El deterioro de las condiciones para unas elecciones justas en Venezuela ha sido un proceso sostenido en los últimos años y que encontró su máxima expresión en las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018, cuando tras un adelanto inconstitucional de las fechas, con los principales partidos de la oposición ilegalizados, la coacción pública del oficialismo en los centros de votación y sin observación internacional independiente resultó ganador Nicolás Maduro, cabeza del chavismo.
Más de 50 países del mundo calificaron el proceso como fraudulento y aún hoy rechazan los resultados, lo que no ha impedido la consolidación del chavismo en el poder y sus intentos por mantenerlo a toda costa. El último de ellos ocurrió esta última semana a través de tres decisiones tomadas, con apenas horas de diferencia, por la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del país, teóricamente el máximo exponente del poder judicial venezolano.
La primera ocurrió el viernes 12 de junio y fue la selección directa, por parte del TSJ, de los cinco rectores que conforman la directiva del Consejo Nacional Electoral venezolano, un proceso que según la Constitución y las leyes del país le corresponde a la Asamblea Nacional tras una metodología de postulaciones, consensos y revisiones.
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Entre los nuevos rectores destacan dos magistradas en ejercicio del propio TSJ, Indira Alfonzo y Gladys Gutiérrez, quienes prácticamente firmaron su traspaso desde el ente judicial al organismo electoral y han legitimado en el pasado una serie de decisiones, cuestionables en lo jurídico pero que han apuntalado el poder del oficialismo, como la decisión de declarar en “desacato” —y prácticamente inhabilitar— a la Asamblea Nacional que resultó electa y con mayoría opositora en diciembre de 2015.
Otra de las nuevas rectoras principales es Tania D’Amelio, antigua suplente en el organismo electoral, también de abierta filiación a las filas del gobierno de Maduro y una de las organizadoras de las presidenciales de 2018 en las que resultó ganador. Solo la elección de dos nuevos rectores, Luis Gutiérrez y Rafael Jiménez, habrían sido parte de una cuota neutral.
Partidos repartidos
La oposición no terminaba de encajar este primer zarpazo del TSJ cuando luego, entre el 16 y 17 de junio, la misma sala constitucional decidió la suspensión en sus cargos de las direcciones de los partidos de oposición Acción Democrática (AD) y Primero Justicia (PJ) y ordenó el tutelaje de estas organizaciones a personalidades políticas que dicen ser opositoras pero que hoy parecen jugar en el tablero del chavismo. El máximo tribunal entregó la dirección del partido AD a Bernabé Gutiérrez, hermano del nuevo rector electoral, una movida que pocos se atreven a calificar como una casualidad.
Por su parte, la dirección de PJ le fue confiada al diputado recientemente expulsado por ese partido político, José Brito, quien junto a otros —como Luis Parra y Conrado Pérez— encabezó una revuelta contra Juan Guaidó, actual presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado del país reconocido por Estados Unidos, para deponerlo de la presidencia parlamentaria. PJ ya había sido ilegalizado como partido político en 2018 y sus principales líderes, entre los que destaca Julio Borges y Tomás Guanipa, se encuentran en el exilio.
Tanto los nuevos encargados de AD y PJ podrán utilizar los colores y símbolos de estos partidos políticos en lo que representa la verdadera razón que impulsó estas decisiones del TSJ: las elecciones parlamentarias que, según el calendario constitucional venezolano, deben llevarse a cabo en diciembre de este año.
Ese es el trasfondo de estos reacomodos ordenados por el máximo tribunal y que terminan por configurar un escenario en el que el chavismo tendrá unas elecciones a su medida, donde nuevamente no habrá una participación real de los partidos opositores y autoridades electorales recién electas tan abiertamente pro chavistas como las anteriores, el caldo de cultivo perfecto para desalentar el voto opositor y con el que el oficialismo espera volver a controlar la mayoría del parlamento venezolano.
Maduro, impertérrito en su discurso, insiste en teñir de normalidad todas estas jugadas. “Se están dando garantías extraordinarias para la participación de todos. Bienvenidos, vamos al juego electoral y que gane el que tenga que ganar”, afirmó esta semana en la que, a la fuerza y en medio de la pandemia, inclinó la balanza política a su favor.
Calle ciega
Sin mayores alternativas sobre la mesa más allá de las sanciones económicas contra el régimen venezolano y sus jerarcas, el Secretario de Estado Mike Pompeo ha señalado que las últimas decisiones del poder judicial oficialista “alejan aún más a Venezuela de una transición democrática”.
La Unión Europea y el Grupo de Lima también rechazaron el último reacomodo oficialista del panorama político venezolano, pero hasta ahora no se perfila una hoja de ruta política que pueda producir un cambio de gobierno, en medio de un liderazgo opositor profundamente fracturado, donde Juan Guaidó ha quedado especialmente neutralizado tras el desmantelamiento de la rocambolesca Operación Gedeón, ocurrida hace unos meses, donde algunos grupos de mercenarios supuestamente organizados para deponer a Maduro fueron rápidamente detenidos.
En el recrudecimiento de los efectos de la pandemia de Covid-19, Maduro ha encontrado la excusa perfecta para gestionar decisiones y recursos que parecen reforzar su poder político en uno de los contextos más adversos que atraviesa país alguno, con más de cinco millones de venezolanos migrantes, una hiperinflación desbordada apenas contenida por una dolarización de facto. Hasta ahora, la detención en Cabo Verde de Alex Saab, uno de sus operadores económicos más importantes, parece ser la única mala noticia que realmente le importa.
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