IE 11 is not supported. For an optimal experience visit our site on another browser.

Nueve vecinos de un pueblo de Guatemala fueron asesinados y enterrados en una fosa en México. Ningún Gobierno investigó

En 2015, los cuerpos de nueve migrantes guatemaltecos fueron encontrados en una fosa clandestina en Güemez, Tamaulipas. Algunos recibieron un disparo en la cabeza. Sus familias tardaron casi cinco años en recuperarlos.
/ Source: Telemundo

SAN PEDRO PINULA, GUATEMALA.– Desde hace siete años, lo primero que hace Carolina Nájera cuando se despierta es caminar hasta un altar a la Virgen de Guadalupe, persignarse ante la imagen y prender una veladora en recuerdo de Juan Francisco Salguero, su esposo. 

Es una manera de tenerlo cerca, dice, pero sobre todo, de darle luz y tranquilidad a su alma. Carolina, de 31 años, imagina que su esposo debió de haber vivido un infierno en los momentos previos a su muerte

Juan Francisco Salguero salió de su casa en febrero de 2014 y nunca regresó a su pueblo, San Pedro Pinula, un municipio de 61,000 habitantes en el departamento de Jalapa, al sur de Guatemala. 

[Biden confirma que el límite de refugiados aumentará a 62,500 tras críticas por mantener el cupo fijado por Trump]

Tampoco lo hicieron sus compañeros de viaje, todos vecinos y, algunos de ellos, familia: Emiliano Nájera, Gustavo Nájera, José Ronaldo Morales, Maximinio Gómez, Melvin Mateo, Edgar Amilcar Arias Segura, Pedro Gómez y Silvestre Pérez. 

Los nueve guatemaltecos fueron secuestrados y asesinados a 2,200  kilómetros de allí, en Tamaulipas, México. Solo una agencia internacional de noticias informó en 2018 del hallazgo de la fosa clandestina donde encontraron sus cuerpos tres años después de ser exhumados, cuando lograron identificarlos.

La masacre había quedado enterrada en el kilómetro 35 de la carretera Victoria-Monterrey, en Güemez, Tamaulipas, cubierta por los folios de una investigación que las autoridades de México y Guatemala nunca concluyeron

Noticias Telemundo Investiga ha tenido acceso a parte de la carpeta de investigación, los informes forenses y los testimonios de los familiares de los migrantes para reconstruir los hechos en esta masacre olvidada. 

Juan Francisco Salguero, uno de los nueve migrantes originarios de San Pedro Pinula que fueron asesinados.Noticias Telemundo Investiga

Rezos en familia y 11,600 dólares 

Los nueve migrantes pagaron entre 50,000 y 90,000 quetzales cada uno (6,500 y 11,600 dólares, respectivamente) que les pidió un coyote conocido en la comunidad y el 10 de febrero de 2014 emprendieron el viaje a Estados Unidos. El coyote les dijo que el trayecto era seguro. 

[El Gobierno anuncia las primeras cuatro reunificaciones bajo el mandato de Biden de familias migrantes separadas por Trump]

Gustavo Nájera, de 35 años, iba en el grupo. “Nunca imaginamos lo que pasaría después”, dice su hermano, Benjamín.

Dos semanas antes, Gustavo había llegado emocionado a contar a la familia que tenía la posibilidad de viajar a Estados Unidos. La idea le rondaba desde hacía años pero la manutención de sus siete hijos y su montaña de deudas hacía casi imposible reunir el dinero. Hasta que dio con un “contratista” del coyote. Así llaman a quien previamente negocia con las familias el precio y la fecha de salida. 

Este intermediario les dijo que debían dejar alguna casa o terreno como garantía para cubrir el costo del viaje. La familia aceptó el trato.

“Antes de que saliera hacia Estados Unidos, vino el coyote a ver la casa y dijo que sí la aceptaba. Entonces, nosotros, para garantizar el cruce de Gustavo, le cedimos las escrituras para que se quedara la casa si no pagábamos el costo total del viaje”, recuerda Benjamín.

