CIUDAD DE MÉXICO.- Es uno de los militares más poderosos en México, y en Estados Unidos estaba hasta este miércoles acusado de colaborar con y de proteger a narcotraficantes cuando era secretario mexicano de Defensa.
Ahora está en libertad, y la justicia mexicana enfrenta quizá su mayor desafío hasta la fecha: mostrar que, pese a un historial de casos irresueltos y no castigados, sí es capaz de actuar ante delitos graves cuando pesan contra un exfuncionario de muy alto nivel. O de siquiera tener una denuncia.
En tan solo un mes, Salvador Cienfuegos pasó de ser arrestado sin posibilidad de fianza, pendiente de juicio en Nueva York acusado de haber aceptado sobornos de narcos para ayudarlos a traficar drogas, a quedar libre hoy cuando las autoridades estadounidenses pidieron eliminar esa acusación formal, a partir de una presión sin precedentes del Gobierno mexicano. Según reportes, la presión se ejerció con amenazas de expulsar a la Administración de Control de Drogas (DEA, en inglés), un recurso que no se había usado para ningún otro mexicano siendo enjuiciado en territorio estadounidense.
“Es un hecho inédito”, celebró el miércoles el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, apodado AMLO, refiriéndose a que el Gobierno estadounidense acordara retirar los cargos tras la muy inusual presión de parte del Gobierno de México.
En este país se expresaron sospechas de que se hubiera ofrecido un “pacto de impunidad” para el militar.
López Obrador dijo que no es así, aunque también dio indicios de que, ahora que Cienfuegos es libre y estará de regreso en México, bien pudiera evitar una investigación o acusación penal ahí, porque según AMLO “está de por medio el prestigio de una institución fundamental para el Estado mexicano”, como son las fuerzas armadas a las que AMLO ha confiado su política de seguridad y hasta responsabilidades nuevas como la revisión de puertos.
Cómo fue la negociación para la libertad
A decir del canciller Marcelo Ebrard, el acuerdo para la liberación se dio después de que los mexicanos disputaron que no les hubieran informado de que la investigación existía, y después de que se argumentara que el caso debía ser juzgado en territorio mexicano pues los presuntos delitos del general sucedieron sobre todo ahí.
Ese argumento no se había hecho oficialmente en las decenas de casos previos contra gobernadores, exministros o capos del narcotráfico de nacionalidad mexicana que fueron enjuiciados del otro lado de la frontera.
“Eso siento que nos da una prueba más del poder y del alcance que tiene la fuerza militar en este país: ¿por qué no había pasado esto con ninguna de las otras detenciones? Como la del exministro Genaro García Luna, o de Édgar Veytia... la lista es muy larga”, señaló en una conferencia Renata Demichelis, investigadora en derechos humanos.
El Departamento de Justicia dirigido por William Barr pidió retirar el martes la acusación contra Cienfuegos por “consideraciones sensibles e importantes de política exterior”, según los documentos judiciales, pese a que la política exteriorno entra en juego frecuentemente en este tipo de investigaciones.
Ebrard sugirió este miércoles que entre esas consideraciones estuvo un aparente quid pro quo, del condicionamiento por México de la cooperación y lucha bilaterales contra el crimen –“se volvería muy difícil por no decir imposible”, dijo–; y el canciller aseguró que el retiro de cargos respondía a que hay confianza desde la justicia estadounidense en las autoridades mexicanas para investigar los delitos graves que pesaban sobre Cienfuegos.
Esa supuesta confianza no parecía existir sin embargo hace apenas unos meses, cuando fiscales estadounidenses dedicaron casi un año a investigar a Cienfuegos, ni cuando armaron un expediente con cientos de páginas de evidencia, ni cuando solicitaron el arresto del general, todo ello sin informarle nada al Gobierno mexicano.
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En la acusación, ahora descartada, se decía que Cienfuegos no solamente había aceptado sobornos de narcotraficantes para protegerlos y ayudarlos, sino que había reclutado a políticos y funcionarios para que también recibieran pagos, por lo que se sospechaba de una red con muchas personas poderosas en México en la cual el general era supuestamente apodado ‘El Padrino’.
