Después de trabajar para liberar al exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos tal que este evitó un juicio por narcotráfico en Estados Unidos, México ahora parece buscar lo mismo para el exministro de Seguridad Pública Genaro García Luna.
La fiscalía mexicana emitió una orden de arresto contra García Luna y está "valorando la viabilidad de iniciar un proceso de extradición a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores”, según reportes de la agencia Associated Press y de medios locales.
García Luna actualmente enfrenta un juicio en Nueva York por delitos relacionados con el narcotráfico y de presuntamente proteger al Cártel de Sinaloa.
Los cargos que enfrentaría el exsecretario serían mucho menores en México.
Se indica que la Fiscalía General de la República (FGR) le acusará de enriquecimiento ilícito por casi 28 millones de pesos, más de 1.3 millones de dólares, que supuestamente utilizó para la compra de bienes inmuebles en territorio mexicano.
"El motivo por el que García Luna virtualmente sería extraditado es menos grave", dijo a Noticias Telemundo el experto en seguridad nacional Víctor Hernández.
[Lo que le espera al general Cienfuegos en México tras evitar cargos de narcotráfico en EE.UU.]
García Luna, de 52 años, fue secretario de Seguridad Pública desde finales de 2006 a 2012 en el Gobierno del expresidente Felipe Calderón y era uno de los hombres clave en la llamada "guerra contra el narco" que se inició durante ese sexenio. Fue arrestado en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, y actualmente está preso en Nueva York.
El poderoso mexicano, que estuvo durante varios años a cargo de toda la política de combate a la delincuencia organizada, podría enfrentar a una pena mínima de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua si su juicio se queda en Nueva York en vez de que sea extraditado a México.
En octubre, García Luna se declaró no culpable de los cinco cargos ante el juez Brian Cogan, de la Corte del Distrito Este de Nueva York y que también enjuició a Joaquín El Chapo Guzmán.
Diferentes reacciones del presidente mexicano
García Luna era el exfuncionario mexicano de más alto cargo capturado en Estados Unidos hasta la detención en octubre del general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien fue arrestado en California sin que se supiera que había una orden de detención en su contra. Fue un hecho totalmente inesperado que el Gobierno mexicano dijo le indignó porque las autoridades estadounidenses no les habían informado al respecto.
El actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador o AMLO, ha señalado el arresto de García Luna en Estados Unidos como muestra de que los gobiernos previos fueron supuestamente corrompidos por el crimen organizado.
Sin embargo, el presidente López Obrador ha puesto varias veces en duda la validez de las pruebas en el caso de Cienfuegos, que habría ayudado al narco mientras fue jefe de las Fuerzas Armadas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (predecesor de AMLO).
El Gobierno de López Obrador, que primero prometió revertir la militarización de la seguridad en México, le ha dado muchas más y nuevas responsabilidades a las Fuerzas Armadas en los dos años que lleva al cargo.
Cienfuegos de 72 años, fue imputado en secreto por un jurado investigador federal en 2019 en Nueva York de garantizar cuando fue secretario de la Defensa, de 2012 a 2018, que el Ejército no actuara contra el cártel H-2 en México para que este pudiera traficar miles de kilos de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana.
Sin embargo, México, como consideró que el que Estados Unidos no les hubiera informado de la investigación contra Cienfuegos era una presunta violación de acuerdos bilaterales, inició una fuerte e inédita presión diplomática (amenazando incluso con revisar toda la cooperación en materia de seguridad) hasta que consiguió que Estados Unidos retirara los cargos contra el militar para que el general regresara al país como un hombre libre.
Supuestamente Cienfuegos todavía será investigado en territorio mexicano a partir de las pruebas que fiscales estadounidenses recabaron durante años, pero hasta el momento no enfrenta cargo alguno en su país natal a pesar de la gravedad de las acusaciones que pesaban en su contra del otro lado de la frontera.
Al día siguiente de que el general regresó al país, el canciller Marcelo Ebrard sugirió que México no quiere que sus servidores públicos acusados de corrupción sean enjuiciados en Estados Unidos como ha sucedido desde hace muchos años; en territorio mexicano esos funcionarios no son siquiera acusados o terminan por librar un juicio porque pueden ampararse contra cualquier arresto.
Sin embargo, exsecretario de Seguridad era residente en Estados Unidos (García Luna tenía incluso varios negocios y propiedades en Miami, Florida).
En la corte neoyorquina, García Luna está acusado de recibir enormes cantidades de dinero por parte del Cártel de Sinaloa a cambio de permitir que éste traficara droga a sus anchas; así como de pertenencia a una empresa delictiva, con agravantes por tráfico de cocaína. También se le acusa de asociación delictiva para obtener, distribuir e importar cocaína y de haber mentido en el 2018 a las autoridades fronterizas estadounidenses al decir que jamás había cometido un crimen.
La fiscalía en Nueva York dice tener más de 189,000 páginas de pruebas contra el exsecretario de Seguridad, y varias veces pidió que no se le extendiera la posibilidad de fianza porque, según las autoridades, García Luna fácilmente “podría organizar su huida a México y quedarse escondido allí” protegido por otros funcionarios supuestamente corruptos.
¿Un destino parecido al de Cienfuegos?
El Gobierno estadounidense ha dicho que espera que el juicio contra García Luna, cuya próxima audiencia está prevista para el 7 de diciembre, dure de dos a tres meses.
Si México decide iniciar finalmente los trámites para la extradición, ese proceso podría llevar meses, sobre todo si el implicado apela.
No está claro si el objetivo sería que García Luna termine en México antes de que pueda ser sentenciado en Estados Unidos o si, como ha ocurrido en el pasado, las autoridades mexicanas lo extraditarían hasta después de que cumpliera una eventual condena en Estados Unidos.
[Muere de COVID-19 José Manuel Mireles, exlíder de las autodefensas de Michoacán]
En el caso de Cienfuegos justamente hay fuertes críticas, porque expertos consideran que México no enjuiciará al militar, sobre todo tomando en cuenta que el Gobierno de AMLO le ha dado cada vez más poderes a las Fuerzas Armadas que Cienfuegos antes lideraba (y donde todavía hay altos mandos que sirvieron al lado de ese exsecretario).
Además, en México la impunidad es altísima: más del 90% de los delitos acusados nunca terminan en juicio ni en sentencia, según datos oficiales y análisis de organizaciones como Transparencia Internacional.
Aunque el canciller Ebrard ha dicho que no conviene que haya impunidad en un caso tan público.
“Sería muy costoso para México haber optado por tener esta conversación con Estados Unidos -lograr que se desestime por primera vez en la historia los cargos contra un exsecretario, en este caso de la Defensa, que sea retornado a México- y luego no hacer nada”, señaló Ebrard a mediados de noviembre. “Eso sería casi suicida”.