Salieron aquel 10 de febrero a las 4:00 am del municipio de San Luis Jilotepeque, a 18 kilómetros de distancia de San Pedro Pinula. Allí debían encontrarse con el coyote 'Marcos', quien los llevaría a México para entregarlos a otro coyote. Este último debía cruzarlos a Estados Unidos. 

Un día antes de que Gustavo saliera, se despidieron por última vez: la familia se reunió, comieron juntos, se abrazaron y rezaron para que todo saliera bien

San Pedro Pinula, municipio del departamento de Jalapa, de donde salieron los 9 migrantes guatemaltecos hacia los Estados Unidos, tiene una población de 61 mil personas, la mayoría vive en pobreza.Noticias Telemundo Investiga

“Parece que los rezos no fueron suficientes porque nunca imaginamos que sería la última vez que compartimos los alimentos con él y que yo podría ver a mi hermano a los ojos”, dice Benjamín mientras hojea el álbum de fotos de la familia.

“Tenemos que empezar a buscarlos”

[Abandonados por coyotes o masacrados por narcos en el camino a Estados Unidos: “Si te matan, ¿quién te va a reclamar?”]

Lorena Morales recuerda que, cuando era niña, jugaba con su hermano José Ronaldo, tres años menor, a ser choferes de autobuses. Todo era diversión: mientras uno simulaba ser el conductor, el otro cobraba el pasaje. Así podían pasar horas y horas. Estaban muy unidos.

Creo que jamás voy a superar su muerte. Aún creo que un día va a llegar y nos vamos a sentar en los árboles donde jugábamos cuando éramos niños”, dice Lorena Morales. Su hermano tenía 21 años cuando le vio por última vez. 

Dos días después de emprender el viaje, José Ronaldo llamó a Lorena para que depositara 6,000 quetzales (770 dólares) para el coyote. Estaban a punto de cruzar a México y, si no depositaba el dinero, lo llevarían de vuelta a Guatemala, le pidió a su hermana. 

Gustavo Nájera llamó a Martha, su madre, siete días después de su salida de Guatemala. Le dijo que el grupo estaba cerca de la frontera con Estados Unidos, en Reynosa, Tamaulipas.

Martha Nájera es madre de Gustavo Nájera, asesinado junto con otros 8 migrantes originarios de San Pedro Pinula. Gustavo dejó en la orfandad a 7 hijos.Noticias Telemundo Investiga

Esa fue la última comunicación con alguien del grupo de migrantes antes de que desaparecieran para siempre.

[Así burlan los coyotes a la Patrulla Fronteriza y esto es lo que cobran por un viaje que a veces resulta mortal]

“Dos semanas después de la última llamada, el ambiente comenzó a sentirse tenso. Las familias no volvimos a saber nada de ellos y la angustia comenzó a invadirnos”, recuerda Lorena Morales.

Carolina Nájera esperó los 20 días que su esposo le dijo que tardaría en llegar a Estados Unidos. El coyote había sido claro: nada de llevar teléfono, así que Juan Francisco salió de casa solo con una muda de ropa, otro par de zapatos y la tarjeta de identificación. 

A los 20 días, Carolina marcó el número del coyote. Al otro lado del teléfono, escuchó una voz molesta: “¿Por qué me está llamando? Todo va bien, no se preocupe”

Cuando su esposo partió, Carolina estaba embarazada de dos meses y tenía a su cargo a su hijo de entonces dos años de edad, afectado por una parálisis cerebral. El trabajo de Juan Francisco como agricultor no alcanzaba para pagar los médicos del niño, así que decidió probar suerte buscando un trabajo en Estados Unidos para enviarle dinero a su familia. 

Pasaron las semanas y padres, madres, esposas, hijos y hermanos de algunas de las nueve familias comenzaron a verse cada noche. “Tenemos que empezar a buscarlos”, decía doña Martha. Insistieron al coyote, Lorena incluso fue a su casa a preguntarle: “Intenté meter un teléfono y grabarlo pero lo descubrió y me amenazó con matarme si lo hacía”. 