En Estados Unidos incluso se le negó la fianza cuando todavía enfrentaba cargos con el argumento de que fácilmente podía huir a México y ser escondido o apoyado por algunas de esas autoridades que presuntamente también recibieron sobornos de los cárteles.
Ahora regresará a México en libertad y con sus bienes de hasta 15 millones de pesos (unos 750,000 dólares) intactos y accesibles.
El acuerdo respecto al caso dice que Cienfuegos será “investigado y, en su caso, procesado” en territorio mexicano, a partir de que la Fiscalía General de la República revise las casi 800 páginas de evidencia recopiladas por investigadores estadounidenses que estos enviaron a México el 11 de noviembre.
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“No hubo una solicitud de extradición porque se necesita una orden de aprehensión y en México no hay, hoy, una orden” de arresto, dijo el canciller Ebrard. “Toda la investigación se limita a la evidencia que nos mandó el Gobierno de Estados Unidos”, agregó.
Así que todo dependerá de en cuánto tiempo avancen las diligencias de esa investigación de la Fiscalía mexicana; de si se aceptan las pruebas que juntaron los procuradores estadounidenses (algunas son de comunicaciones interceptadas, por ejemplo, que no siempre son aceptadas ante tribunales mexicanos); de si la investigación avanza de ser una carpeta a ser un caso propiamente en el sistema mexicano; de si ese caso se queda en el sistema penal para civiles o se termina moviendo a cortes militares, que son todavía más opacas en su actuación, por ser Cienfuegos un general; y de si siquiera, al final de todo eso, se pide arrestar al exministro de Defensa y detenerlo ahora en territorio mexicano.
México permite además ampararse contra el arresto por diversas circunstancias.
“Han cambiado las cosas en México, hay cambios”, declaró este miércoles López Obrador, “el que se siga pensando de que los procedimientos penales y las autoridades del extranjero son más confiables y mejores que las autoridades de México, ya no corresponde con la nueva realidad”.
Pero las cifras oficiales de México dan otra impresión.
El sistema de justicia mexicano lleva años languideciendo por falta de recursos y de capacitación, lo que ha agravado la impunidad a tasas de entre 95% y 98%: es decir, solo entre 2% y el 5% de los delitos reportados son resueltos o terminan en condena, y 9 de cada 10 crímenes ni siquiera son registrados ante fiscalías por desconfianza en las autoridades, según estadísticas oficiales y estudios de Transparencia Internacional.
En los últimos años en las cortes mexicanas solamente ha habido dos casos que resultaran en sentencia de personas acusadas por delincuencia organizada, según la investigadora Daniela Malpica.
“Habrá que ver si sí se arma un caso contra Cienfuegos, pero también estar pendientes de si ese caso no termina siendo uno tan débil o mal argumentado que no va a sostenerse”, dijo en una conferencia la politóloga María José Urzúa.
López Obrador, por su parte, dijo: “Desde luego nos interesó este asunto porque pues no es solo la situación del general Cienfuegos […] No podemos nosotros permitir sin elementos que se socave a nuestras instituciones fundamentales”.
Los elementos en contra de Cienfuegos son cientos de páginas de evidencia de que el hombre que estaba a cargo de todas las Fuerzas Armadas, a cargo de combatir al narcotráfico, habría colaborado con los narcotraficantes.
Los fiscales estadounidenses estaban suficientemente confiados en todas las pruebas como para iniciar un juicio y sugerir en documentos oficiales que Cienfuegos no era el único militar mexicano presuntamente corrupto.
Además, las acusaciones en Estados Unidos no son las primeras en que Cienfuegos es señalado por pesuntos delitos: cuando dirigía las Fuerzas Armadas, los militares a su mando estuvieron implicados en casos graves de masacres y de desaparición forzada, por ejemplo.
“La motivación del Gobierno de México de aventarse una negociación así es, si somos optimistas, porque hay un genuino interés de que un caso muy crucial sea resuelto aquí”, dijo Urzúa, “pero hay que tomar también la visión pesimista de que todo esto tal vez sea para escudar y lograr eximir a Cienfuegos o a otros militares que posiblemente estén coludidos con el crimen organizado”.