. En su vecino El Salvador tampoco nunca se ha llevado ante la justicia a los responsables de las masacres y demás severas violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante la guerra civil. Ahí no porque nunca cambiaron las estructuras de poder como en Guatemala, sino porque al final de la guerra se pasó una ley de amnistía que hace imposible que se juzgue a tales responsables. El juicio contra Ríos Montt ha sido seguido como un ejemplo de lo que sí puede hacerse.
El que se haya dado el juicio en Guatemala no significa que la justicia o las condiciones de impunidad hayan cambiado sustancialmente. El juicio contra Ríos Montt fue algo así como una excepción. Se pudo dar tanto por la valentía de los jueces, de la Fiscal General Claudia Paz y Paz (nombrada por el anterior presidente) y por supuesto por la tenacidad de los ixiles sobrevivientes de las masacres. Igualmente, por la presión y el apoyo de la comunidad internacional.
La condena a Ríos Montt debería de ser apenas el comienzo de un largo camino de la sociedad guatemalteca para terminar con la impunidad. Es no sólo un asunto pendiente del pasado, sino también para la convivencia futura. Cuando una sociedad no se sincera consigo misma y no lleva ante la justicia a los responsables de los crímenes históricos, nunca cerrará las heridas que dejó el conflicto. Aun peor, deja plantado el terreno para que con seguridad vuelvan a repetir las barbaridades que alguna vez se cometieron.