Una cárcel, una bodega y un posible secuestro

El coyote insistía en que estaban bien, en que solo estaban esperando para cruzar porque la línea se había puesto difícil. 

[¿En qué se usará el dinero que se gastaba en la construcción del muro?]

Con ese argumento, los familiares resistieron algunos días más pero, ante la desesperación por tener noticias de ellos, volvieron a confrontar al coyote y, a partir de aquí, la pista de los migrantes se vuelve borrosa. 

Según la carpeta de investigación, llegaron estas pistas que debían ser investigadas y corroboradas:

  • El traficante contó a las familias que el grupo había sido detenido por policías y se encontraban en una cárcel conocida como 'La Grande' en San Fernando, Tamaulipas. 

Ese dato fue anotado pero nunca fue investigado por la entonces Procuraduría General de la República. No hay constancia de que allí exista una cárcel conocida con ese sobrenombre.

  • Semanas después, un joven del mismo grupo  contó a los familiares que después de la última llamada hecha por uno de los migrantes, todos fueron encerrados en una bodega ubicada a cinco minutos del Río Bravo. El joven explicó que él pudo llegar a Estados Unidos. Logró escapar de la bodega e irse con otro coyote. Una vez en suelo estadounidense, se comunicó con algunos familiares de los migrantes desaparecidos y les contó lo sucedido.

La PGR apunta la posibilidad de que en esa bodega fueran secuestrados por miembros del crimen organizado, pero esta información tampoco pudo ser comprobada por la Procuraduría.

  • Los investigadores tenían una pista más. Los familiares explicaron que el coyote que contrataron en Guatemala les dijo que el 18 de febrero de 2014 a las ocho de la mañana recibió una llamada de unos de los guías. Les dijo que el grupo había tomado un autobús en Guanajuato, habían pasado Lagos de Moreno, Jalisco, y habían llegado a Tamaulipas. Allí, un retén de policías judiciales o federales (así lo recoge la carpeta de investigación) les esperaban para cobrar un soborno para poder continuar el camino. Según el coyote, el chófer le dijo que en el retén, los policías bajaron a los migrantes del autobús y ordenaron al conductor que se marchara. 

Pero este relato tampoco pudo ser corroborado. Nadie sabe qué pasó en realidad. El coyote nunca fue detenido y no proporcionó más información. Es más, amenazaba a los familiares para que dejaran de preguntarle.

Ni México ni Guatemala investigaron la masacre

Los familiares acudieron a la Fiscalía de Guatemala, tres meses después de la desaparición para denunciar el caso ante el Ministerio Público pero solo les tomaron su declaración. Les aseguraron que correspondía al gobierno de México comenzar las investigaciones.

En México, a solicitud del gobierno de Guatemala, la Fiscalía de Tamaulipas y la entonces Procuraduría General de la República abrieron una carpeta de investigación. Sin embargo, durante más de un año, de 2014 a 2015, ningún gobierno avanzó en las investigaciones. 

Los niveles de pobreza en San Pedro Pinula obligan a muchos de sus habitantes a migrar hacia los Estados Unidos sin importar los riesgos del camino cuando cruzan por MéxicoNoticias Telemundo Investiga

Fue el peor año en la vida de Lorena: “Fue un mal sueño, el peor de mi vida”. Hoy, lamenta haber pagado al coyote que los guió hasta Tamaulipas. “¿Por qué pagué?”, se pregunta mientras abraza el marco de madera que guarda la foto de su hermano. Lorena cree que el coyote los entregó al crimen organizado. 

[“Abandonan a mujeres y a niños si no siguen el ritmo del grupo”: el Gobierno de Biden presenta un plan contra los coyotes]

Según un reciente informe de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), al menos 2,000 migrantes desaparecieron en territorio mexicano en 2020. El Departamento de Estado de Estados Unidos señala a Tamaulipas con el mismo nivel de peligro que países como Siria e Irak. 

Restos humanos y latas de cerveza en una fosa común

A las 10 de la mañana del 16 de febrero de 2015, una agente del Ministerio Público de Tamaulipas reportó el hallazgo de una fosa clandestina en el “Rancho el 26” del Ejido Plan de Ayala en Güemez, Tamaulipas. 

La encontró el Ejército Mexicano en un área rodeada de árboles frutales. Era una excavación de un metro de largo, 40 centímetros de ancho y 60 centímetros de profundidad. 

En el fondo se observaban huesos humanos de antebrazo y un par de manos atadas con un cinturón, además de latas de cerveza vacías y dos botellas de vidrio. 

Una de las playeras que portaba uno de los migrantes asesinados y sepultados en una fosa clandestina de Güemez, TamaulipasNoticias Telemundo Investiga
Pantalón de mezclilla de uno de los migrantes asesinados en Güemez, Tamaulipas, el cual se observa incompleto sin talla visible y estimable, debido al avanzado estado de deterioro de la prenda.Noticias Telemundo Investiga /EAAF

Los peritos comenzaron la excavación y encontraron seis siluetas humanas más. En total, se exhumaron 16 cuerpos, de los cuales, nueve pertenecían al grupo de guatemaltecos que salió el 10 de febrero de 2014 de San Pedro Pinula. 

Los peritos hallaron en la bolsa del pantalón de uno de los cuerpos una credencial emitida por el Gobierno guatemalteco a nombre de Santos Cruz Gómez Castro, habitante de El Zunzo, una comunidad pegada a San Pedro Pinula. Ese sería el hilo conductor para determinar la identidad del resto de los cuerpos.

Después de ser exhumados, permanecieron congelados en el Anfiteatro del Servicio Médico Forense en Ciudad Victoria, Tamaulipas hasta que en 2018 fueron identificados los cuerpos de los nueve vecinos de San Pedro Pinula, cuando la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho asumió la representación jurídica de los familiares.

En el proceso de identificación participó también el Equipo Argentino de Antropología Forense, el mismo que colaboró en las investigaciones sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2016.

En su informe, las peritas argentinas determinaron que los guatemaltecos fueron torturados antes de ser asesinados con arma de fuego. Algunos, con un disparo en la cabeza. Todos presentaban el mismo grado de descomposición y lesiones similares. Por eso, las forenses concluyen que fueron asesinados el mismo día y bajo circunstancias similares. 

También se encontraron los cuerpos de otros tres migrantes: Carlos Roberto Mejía Sánchez, Iris Teresa Reyes Rubí y Ramón Edgardo Vásquez Díaz.

[Aumenta a cuatro la cifra de muertos tras el naufragio de inmigrantes en las costas de California]

Los nueve migrantes que salieron juntos el mismo día de San Pedro Pinula, el 10 de febrero de 2014, también volvieron el mismo día a su pueblo cuatro años y 8 meses más tarde el 27 de octubre de 2018, pero lo hicieron en cajas de madera. 

Los ataúdes fueron sepultados en el panteón de la localidad en presencia de numerosos vecinos que acudieron al entierro conmocionados por una tragedia que acababan de conocer. Todos se preguntaban cómo, después de casi 5 años, los familiares habían logrado encontrar los cuerpos. 

Cinco matanzas de migrantes y una masacre olvidada

En mayo de 2014, uno de los ocho hermanos de Gustavo Nájera pidió ayuda a la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático, una ONG con sede en Ciudad de México, para localizar al grupo. 

“Si nosotros no hubiéramos intervenido, ninguna instancia en México habría iniciado una investigación de los hechos”, apunta Fabianne Cabaret, coordinadora del Área de Defensa Integral de la organización. 

Los familiares señalan a las autoridades de su país: “No nos han apoyado”, dice Carolina Nájera. “Guatemala anuló el proceso de tomarnos muestras de ADN y se negaba a recibir los cuerpos”, apuntala Benjamín Nájera. 

[Ella murió en México camino a la frontera. Dos años después, su familia en El Salvador todavía exige justicia]

Noticias Telemundo se puso en contacto con la embajada de Guatemala en México, pero no recibió respuesta a una solicitud de comentario. 

En el Cementerio de San Pedro Pinula es donde descansan los cuerpos de los 9 migrantes guatemaltecos asesinados en Tamaulipas, México.Noticias Telemundo Investiga

Güemez no tuvo el impacto ni la cobertura de otras masacres. Nadie habló de la fosa cuando el Ejército de México la encontró: “Estaban destinados a que nadie se acordara de ellos. En esos años, 2014- 2015, ya no se contaban las fosas, ya perdimos la cuenta. A nivel de verdad, justicia y reparación, el denominador común es la impunidad. Es la falta de esclarecimiento propiamente de cómo ocurrieron los hechos y la falta de atención y reparación a las familias, más aún siendo familias que no viven en territorio mexicano”, añade.

Un dato de la propia Secretaría de Gobernación de México lo ejemplifica: “Si se considera que el 63% de las personas migrantes que transitaron por México y que fueron devueltas por las autoridades de Estados Unidos declararon haber entrado por el estado de Tamaulipas, es posible concluir que la ruta migratoria del Golfo de México es la más usada pero es también la más riesgosa, pues tan sólo en Tamaulipas fallecieron cuatro de cada 10 personas migrantes que pasaron antes por Veracruz y Tabasco”.

La masacre de Güemez es una más de un historial de matanzas en el norte de México en la última década, principalmente en Tamaulipas:

  • En agosto de 2014 se registró la “Masacre de San Fernando”, como fue conocido el asesinato de 72 migrantes en esa localidad del estado de Tamaulipas. 58 hombres y 14 mujeres,  originarios en su mayoría de Centro y Sudamérica, fueron asesinados por la espalda y apilados los cuerpos en un terreno baldío abandonado, porque sus familiares no pagaron el dinero que les exigían para liberarlos y se negaron a ser reclutados para los Zetas, el grupo criminal al que se le atribuye las ejecuciones, según las investigaciones.
  • Al otro año, en abril de 2011, también en San Fernando, se descubrieron 193 restos de personas en 48 fosas clandestinas. Los cuerpos, la mayoría de migrantes que iban de paso hacia Estados Unidos, presentaban señales de ejecución arbitraria, del total 130 murieron como consecuencia de golpes con objetos contundentes (algunos infligidos por víctimas forzadas a hacerlo) y el ochenta por ciento de los restos presentaban huellas de tortura.
  • En 2012, durante la madrugada del 13 de mayo, el Ejército Mexicano reportó el hallazgo de 49 torsos humanos en el kilómetro 47 de la carretera Monterrey-Reynosa del municipio de Cadereyta, Nuevo León. Fueron 43 hombres y seis mujeres, de los cuales solo 10 víctimas de nacionalidad hondureña han sido identificadas las cuales se dirigían a los Estados Unidos huyendo de las difíciles condiciones económicas y de violencia.
  • La más reciente fue en enero de 2021 en Camargo, también Tamaulipas, donde 19 personas de origen guatemalteco y mexicano fueron calcinadas a 69 kilómetros de la frontera de Estados Unidos. Por este hecho, fueron detenidos 12 policías estatales por su posible participación en el asesinato de los 19 migrantes.

Ninguna de ellas se ha resuelto por completo, ni se ha llevado a los responsables ante la justicia. 

Mayrín de 6 años hija de Carolina y Juan Francisco, uno de los migrantes asesinados, juega con la foto de su papá.Noticias Telemundo Investiga

“Ya podemos ir a dejar flores en sus tumbas, pero pedimos verdad, justicia y que las autoridades mexicanas también investiguen”, exige Carolina Nájera.

En el caso de Güemez, según Cabaret, la justicia pasa por saber primero qué pasó y por qué fueron asesinados, algo casi imposible, asegura: “Es más probable que ocurra otra masacre antes de que conozcamos la verdad de las anteriores”.